La práctica jalisciense sobre los cadáveres
Los registros forenses de las entidades federativas muestran que solamente Jalisco y Guerrero destruyeron cuerpos no identificados mediante incineración, práctica que continuaron aún cuando la legislación ya lo prohibía; sin embargo, solo en tierras tapatías se implementó a niveles industriales
Luis HerreraLa destrucción de cadáveres no identificados mediante su incineración fue una práctica predominantemente jalisciense, pues esta se replicó solamente en otro estado del país aunque a una escala mucho menor: Guerrero, de acuerdo con un reporte generado por la Fiscalía de esta entidad.
Los registros forenses estatales obtenidos a nivel nacional vía transparencia indican que en el periodo 2007-2019, marcado por la violencia vinculada con la delincuencia organizada, únicamente las autoridades de Jalisco y Guerrero incluyeron la incineración como uno de los destinos finales que dieron a los cuerpos sin identificar.
Lo ocurrido en Jalisco en esta materia, sin embargo, no tiene parangón en el país: fueron al menos mil 055 cadáveres de personas desconocidas los que se cremaron tan solo en el periodo de 2009 a 2015, mientras a lo largo y ancho del territorio nacional la práctica imperante entre los gobiernos estatales era la inhumación de estos restos no identificados.
En Guerrero, la incineración de cuerpos sin identificar nunca alcanzó los niveles industriales que sí se presentaron en Jalisco: la Fiscalía guerrerense señala que de los al menos 879 cuerpos no identificados que tuvo en sus manos en el lapso 2007-2019, los incinerados fueron 33, mientras que al resto se le inhumó (536), o se le mantuvo en el Servicio Médico Forense (310), según el folio de transparencia 00445019.
Estos 33 cuerpos no identificados que fueron cremados en Guerrero se destruyeron con este método entre los años 2013 y 2017, esto significa que al igual que como sucedió en Jalisco, las autoridades guerrerenses continuaron incinerando cadáveres sin identificar aún cuando ya estaba vigente la Ley General de Víctimas, la cual lo prohibía.
Cuando la asociación Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) analizó el caso de Jalisco lo advirtió.
A pesar de la prohibición de la cremación de cuerpos de personas no identificadas establecida de manera explícita en la Ley General de Víctimas de 2013, durante los años 2014 y 2015 no hubo un cese a esta práctica”, dice su informe “Incineraciones de Cuerpos No Identificados en Jalisco. Crímenes sin Justicia
En el caso de Guerrero, por lo tanto, todas las incineraciones que llevó a cabo su gobierno de restos humanos sin identificar se practicaron ya durante la vigencia de la Ley General de Víctimas de 2013, lo que lo coloca en el mismo supuesto de ilegalidad que el Cepad denunció sobre el antecedente jalisciense.
En estos registros forenses estatales se documentó además la existencia de 39 mil 899 cuerpos que quedaron pendientes de identificación en las entidades federativas, en el lapso 2007-2019, y fueron obtenidos mediante solicitudes de transparencia a todas ellas, de las cuales 29 obtendrían respuesta (“La deuda forense en la crisis de violencia”, 23/Jul/2020”).
Búsquedas frustradas por cremación de cadáveres
La determinación que tomaron gobiernos panistas y priistas en Jalisco para deshacerse de los cuerpos no identificados mediante su incineración, en lugar de optar por la práctica predominante en el resto de los estados que consistía en su inhumación, representó en los hechos una afectación a las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad y el país.
“La incineración de esos cuerpos sin nombre también se traduce en una angustia permanente en miles de familias que nunca van a poder saber sobre la suerte y paradero de su familiar, ya que al incinerar los cuerpos de personas que nunca podrán ser identificadas, significa que nunca se sabrá quiénes fueron.
“Así es como el Estado violentó la dignidad de miles de familias mexicanas, en particular Jaliscienses que, hasta que no encuentren a sus familiares que se encuentran desaparecidos(as), vivirán en constante incertidumbre y agonía por no saber si uno de los cuerpos que fueron incinerados, eran de su familiar” , señala el Cepad en su informe.
Durante la actual administración del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha reconocido que de los mil 055 cadáveres de personas desconocidas que cremó en el periodo de 2009 a 2015, a menos del 1 por ciento se recolectaron muestras genéticas antes de ser destruidos, lo que cancela la posibilidad de identificarlos mediante esta técnica forense.
Esta revelación la hizo el IJCF como resultado del recurso de revisión de transparencia 2645/2019, y por el cual tuvo que revisar todos los expedientes de esos más de mil cuerpos incinerados.
“Una vez revisada la documentación contenida en cada uno de ellos es posible informar que 9 expedientes cuentan con la indicación para realizar la toma de muestra para confronta de ADN. (…) en virtud de que no se localizaron 43 de los 1,055 expedientes de cadáveres incinerados (…) se procedió a solicitar la declaración de inexistencia de dicha información”, así se lee en el Oficio IJCF/ UT/1487/2019, fechado el 15 de noviembre de 2019.
El Cepad lo advertiría en su informe, al señalar que “la mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos, lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas fueron brutalmente privadas de la posibilidad de encontrar algún día información sobre su ser querido o querida”.
En Jalisco fueron al menos mil 055 cadáveres de personas desconocidas los que se cremaron en el periodo de 2009 a 2015
De hecho, ninguna de las técnicas forenses de identificación fue aplicada universalmente sobre todos esos cuerpos que serían destruidos: el dictamen de fotografía forense, por ejemplo, solo se le aplicó a 794 de esos cadáveres; el dictamen de huellas dactilares se generó solo sobre 393; y el de ficha dental, solo sobre 364 (“Cadáveres incinerados en Jalisco sin retorno”, 31/mar/2020).
Investigación pendiente
Esta práctica de incinerar cuerpos no identificados que adoptó el IJCF de Jalisco, desmarcándose prácticamente de todo el resto de los estados, llevó a que el Cepad solicitara en 2019 al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México “la intervención internacional en el caso, a efecto de que se detone el proceso de justicia y verdad para las y los familiares y la sociedad mexicana en su conjunto”.
