La pesada carga de contratos APP’s
Los funcionarios y los empresarios se han encargado de vender los proyectos público-privados como la octava maravilla del mundo.
Como si fuera la única opción para construir obra pública e infraestructura en estos tiempos.
Pero el deficiente marco jurídico que existe en Nuevo León para regular las obras construidas con APP’s, ha propiciado la celebración de contratos leoninos donde el riesgo siempre lo corren los gobiernos.
Y como el dinero de la hacienda pública no es de los gobernantes, pues la pesada carga recae en deuda pública y en la sociedad.
Mayra González
Los funcionarios y los empresarios se han encargado de vender los proyectos público-privados como la octava maravilla del mundo.
Como si fuera la única opción para construir obra pública e infraestructura en estos tiempos.
Pero el deficiente marco jurídico que existe en Nuevo León para regular las obras construidas con APP’s, ha propiciado la celebración de contratos leoninos donde el riesgo siempre lo corren los gobiernos.
Y como el dinero de la hacienda pública no es de los gobernantes, pues la pesada carga recae en deuda pública y en la sociedad.
En Nuevo León la experiencia que han dejado los contratos público-privados son un largo historial de irregularidades, sobrecostos e incumplimientos contractuales, donde los únicos perjudicados siempre son los ciudadanos y el erario.
Los únicos beneficiados en estos polémicos esquemas financieros, que se concretan siempre en un ambiente de opacidad, son los inversionistas privados que aseguran el retorno de su dinero con grandes utilidades.
Los proyectos de la Torre Administrativa del Estado y el de San Pedro Net, del alcalde Mauricio Fernández, son hoy un ejemplo de contratos que han resultado ventajosos únicamente para una de las partes.
La crisis presupuestal y el alto endeudamiento que registran tanto el Estado como los municipios metropolitanos, provocan que los proyectos público-privados sean la única alternativa que tienen hoy muchos gobernantes para contar con un programa de obra pública.
Edificio del dispendio
El proyecto de la Torre Administrativa es la obra que más representa los fracasos que caracterizan a los proyectos público-privados en Nuevo León.
Cuando fue anunciado este proyecto en el 2007, la administración del ex gobernador Natividad González Parás presentó esta obra como aquella para la cual su gobierno no destinaría recursos para su construcción.
Ni un centavo, presumió el entonces tesorero estatal Rubén Martínez Dondé.
Pero hasta hoy, el Estado ha pagado por este edificio inconcluso de 36 pisos casi 900 millones de pesos, un monto que casi cubre el costo del inmueble, estimado en mil millones de pesos.
El gobierno ha destinado más de 300 millones de pesos por concepto de renta, por un edificio que no utiliza. Y 450 millones de pesos por obras complementarias, más el equipamiento que no fue contemplado en los contratos originales.
Y el Estado terminará de pagar este edificio hasta el año 2034.
San Pedro Net: contrato a modo
El contrato entre el Municipio de San Pedro con la polémica Thousand International Companies (TICSA) favorece ampliamente a la empresa.
En primer lugar, le da facultades a TICSA para subcontratar a otras empresas que no tienen ninguna obligación ante el Municipio de San Pedro.
Los convenios que TICSA celebra con estas empresas tienen “carácter estrictamente privado”.
El contrato también puede modificarse, pero esos cambios no tienen que ser aprobados por el Cabildo.
La administración de Mauricio Fernández prorrogó este contrato de 10 a 15 años, con un valor de más de 448 millones de pesos.
Además, en un addendum -ampliación de contrato- fechado el 14 de febrero de este año, se estimó que se necesitarán 100 millones de pesos adicionales para el mantenimiento de la obra, claro, con cargo al Municipio.
Y en caso de que la autoridad judicial anule el contrato por causas imputables al Municipio, TICSA tendrá el derecho a que le pague una indemnización del 100 por ciento del valor presente de los ingresos futuros a la empresa.
¿Quieres ver el contrato completo con TICSA? Descarga el PDF.
Los ocultos contratos de APP’s del PJE
El Poder Judicial del Estado le entró también, en lo oscurito, al otorgamiento de contratos de Asociación Pública-Privada para ampliar su infraestructura.
