La ruta de escape

El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval ha colocado allegados y funcionarios de su gobierno en el Poder Legislativo y Judicial local, lo que le permitirá contar con aliados en esos ámbitos ahora que está por enfrentar el fin de su mandato

[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_2htdgado” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] El mandatario de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se ha encargado de reforzar su influencia política en los poderes Legislativo y Judicial en la recta final de su gestión, por lo que tendrá en ellos aliados firmes que le cuiden las espaldas ahora que está por enfrentar el final de su gobierno.

En diciembre le entregará la estafeta a Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, lo que hará que el priista pierda su autoridad a nivel ejecutivo, pero no sobre esos otros dos poderes, lo que puede serle útil ante la andanada de auditorías y pesquisas que se esperan sobre su sexenio

El arribo de personajes del primer círculo del gobernador a instancias judiciales clave como el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura se ha concretado de forma gradual, discreta pero continua, asegurando que los dictados de Sandoval Díaz se sigan escuchando en su seno aún bajo un gobierno que ya no será el suyo.

Lo mismo sucederá en el Congreso de Jalisco durante la próxima Legislatura con una bancada del PRI que presenta desde ahora fuertes nexos con el grupo político de Sandoval Díaz, y lo cual también le significará a este contar con ojos, oídos y voces legislativas en su defensa, al menos durante la primera mitad del próximo sexenio.

A esta estructuración que han presentado distintos ámbitos públicos para dar cabida a actores cercanos al gobernador debe sumarse la reciente asignación de múltiples notarías públicas para funcionarios que eran subalternos del mandatario.

Diputados escuderos

En el Congreso de Jalisco la defensa de los intereses del gobernador Aristóteles Sandoval sin duda será encabezada por quien ha sido nombrada coordinadora de la futura bancada priista, Mariana Fernández Ramírez, una política perteneciente al grupo más cercano al mandatario.

Fernández Ramírez ya se desempeñó antes como vocera del propio Sandoval Díaz durante la contienda de 2012 donde resultó vencedor, luego ya como gobernador, este le entregó la titularidad del Instituto Jalisciense de las Mujeres en el arranque del sexenio.

Con el respaldo de Sandoval Díaz, Fernández Ramírez ha retenido la Secretaría General del PRI estatal durante las gestiones de tres dirigentes distintos: la de José Socorro Velázquez Hernández; la de Héctor Pizano Ramos –reconvertido ahora en devoto alfarista-; y la de Ramiro Hernández García.

Inclusive, ha trascendido que la designación de Fernández Ramírez como lideresa de la bancada del PRI en la Legislatura siguiente, fue una imposición de Sandoval Díaz sobre la dirigencia estatal de ese partido hoy en manos de Hernández García

Por si ello no bastara, el 30 de septiembre sorprendió la determinación del Tribunal Electoral estatal para retirarle una diputación plurinominal al PAN y cedérsela al PRI, lo que coincidentemente posibilitaba el ingreso de quien fuera nada menos que secretario privado de Sandoval Díaz, Manuel Alfaro Lozano.

El 16 de octubre esa determinación del Tribunal local fue revertida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (retirándole dicha diputación al PRI, otra a Morena, para dárselas al PAN), pero se espera que esta disputa legal por los escaños aún tenga nuevos capítulos.

Invasión judicial

La intervención del mandatario, Sandoval Díaz, sobre el Poder Judicial comenzó a hacerse evidente desde el 2016, cuando uno de sus amigos cercanos, Pedro de Alba Letipichía, obtuvo un lugar como consejero del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y de supervisión del ámbito judicial.

De Alba Letipichía, quien fue parte del equipo de trabajo de Sandoval Díaz durante la alcaldía de éste en Guadalajara (2010-2012), fue nombrado el 22 de septiembre de 2016 por el Congreso estatal como nuevo integrante del Consejo de la Judicatura.

El día que el Congreso eligió de Alba Letipichía pese a sus vínculos con el gobernador, el diputado Pedro Kumamoto Aguilar advirtió la problemática que se gestaba con esa designación: “Si bien es cierto que tenía un buen plan de trabajo, también es cierto que la independencia o la autonomía de este consejero se ve mermada”.

Un año después, el 28 de Septiembre de 2017, vendría una nueva embestida contra el Poder Judicial: el Congreso nombró magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a Carlos Trejo Herrera, quien saltó del gabinete del gobernador a ese nuevo cargo, pues fungía como procurador social del Estado.

El 17 de octubre pasado volvió a repetirse la dosis con la designación de otra integrante del gabinete de Sandoval Díaz como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia: es el caso de Consuelo del Rosario González Jiménez, quien encabezaba la Procuraduría Social.

También en 2017 se dieron otros dos nombramientos en el Supremo Tribunal que favorecieron claramente la ascendencia del gobernador sobre esa institución: la magistratura para su tío político, Gonzalo Julián Rosa Hernández, del 11 de septiembre; y la ratificación como magistrado de su padre, Leonel Sandoval Figueroa, del 3 de agosto.

Esto sin obviar que en ciertos círculos se le considera también cercano al gobernador al actual presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro Esteves, quien asumió el cargo desde 2016.

Notarios en la bolsa

La influencia de Sandoval Díaz también persistirá en el ámbito de los notarios públicos del Estado, luego de que en julio pasado se determinaran como beneficiarios de estos nombramientos a tres subalternos del gobernador.

Entre las notarías públicas asignadas tres fueron para los siguientes allegados al gobernador y quienes fungían en los puestos del Gobierno estatal que se señalan a continuación: Luis Gerardo Sandoval Fernández, director de Mejora Regulatoria, además de ser primo del gobernador; Carlos Márquez Rico, director del Registro Público de la Propiedad; y Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Al menos tres notarías públicas fueron asignadas a personas cercanas a Aristóteles Sandoval que fungían en puestos de gobierno estatal
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