Con amparos y protestas, los yucatecos luchan por su derecho a decidir con quién contraer matrimonio ante las autoridades competentes.

El 15 de julio de 2019, el Congreso de Yucatán rechazó por segunda ocasión las reformas a las leyes civiles del estado para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo con 15 votos en contra y 9 a favor –emitidos en secreto–. El 10 de abril de ese año, los diputados locales discutieron las mismas modificaciones legislativas y el resultado también fue negativo.

El Congreso de Yucatán no avaló el matrimonio igualitario en julio de 2019, sin embargo se desconoce el sentido de la votación de los diputados locales ya que esta fue secreta

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las solicitudes de atracción de dos amparos y tendrá la oportunidad de resolver si el Congreso local viola derechos de las personas al negar el matrimonio igualitario y por realizar la votación mediante cédula y no de manera pública.

Miguel Anguas y Kalycho Escoffié, miembros del equipo jurídico del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, explican en qué consisten los amparos interpuestos en conjunto con la organización Artículo 19.

“A la fecha no sabemos en qué sentido votó cada diputado lo cual viola nuestro derecho a la información, por eso es que tenemos cuatro demandas de amparo: una en contra de la votación secreta y contra la decisión de no permitir el matrimonio igualitario. Por la votación de julio hay otros dos: uno contra la votación promovido por la comunidad LGBTTTI y otro presentado por organizaciones en defensa de los derechos humanos”, detalla Escoffié.

De acuerdo con las organizaciones, los amparos son de carácter inédito y sin precedentes en la materia, puesto que nunca se había cuestionado la violación al pacto federal en relación con derechos humanos como la igualdad y no discriminación. Además, detallan que el pasado 12 de junio Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro presidente de la Primera Sala, decidió hacer suyas las solicitudes.

Para Kalycho, si la SCJN atrae el caso de Yucatán, la polémica de negar el derecho del matrimonio igualitario a los ciudadanos yucatecos será resuelto por el máximo tribunal de justicia del país, lo cual ayudaría a garantizar una vida sin discriminación a los miembros de la comunidad LGBTTTI.

“En Yucatán no se discute si es legal o no el matrimonio igualitario pues eso ya se trató a nivel federal desde hace cinco años, aquí el punto es que las autoridades locales no voten a favor de la iniciativa manda un mensaje y es que el Congreso cuando no aprueba una ley te dice lo que debe ser aceptado o no en la sociedad. Este tipo de uniones no son igualmente válidas que las de las personas heterosexuales y eso sin duda es un mensaje fuerte”, declara Kalycho.

En junio de 2015, la Suprema Corte emitió la resolución de jurisprudencia 43/2015 que obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable en todos los amparos que se interpongan en el país para celebrar matrimonios igualitarios.

Por su parte, Anguas urge al estado escuchar a la sociedad civil y respetar los derechos de todas las personas. Afirma que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de que, al reconocer el matrimonio igualitario, dé un paso para visibilizar a la comunidad LGBTTTI que históricamente ha sido un grupo en situación de vulnerabilidad y discriminación.

Matrimonio en libertad

Para Lucía Riojas, diputada federal y miembro de la comunidad LGBTTTI, resulta indignante que el Congreso de Yucatán priorice sus creencias personales por encima del bienestar de la sociedad.

Desde lo legislativo no podemos caer en la discriminación contra las identidades y preferencias sexuales de nadie
Lucía Riojas Diputada sin partido

Con la votación en secreto y la negativa del matrimonio igualitario, las autoridades de Yucatán revelan que no están dispuestos a dar la cara por una decisión que toman desde el lugar político, se les olvida que representan a personas y no sus intereses ni sus creencias o valores entre comillas ‘morales’, esa votación en secreto muestra que no tienen la intención de luchar por los derechos de todas las personas”, sentencia.

La diputada sin partido enfatiza que la importancia de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo es respetar la libre determinación de cada individuo al decidir a quién amar y sobre todo, si así lo desean, lograr casarse en libertad.

“Aún no se entiende que negar el matrimonio igualitario marca un piso de desigualdad pues solo las personas que tienen los recursos económicos para buscar quién les ayude a poner un amparo podrían lograrlo y es muy desafortunado. Si vemos meramente el matrimonio como institución ahí pasan muchos derechos por ejemplo la seguridad social, acceder a una pensión, a una guardería y eso se les puede negar solamente por no estar avalados con un papel”, comenta.

Riojas considera que no solo el Congreso de Yucatán sino todos los poderes legislativos locales deben ponerse a la altura de este tiempo y garantizar de manera urgente la igualdad para todas las personas y su derecho a decidir casarse sin importar su preferencia o identidad sexual.

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