La otra cara de la gentrificación

19 de Mar, 2019

Durante 61 años Rufina Galindo ha vivido en un departamento ubicado en el número 68 de la calle Zapata en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a pocas cuadras de Palacio Nacional.

Pero tras la muerte de la dueña en el 2004, el edificio quedó en un limbo jurídico y en 2016 apareció un supuesto heredero que la ha intentado desalojar de manera violenta en varias ocasiones con granaderos, guardias privados e incluso grupos de choque vinculados a organizaciones delictivas.

De las 24 familias que vivían ahí ya solo quedan cuatro. Unos han sido expulsados de manera irregular y otros se han ido voluntariamente luego de varios operativos donde las agresiones y los abusos de autoridad son la norma, dice Rufina.

A sus 64 años, la mujer vive en zozobra porque los precios de las rentas se han incrementado exponencialmente y ella está enferma, pero se irá porque el lugar ha sido invadido ya por alrededor de 50 golpeadores con el aval del supuesto dueño para sacarla.

Las autoridades son indiferentes porque consideran los desalojos como una problemática entre privados y no tienen un diagnóstico de lo que está pasando la ciudad, dicen activistas

“Tengo la restitución de mi departamento por parte de un juez, del juez 28, porque yo metí un amparo, una revisión de amparo y cuando me querían desalojar, la forma en la que me desalojaban era de una manera irregular.

“Lo que quieren es cansarme para que yo me vaya voluntariamente y yo creo que sí lo voy a hacer, porque uno es gente trabajadora, decente, pero ver a esta gente es todo lo contrario a lo que uno siempre ha sido”, relata.

Como Rufina, cientos de personas que rentan desde hace décadas en el Centro Histórico ahora están siendo presionadas de manera violenta para dejar los lugares donde han vivido por años en medio de un proceso de gentrificación de la ciudad, que es la transformación de los lugares populares a zonas más aburguesadas.

María Silvia Emanueli, de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, explica que esto se debe a que muchas veces los dueños no quieren tener inquilinos con una posibilidad económica baja que no podría pagar los precios de los edificios del centro.

“Hay un mercado inmobiliario rapaz que se quiere encargar, digamos, de la ciudad. Y la autoridad yo no sé si están planteando hacer algo nuevo. Parecería que sí con el cierre de una serie de proyectos que están buscando suspender o revisar, pero hasta ahora no sabemos en qué dirección van”, dice.

Pero también menciona que personas ajenas, en complicidad con funcionarios corruptos, se apropian de edificios irregulares o sin escrituras para lucrar con ellos y desalojar a los habitantes.

“Vecinos y vecinas reportan el uso de grupos que podrían estar ligados al crimen o simplemente ser contratados, tipo invasores o golpeadores, por supuestos dueños que no han logrando recuperar los predios por la vía jurídica y los usan para presionar a quien sigue viviendo en estos lugares”, explica.

Emanueli acusa que las autoridades son indiferentes porque lo consideran una problemática entre privados y no tienen un diagnóstico de lo que está pasando la ciudad.

“No conciben que aquí hay un derecho a la vivienda adecuada que está siendo violado, porque finalmente no se preocupan por lo que va a pasar con estas personas posteriormente”, acusa.

En estos casos también se viola el derecho al debido proceso al sacar a los habitantes en los operativos, ya que no se notifica que se va a desalojar, el actuario no se presenta y hay un excesivo uso de la fuerza pública, dice.

“Son personas que no tienen realmente capacidad económica para encontrar otro lugar adecuado en el centro. Los alquileres en los últimos años han subido muy rápidamente y muchas de las personas que están en estos edificios porque no tienen otra opción.

“Claro, habrá situaciones donde hay gente que se aprovecha, pero en general no tienen dónde ir, por eso resisten ahí tanto tiempo”, añade.

La mayoría de las personas desalojadas no tienen los suficientes recursos para pagar los incrementos de los alquileres en el centro de la capital

Para Emanueli el primer paso que las autoridades deben tener es un diagnóstico de los desalojos y de sus causas; crear políticas públicas que combatan estos desalojos; y debido a que no existe una ley inquilinaria que proteja a quien renta se debe de promover una iniciativa en este sentido.

Por ahora, varias organizaciones enviaron la semana pasada un documento donde explican la problemática a la asistenta de la relatora de vivienda de la ONU y al encargado de derechos sociales del alto comisionado de los DDHH en México donde exponen el problema, así como a las autoridades locales.

Incertidumbre y zozobra

En la zona del Centro Histórico y sus alrededores se han presentado casos de desalojos y despojos, ya sea por una disputa legal por los inmuebles o por una falta de certeza jurídica de los mismos, dice en entrevista Dunia Ludlow, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH).

“En el caso de los despojos hemos detectado la participación de grupos de choque vinculados a organizaciones delictivas que, conociendo la situación de las propiedades, entran a apropiarse de éstas y a través de episodios de intimidación y violencia obligan a las familias a irse, lo cual vulnera su derecho a una vivienda”

A la fecha se han presentado 20 denuncias concernientes a tales hechos, 13 por invasiones ilegales y despojos; y otros 7 casos por desalojos, de los cuales que ya se tiene un proceso judicial de por medio y donde se espera la resolución de un juez, dice.

Las calles más afectadas están en la parte oriente y norte del centro, donde la mayoría de los inmuebles son utilizados como bodegas e incluso como viviendas.

Aún cuando los desalojos y despojos han tomado relevancia en los últimos meses, el problema no es particular de una zona. El año pasado la entonces Comisión de Vivienda de la todavía Asamblea Legislativa (ALDF) local diagnosticó que aproximadamente 30 por ciento de inmuebles capitalinos carecen de una certeza jurídica al no tener escrituras, razón por la que suelen presentarse estos conflictos.

“En parámetros de la ciudad, cerca del 30 por ciento de las personas no tienen escrituras, mientras que en el Centro Histórico esta cifra se eleva hasta un 40 por ciento, por lo que no se sabe su certeza jurídica, debido al abandono de los mismos y por los fenómenos de las rentas congeladas que se dieron en los años 50”, explica Ludlow.

Según la funcionaria, se trabaja de la mano de la Consejería Jurídica y el Colegio de Notarios, a través de un convenio de colaboración, con el fin levantar un censo de mayor precisión que indique la situación jurídica de todos los inmuebles ubicados en el centro de la capital, además de realizar jornadas patrimoniales.