Contrario a lo que ha afirmado el Gobierno de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) asevera que no tiene ninguna investigación abierta por la redada del 5 de junio de 2020, cuando agentes ministeriales del estado desaparecieron transitoriamente a decenas de jóvenes manifestantes.

Aquel día, la Fiscalía de Jalisco que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez desplegó un operativo para detener ilegalmente a cerca de 50 jóvenes manifestantes que pretendían manifestarse a las afueras de esa institución por la muerte de Giovanni López, en actos que fueron clasificados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) como desapariciones forzadas.

Tras los hechos, el propio fiscal del estado aseguró que la investigación del caso había sido atraída por la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero.


El día de ayer estuve en la Ciudad de México en las oficinas del fiscal general de la República, el objetivo fue solicitarle oficialmente que pudieran ejercer la facultad de atracción respecto de la carpeta de investigación iniciada el viernes pasado en relación con los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse aquí a las instalaciones de la Fiscalía

Gerardo Octavio Solís Gómez

Fiscal estatal (10 de junio de 2020)

Y agregó que “derivado de esta plática y previo análisis del expediente que se puso a su consideración, quiero informarles que el día de hoy entre 2:00 y 3:00 de la tarde el expediente ya fue formalmente y oficialmente recibido, y a partir del día de hoy la competencia la ejerce exclusivamente la FGR”.

Sin embargo, esta versión del funcionario no fue confirmada por la Fiscalía General, dependencia a la cual se le solicitó vía transparencia que rindiera cuentas sobre los avances con respecto al “caso de las presuntas desapariciones forzadas y/o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020 en los alrededores de esa dependencia estatal, y que de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco fue atraído por la FGR”.

En específico, lo que se le pidió informar a la dependencia federal fue “si es cierto o no que la FGR atrajo e investiga este caso y, de ser cierto, se me informe: a) Fecha de atracción; b) Qué área específica lleva el caso; c) Claves de carpeta de investigación abiertas y por cada una se precise: fecha de apertura, qué delitos se indagan, estatus actual de la carpeta de investigación; d) Cantidad de detenidos”.

La respuesta de la FGR fue: “Su solicitud fue turnada para su atención a las unidades administrativas competentes, las cuales fueron coincidentes en manifestar que no se encontraron registros de carpetas de investigación iniciadas, por la atracción sobre el caso de las presuntas desapariciones forzadas y/o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020″, según el folio 0001700974120, del 12 de noviembre de 2020.

Versiones encontradas

La aseveración que hace la FGR en el sentido de que no tiene carpetas de investigación en curso por la redada contra jóvenes manifestantes del 5 de junio de 2020 también se contrapone con la versión que había ofrecido la fiscal Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, Jacqueline Trujillo Cuevas, el 15 de junio siguiente.

Ese día, la funcionaria reveló que ella misma inició de inmediato una investigación contra los policías ministeriales que cometieron las desapariciones transitorias de los jóvenes, y que fue este expediente el que se había turnado a la FGR.

“En específico la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas iniciamos aquí en Jalisco una investigación de oficio, la adelantamos o la avanzamos lo más que pudimos, pero ahorita ya es competencia de la Federación, por lo tanto yo ya no podría hablar del tema porque ya no forma parte de mi competencia, pero en su momento se atendió”.

Y agregó: “Lo que sí puedo decir es que esa investigación (…) fue atraída por la Federación, por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada con sede en México, que depende de la FGR“.

La disculpa por agresión a manifestantes

La gravedad de lo ocurrido aquel 5 de junio orilló inclusive al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a ofrecer disculpas ante la sociedad, y terminó por costarle el puesto al coordinador General de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, el 7 de julio.

“Me dirijo hoy al pueblo de Jalisco por varias razones, pero una muy en específico, la más importante, para ofrecer una disculpa a nombre del Gobierno del estado y a título personal (…) por los hechos acontecidos el día de ayer afuera de la Fiscalía del estado, en donde jóvenes fueron agredidos por policías ministeriales al estar expresando de manera libre sus ideas”.

El mismo 6 de junio el gobernador sugirió que su Fiscalía, en realidad, estaría a las órdenes del crimen organizado: “¿Quién dio la orden y quién dio esta instrucción? Evidentemente no fue el fiscal del estado, tenemos certeza de eso, lo que tenemos también es la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia”.


El gobierno estatal dijo que las investigaciones relacionadas con los manifestantes fueron atraídas por la FGR, lo que niega la institución autónoma

Los jóvenes manifestantes que publicaron sus testimonios señalaron que fueron golpeados por los agentes de la Fiscalía, recibieron descargas eléctricas, y mientras estuvieron en sus manos recibieron amenazas como: “Nadie sabe que están aquí”; “Los vamos a desaparecer, cabrones”; “Los vamos a entregar al cártel”; luego, al abandonarlos en las orillas de la ciudad, les decían: “Bájense hijos de su puta madre, tienen 10 segundos para correr por su vida, putos, quien voltee hacia atrás lo matamos”.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, que carece de autonomía constitucional –al igual que la Fiscalía del estado-, dio el 16 de diciembre pasado un reporte sobre su indagatoria de los acontecimientos del 5 de junio.

“Se tienen abiertas cuatro carpetas de investigación, hasta el momento se han identificado a nueve mandos y elementos de la Policía Investigadora que participaron en los hechos, de los cuales uno permanece en prisión preventiva, otro obtuvo suspensión provisional del proceso, cuatro están vinculados y fueron separados de sus cargos, y otros tres fueron presentados ante el juez y se espera llevarlos de nuevo para que sean vinculados (a proceso)”, explicó.

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