El Ayuntamiento de Puerto Vallarta debe emprender una investigación exhaustiva al interior de su policía municipal para esclarecer si su exdirector de Recursos Humanos, Luis Alonso “N”, detenido por abuso sexual infantil en perjuicio de una niña, contaba con una red de protección desde la propia corporación.

Así lo exigen grupos feministas como el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, que han advertido la posibilidad de que el exfuncionario pudiera haber tenido vínculos con redes de trata de personas y explotación sexual infantil.

Las organizaciones le solicitaron al gobierno del alcalde Arturo Dávalos Peña, de Movimiento Ciudadano, un informe realizado por la contraloría local respecto a la investigación de la conducta de dicho funcionario “para conocer y determinar si actuaba solo o de manera protegida por otros compañeros/as, así como si existían elementos que den luz a denuncias o quejas anteriores de él”.

La posibilidad de que el extitular estuviera relacionado con estructuras de trata de personas, una actividad delictiva que hace sobresalir a ese destino turístico a nivel nacional, fue abordada incluso por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, el 17 de agosto.

Ese día, Nieto Castillo dio a conocer que había congelado las cuentas bancarias del exfuncionario de Vallarta y del juez que se negó a vincularlo a proceso por el delito de corrupción de menores –ya había sido vinculado por abuso sexual infantil, por lo que sigue preso-.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció este 18 de agosto al pedir “que se castigue a los responsables, que no haya impunidad y que se proteja a las mujeres de agresiones y de violaciones”.

Por ser un foco rojo en materia de trata y explotación sexual infantil, los grupos feministas piden que la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta cuente con la Dirección de Delitos contra Mujeres en Razón La red del tratante de Género y Trata de Personas.

Mientras que al Gobierno municipal también le exigieron que instale el Comité Interinstitucional para la Prevención del Delito de Trata de Personas.

Fallas institucionales en investigación por abuso sexual infantil

El extitular de Recursos Humanos de la Policía vallartense fue detenido el 26 de julio pasado, tras ser sorprendido por oficiales con una niña de 10 años desnuda en su vehículo; desde entonces el caso no ha hecho más que crecer mediáticamente ante las deficiencias que grupos feministas han encontrado en el proceder tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial local.

Entre las fallas que cometió la Fiscalía estatal está que “no se aseguró el teléfono celular del imputado; no se recabó la ropa que traía (sobre todo el short y el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos); y no se realizó una prueba al vehículo en cuanto a los fluidos en el asiento del copiloto y en el piso del mismo lado”, acusan grupos feministas.

La Fiscalía Regional del Puerto fue omisa en no perseguir más de dos agravantes y no acreditar el delito de corrupción de menores desde un principio. Así como en el comentario del fiscal Gerardo Octavio Solís, quien señaló que “los peritos no encontraron huellas de abuso sexual ni maltrato, aunque sí daños psicológicos”.


Es increíble que no adviertan la violencia sexual que sufrió esta niña de 10 años al ser subida por la fuerza al vehículo de este funcionario municipal, quitarle la ropa y realizarle tocamientos en su cuerpo

Grupos feministas

La actuación que tuvo el Poder Judicial en el caso inclusive provocó la indignación social, pues en la audiencia del 14 de agosto, el juez Jorge Luis Solís Arana dijo que no podía acreditarse el delito de corrupción de menores porque la niña de 10 años “no había sentido placer”, señalaron los grupos feministas.

La presión social llevó a que el Consejo de la Judicatura sesionara el 16 de agosto para valorar la determinación del juez. El magistrado presidente de ese órgano y del Poder Judicial, Ricardo Suro Esteves, dijo que el juzgador fue suspendido sin goce de sueldo y será investigado; en caso de encontrarle alguna irregularidad se actuará en consecuencia y con absoluta firmeza.

Recortes en programas de género

Los grupos feministas Cladem y el Colectivo Mujeres Puerto Vallarta revelaron que el Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, aplicó recortes sobre el Anexo Transversal para la Igualdad de Género del Presupuesto de Egresos del Estado, que ascienden a 29 millones 863 mil 091 pesos.

Entre los recortes que se destacan están 752 mil 893 pesos menos para el programa 545 Atención Integral a Víctimas del Delito; 310 mil 750 pesos menos para B1 Atención jurídica, médica, psicológica y de trabajo social brindada a mujeres víctimas de delitos; y 840 mil 7 pesos menos para el programa 955 Investigación y Persecución de Delitos Contra Mujeres, Niños y Adolescentes.


Entre las fallas que cometió la Fiscalía estatal en el caso está no asegurar el teléfono celular del imputado ni recabar la ropa que traía puesta

Así como en algunos programas directamente relacionados con la trata, como 43 mil 200 pesos menos para B7 Carpetas de investigación judicializadas por el delito de trata de personas; y 17 mil 139 pesos menos para B8 Mando y conducción del ministerio público otorgado al primer respondiente por el delito de trata de personas”.

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