En el 2009, en un proceso que se manejó reservadamente y sin tener un sustento legal, el Consejo de la Judicatura del Estado asignó dos contratos de arrendamiento adquisitivo a la empresa GP Bienes Inmuebles.
En ese tiempo no existía la Ley de Asociaciones Públicas-Privadas de Nuevo León y la única referencia de este tipo de obras en el estado era la construcción de la Torre Administrativa.
El órgano judicial utilizó este esquema financiero para construir juzgados en los municipios de Guadalupe y Cadereyta, que fueron inaugurados en el 2010, cuando el magistrado Jorge Luis Mancillas era el presidente del Poder Judicial del Estado.
El Tribunal Superior de Justicia se comprometió a pagar durante los próximos 25 años la renta de estos inmuebles, un total de más de 600 millones de pesos más la inflación, a esta empresa filial de la constructora Garza Ponce.
Para este empresario de la construcción, el costo de los edificios fue únicamente de 172 millones de pesos y a estas alturas ha cobrado más de 100 millones de pesos.
Favoritismo oficial en los cuarteles de seguridad de San Pedro
Irregularidades en los procesos de licitación han frenado la construcción de los cuarteles de Seguridad en Díaz Ordaz y Valle Oriente.
Bajo el esquema público-privado, las obras fueron planeadas desde un inicio para favorecer a la constructora GP Bienes Inmuebles, propiedad de José María Garza Treviño.
A eso apunta la decisión de Mauricio Fernández, que declaró desierta la licitación del edificio de Díaz Ordaz, luego de que la constructora Dycusa ofreció 543 millones de pesos por la obra, una oferta 110 millones de pesos más baja que la de GP Bienes Inmuebles.
Dycusa se amparó y un juez federal ordenó al munícipe Mauricio Fernández a que su administración presentara el fallo de la licitación, que finalmente favoreció a la empresa quejosa.
El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Pérez Pérez, otorgó el amparo porque el Ayuntamiento no declaró desierta la licitación durante la apertura de las propuestas técnicas, en enero de 2012, sino que lo hizo cuatro meses después.
GP Bienes Inmuebles, sin embargo, sí consiguió el contrato de 300 millones de pesos para construir el otro cuartel en la zona de Valle Oriente, aunque éste no ha iniciado.
‘Negocios’ del sexenio de Medina: Monterrey VI y Línea 3 del Metro
El gobernador Rodrigo Medina pretende financiar con esquemas público-privados las dos obras magnas de este sexenio: la Línea 3 del Metro y el plan Monterrey VI.
El proyecto para traer a Monterrey agua potable de la cuenca del Río Pánuco tiene un costo de 16 mil millones de pesos y la administración estatal busca que un inversionista privado construya esta infraestructura y que se le pague en 20 años.
Este modelo repercutirá en un alza de las tarifas que cobra actualmente la empresa paraestatal AyD a los usuarios.
Es el mismo caso con la construcción de la Línea 3 del Metro, obra que asciende a 4 mil 772 millones de pesos, y que el gobernador buscan sean aportados, al menos en parte, por inversionistas privados.
De entrada con este proyecto la tarifa de 4.50 pesos que cobra el Metro actualmente, subiría por lo menos a 7.50 pesos, según el proyecto ejecutivo.
¿Quieres ver el proyecto completo? Descarga el PDF.
La ampliación Lincoln, la primera mentira
La ampliación de la avenida Lincoln hasta el municipio de García, fue presumida por el gobierno de Natividad González Parás como la primera carretera financiada con recursos privados y no públicos.
El primer proyecto público-privado, promovido por la Coordinación de Proyectos Estratégicos Urbanos que encabezaba Abel Guerra, cayó por sus propias mentiras.
El Estado tuvo que entrar al quite para cubrir los 514 millones de pesos que costó la ampliación de 11 kilómetros de esta vía, desde el Anillo Periférico hasta el centro de García.
La idea original era que esta carretera se financiaría con el cobro del Impuesto de Mejoría Específica entre los propietarios de los terrenos ubicados a un costado de esta vía.
Sin embargo, la mayoría de los propietarios tramitó amparos en contra del cobro de este gravamen y la administración de González Parás tuvo que pagar el costo de esta obra vial.
