La Mesa de las dudas
El Municipio de San Pedro intentó finiquitar ayer la Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano, en una presentación de resultados que dejó más interrogantes que respuestas.
En una breve rueda de prensa, en la que no se permitieron preguntas de los medios de comunicación, el secretario del Ayuntamiento Bernardo Bichara Assad recibió de los integrantes de este polémico instrumento las conclusiones de su trabajo.
Javier EstradaEl compromiso de los desarrolladores que entrarían al acuerdo, sería el pago de más de 78 millones de pesos, equivalente a un 62 por ciento de las sanciones impuestas por la Mesa de la Justicia
El Municipio de San Pedro intentó finiquitar ayer la Mesa de la Justicia de Desarrollo Urbano, en una presentación de resultados que dejó más interrogantes que respuestas.
En una breve rueda de prensa, en la que no se permitieron preguntas de los medios de comunicación, el secretario del Ayuntamiento Bernardo Bichara Assad recibió de los integrantes de este polémico instrumento las conclusiones de su trabajo.
Con la ausencia del alcalde Ugo Ruiz, quien se encontraba en el Foro Urbano Mundial, en la ciudad de Medellín, Colombia, los miembros de esta instancia dieron por terminada la primera etapa de la evaluación para regularizar desarrollos.
El secretario técnico de la Mesa de la Justicia, Ernesto Javier Chapa Calvillo, entregó a Bichara Assad las sugerencias formuladas por el Programa Temporal Único para la Restauración de la Legalidad y el Orden en el Desarrollo Urbano de San Pedro.
La fugaz recepción del funcionario a las recomendaciones planteadas por el organismo ciudadano dejó diversas dudas, como el papel que desempeñará el Cabildo sampetrino, las multas aplicadas a diversas obras y la transparencia.
En esta primera fase, 10 de las 11 peticiones planteadas por desarrolladores para regularizar construcciones fueron admitidas y evaluadas conforme al programa municipal, del cual se desprendieron diversas opiniones y recomendaciones.
Durante la entrega de resultados, el secretario del Ayuntamiento aseguró que las sugerencias ciudadanas serán evaluadas por el Cabildo sampetrino y las comisiones que integran al órgano colegiado.
Esta atribución, sin embargo, no está incluida en el acuerdo del 23 de octubre de 2013 que creó a la Mesa de la Justicia.
La duda no pudo ser despejada por Bichara Assad, quien no quiso responder a las solicitudes de entrevista planteadas a través del área de Comunicación Social del Municipio de San Pedro.
En su exposición, el funcionario se limitó a decir que serán las “comisiones relevantes y pertinentes” del Cabildo, las que revisarán los alcances de las acciones y medidas sugeridas por la Mesa de la Justicia.
Las declaraciones del secretario dejan al descubierto la posibilidad de un conflicto posterior a los convenios extralegales a los que llegó la Mesa de la Justicia.
Porque la intervención de las comisiones del Cabildo para dictaminar las sugerencias podrían dar reversa a algunos arreglos.
En cambio, la declaración de Bichara Assad también tiene otro sentido.
Los resultados de la instancia ciudadana tendrán que ser avalados por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable, presidida por el síndico primero, Guillermo Montemayor Cantú, quien ha sido señalado por interceder a favor de desarrolladores inmobiliarios.
Esto podría anticipar desacuerdos entre los integrantes de la comisión y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como el que generó el megaproyecto Arboleda, cuyos criterios de autorización enfrentaron a estas dos áreas.
Además, Ugo Ruiz aseguró públicamente que cinco desarrollos habían accedido a pagar multas por violar la normativa y a reparar el daño causado por las construcciones irregulares.
Desarrollos como Torre Gaia, el Colegio Alfonsino, Torre Helicón, Crepúsculo y Lucena, habrían accedido a la medida.
Pero El Alear, Torre Miza, Plaza Hudson y Plaza Gómez Morín estarían en desacuerdo.
El compromiso de los desarrolladores que entrarían al acuerdo, sería el pago de más de 78 millones de pesos, equivalente a un 62 por ciento de las sanciones impuestas por la Mesa de la Justicia.
Reporte Indigo publicó en su momento que esta instancia se tambaleaba gracias a las propias declaraciones de Ugo Ruiz, en las que afirmó obtener en total 125 millones de pesos de las regularizaciones.
En esta ocasión, las autoridades municipales no dejaron claro cuál sería el procedimiento burocrático para ingresar estos recursos, o si las cantidades de las infracciones también serán evaluadas por el Cabildo sampetrino.
Además de Chapa Calvillo, durante la entrega de resultados estuvieron presentes otros tres integrantes de la Mesa de la Justicia: Ricardo Cantú Jauckens, José de Jesús Ruiz Velasco de la Garza y Pilar Valdés González Salas.
El único miembro de la instancia que se ausentó fue José Ricardo Padilla Silva.
“Se debe de cambiar la actitud y cultura de cómo hacer desarrollos en forma coordinada, ordenada y planeada, sin afectar a la sociedad o a los vecinos y buscando un crecimiento mediante el bien común”, expresó el secretario técnico del organismo.
La negativa de los ciudadanos y de las autoridades municipales por brindar detalles del proceso, también pone en entredicho la transparencia que tanto garantizó el munícipe, Ugo Ruiz, cuando se anunció la creación de este instrumento de consulta.
El cuestionamiento aumenta con la ausencia del alcalde durante la clausura de esta importante etapa, donde se marcó el camino que tomarán los desarrolladores que pretenden regularizar obras con anomalías en San Pedro.
Así, las dudas continúan sobre esta Mesa de la Justicia que busca aprobar ilegalidades derivadas de actos de corrupción de administraciones anteriores.