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La nueva Constitución inquisitiva de Nuevo León

La nueva Constitución propuesta por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no contempla el principio de presunción de inocencia

La nueva Constitución propuesta por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, no contempla el principio de presunción de inocencia

La nueva Constitución de Samuel García, aprobada por las y los diputados del Congreso local en primera vuelta, contiene un retroceso en la justicia de Nuevo León, pues no contempla la presunción de inocencia, un principio pilar del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

No existe ningún párrafo que hable del proceso penal e incluya a esta figura para que una persona sea inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, la presunción de inocencia sí se menciona en la Constitución local vigente.

El no incluir este derecho de la ciudadanía en su Constitución evidencia que el estado de derecho no está considerado por Samuel García. Eso podría explicar por qué el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón fue encarcelado bajo el viejo sistema inquisitivo y filtraron sus fotografías en prisión.

“Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”, publicó García.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se filtraran las imágenes de Rodríguez Calderón en el penal de Apodaca.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no”, declaró.

El artículo 19 de la Constitución local establece 29 párrafos dedicados a la justicia bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio, entre ellos, se privilegia la presunción de inocencia, y se habla de que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos.

“Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica”, dice la Constitución actual.

“Y para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo”, mencionan los párrafos I, II, III de este artículo.

Punitivismo en faltas de respeto y aborto en la Constitución

La nueva Constitución de Samuel García es punitivista, es decir, predominan las sanciones penales como una solución a problemáticas sociales. Por ejemplo, permite que si el gobernador considera que le faltaron al respeto, la persona acusada podría recibir un arresto de hasta 36 horas.

El artículo 135 fracción sexta señala que un ciudadano no podrá hablar mal del gobernador en redes sociales y podrá recibir como castigo multas.

“Imponer multas que no excedan del importe de salarios o de un día arresto hasta por 36 horas, a los que desobedecieron sus órdenes o le faltaren al respeto”, dice la Constitución.

Por si fuera poco, la coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, rechaza la Constitución de Samuel García por considerar que hay vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

“A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional esta medida en septiembre del año 2021, seguirá confundiendo a la sociedad sobre los derechos reproductivos, salud física y salud mental para las mujeres. ¿Para qué queremos una constitución nueva que tiene ideas medievales en ella? Nuevamente queda en evidencia que los acuerdos políticos pasan por encima de nuestros derechos y también de nuestros cuerpos”, explica la legisladora.

Martínez considera que el documento es de la “vieja política”, pues deja a las y los ciudadanos como simples espectadores.

“Lo cual, por decir lo menos, daña nuestra dignidad como personas, pues se violenta el principio de participación ciudadana consagrado en nuestra constitución federal”, reclama la legisladora.

La diputada de Morena agrega que tampoco se incluye la paridad de género total, a pesar de que en 2019 fue incluida en la Constitución federal pero en Nuevo León la Carta Magna continúa excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones públicas.

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