Reporte Indigo

IZTAPALAPA

La pregunta incómoda


Valencia enfrentó el escándalo al estrellar una lujosa camioneta propiedad de Luis Molleda, un proveedor de Iztapalapa

El oficio va dirigido al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karám, y está firmado por el entonces delegado en Iztapalapa, Jesús Salvador Valencia Guzmán.

“Que de no existir impedimento legal alguno y sin que ello entorpezca las investigaciones, me informe si algún servidor público adscrito a este órgano político administrativo (Iztapalapa) se encuentra sujeto a investigación por parte de esa Procuraduría General a su digno cargo, por la probable comisión de algún delito previsto en la legislación penal aplicable”.

La pregunta del delegado a Murillo Karam fue hecha hace cinco meses cuando el matrimonio Abarca Pineda, acusado de la masacre de Iguala, fue presuntamente capturado en el bastión perredista más grande del Distrito Federal.

La sospecha respecto a quién los protegía señaló al entonces delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia.

El perredista, que desahogaba la recta final de su administración, quería asegurarse que en la futura contienda en la que seguramente su nombre aparecería en las listas del PRD no hubiera caso, expediente o causa que saliera más tarde a relucir.

Por ello, cuando las especulaciones estaban al tope, el exdelegado preguntó a la PGR si existía investigación en su contra o de alguien más de su equipo.

Para lo que anexó a dicho oficio un listado con los nombres y cargos de 263 colaboradores que hasta ese momento, octubre de 2014, estaban en la nómina de Iztapalapa.

El oficio número 339 del cual Reporte Indigo posee copia está fechado el 28 de octubre de 2014, y ocho días después la dependencia federal entregó respuesta también por escrito.

Sin antecedentes

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Dirección de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada contestó:

“Me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda en la base de datos de esta dirección general de esta Subprocuraduría, no se encontraron antecedentes penales y/o registros de las personas solicitadas”, puntualizó Ángel Jorge Aguirre González, funcionario federal que firma el documento respuesta.

Una semana después de la primera respuesta, Miguel Ángel Sánchez Méndez, de la Dirección General Adjunta de Análisis y Gestión de la PGR, adjuntó que por parte de la Unidades Especializadas, Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo y también de la coordinación general de Investigación “no se cuenta con información relacionada a la solicitud de mérito”.

Ese mismo mes, octubre del 2014, cuando el PRD había sido llevado al banquillo de los acusados por permitir una candidatura y después un gobierno como el de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda en Iguala, el todavía delegado en Iztapalapa hizo lo propio para intentar desmarcarse del escándalo, pues se le señalaba de haber participado activamente en la campaña para gobernador de Ángel Aguirre.

Con el interés de tener certeza de que no existía expediente en su contra preguntó a la PGR, pero también lo hizo a través del oficio 334/2014 a Rodolfo Fernando Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En la Procuraduría capitalina no le dieron certezas.

Con fecha 31 de octubre de 2014, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador Jurídico de Planeación, coordinación institucional y de Derechos Humanos, le expresó que la información contenida en expedientes como en averiguaciones previas en trámite se considera reservada y por ende, no puede ser divulgada.

“En razón de lo anterior, esta institución se encuentra impedida para proporcionar la información que solicita”, puntualizó el funcionario de la dependencia local en el oficio de respuesta que tiene marcada copia a Rodolfo Ríos Garza.

El escándalo que no previó

Dos semanas después de la petición de Valencia a PGR y PGJDF, el exdelegado enfrentó otra tormenta: el escándalo por chocar una lujosa camioneta propiedad de Luis Molleda Cámara, uno de los principales proveedores de Iztapalapa a través de la firma Amexire.

Y de manera simultánea quedó al descubierto la propiedad que Jesús Valencia y su pareja, Margarita Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mantienen en una de la zonas más lujosas del Distrito Federal: Jardines del Pedregal.

El exdelegado, ahora candidato a diputado federal por vía plurinominal del PRD, dijo entonces que la habían adquirido por poco más de 9 millones de pesos; que fue a través de un préstamo bancario, que él a veces iba ahí a dormir y al final, que su mujer la había pagado.

PAN lo exhibe,  INE lo respalda

Hace cinco meses y previendo escándalos en su carrera política, Valencia Guzmán preguntó a PGR respecto a sus antecedentes y posibles expedientes. 

Lo que no visualizó el exdelegado es que el episodio de su vida personal lo alcanzara en estas elecciones.

El Partido Acción Nacional (PAN) retomó esta historia de su vida personal para golpearlo a él y al PRD en plena campaña electoral, en donde lo pone como una muestra de la corrupción de los políticos en el país.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PAN suspender la difusión del spot que había preparado de Jesús Valencia y su casa en el Pedregal.

Valencia Guzmán se había quejado por el uso del PAN de su imagen junto con la frase “enriquecimiento ilícito”, lo que derivó que consejeros del INE votaron para que el material visual se retire del aire tras considerar que al asociar la posesión del inmueble con actos de corrupción se comete el delito de calumnia prohibido en la Ley electoral.

En dicho material se le pregunta a una mujer qué opina de que el delegado de Iztapalapa tenga residencia en Jardines del Pedregal al mismo tiempo que le muestran la foto del futuro diputado federal.

“Primero los pobres, ¿no? Ya ni la chin…”, contesta la entrevistada.

A propósito de Jesús Valencia, nada se supo de los resultados de investigaciones en manos de la Procuraduría de Justicia local ni la Contraloría General del Distrito Federal que se abrieron para determinar el posible conflicto de interés por manejar camionetas de un empresario, que se vio beneficiado con millones en contratos en Iztapalapa.

 

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