La sobresaturación de las Fiscalías Anticorrupción

Las fiscalías anticorrupción estatales continúan operando bajo condiciones muy precarias, lo que está generando que presenten signos de sobresaturación. Los casos más extremos son los de Colima, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Las fiscalías anticorrupción estatales en el país ya están presentando signos de sobresaturación debido a los limitados recursos que están recibiendo por parte de los gobiernos de las entidades para sostener su operación, según lo diagnostica el informe “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción” en su Segunda Edición.

Las organizaciones que elaboraron el reporte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, destacan que las fiscalías anticorrupción representan un eslabón fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, pues están encargadas de la persecución criminal de los delitos de corrupción.

Sin embargo, en los hechos los gobiernos de las entidades federativas mantienen a sus fiscalías anticorrupción operando en condiciones precarias, a tal grado que los resultados de este diagnóstico sobre dichas instituciones fueron calificados como “preocupantes y desalentadores” por las organizaciones.

”Aunque las fiscalías anticorrupción son un eje central del entramado institucional que conforma los sistemas locales anticorrupción, las entidades federativas no han logrado consolidarlas para que puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar penalmente a las y los responsables de cualquier hecho de corrupción”.

Una de las principales problemáticas que detectó el informe es que las fiscalías anticorrupción carecen del personal suficiente para desarrollar sus tareas de manera óptima

De esta forma, las entidades federativas donde se identificó la mayor sobresaturación de los agentes del Ministerio Público (MP) anticorrupción, al desahogar cada uno, en promedio, más de 100 investigaciones, son: Colima, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.

En contraparte, los tres estados que resultaron mejor evaluados en este indicador, por contar con agentes del MP que encabezan en un promedio individual, menos de 10 investigaciones sobre hechos de corrupción, son: Guerrero, Sinaloa y Yucatán.

Desde una perspectiva nacional, el informe expone que entre los años 2020 y 2022, 11 estados disminuyeron la carga de trabajo de los agentes del MP en las fiscalías anticorrupción, mientras que en ocho se registró un aumentó.

Las organizaciones encontraron, además, que hubo múltiples variaciones en las plantillas de los agentes del MP que están concentrados en estas labores anticorrupción, en algunos casos para fortalecerlas con un mayor número de integrantes, mientras que en otros los cambios se dieron para disminuir el tamaño de este personal.

“Los datos muestran que Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas reportan tener el mismo número de Ministerios Públicos desde el 2020. Por otro lado, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas disminuyeron el número de Ministerios Públicos de la FA desde el 2020. En tenden cia opuesta, únicamente Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Yucatán aumentaron el número de Ministerios Públicos de la FA desde 2020”.

Policías de investigación

El informe “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción”, en su Segunda Edición, también analiza la carga de trabajo que están teniendo los policías de investigación que están integrados en estas áreas de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Los resultados obtenidos muestran que las entidades federativas donde se está presentando la mayor sobresaturación de los policías de investigación con labores anticorrupción, son: Campeche, Colima, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas, pues en estas los policías están desarrollando, en un promedio individual, más de 100 investigaciones de esta naturaleza.

Por el contrario, los estados con las condiciones más distendidas para los policías de investigación de las fiscalías anticorrupción, son: Guerrero, Querétaro y Sinaloa, pues en estos los elementos policiales deben implementar, de acuerdo con un promedio individual, menos de 10 investigaciones por hechos de corrupción.

El documento señala que entre los años 2020 y 2022, hubo seis fiscalías anticorrupción que disminuyeron la carga de trabajo de sus policías: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala; mientras que en otras seis se presentó un aumento: Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca.

Las plantillas de los policías de investigación con funciones anticorrupción tampoco han estado estáticas durante los últimos años, de acuerdo con los hallazgos del informe.

“Mientras que Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala conservaron el mismo número de policías desde 2020, Chihuahua, Durango y Michoacán aumentaron el número de policías de las FA. En sentido contrario, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora son las entidades que disminuyeron el número de policías desde el 2020”.

Autonomía y eficacia de fiscalías anticorrupción

El informe clasifica a las entidades de Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas como estados sin fiscalía anticorrupción autónoma.

”Con los resultados obtenidos, es posible afirmar que en 11 fiscalías anticorrupción el nombramiento del titular no es autónomo, lo que implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad en tanto la persecución de los delitos depende directamente del fiscal del estado”.

En materia de eficacia, las tres fiscalías anticorrupción con los mejores resultados en el 2022, tomando por indicador la proporción de sus investigaciones que fueron judicializadas, son las siguientes: en primer lugar, Querétaro, con 26 por ciento; en segundo lugar, Tlaxcala con 23 por ciento y en tercero, Guanajuato con 17 por ciento.

Finalmente, sólo nueve fiscalías anticorrupción reportaron la obtención de sentencias condenatorias como resultado de sus indagatorias: Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas.

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