El juicio mercantil que va perdiendo Comercializadora GC, propietaria de un piso en Reforma 222, acerca cada vez más la empresa a la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo.

Lo que se ha descubierto a partir de estas deudas y sus apoderados, podrían dar la clave de en dónde se ha “lavado”  el dinero desviado del SNTE y por lo que La Maestra enfrenta un juicio desde febrero del año pasado. Para esto se ha tejido un gran entramado de empresas. 

En el caso de GC, Francisco Yáñez Herrera endosó tres pagarés por 6.5 millones de pesos, lo que dio origen a un  pleito judicial. 

Tres días después tres de los abogados que defienden a La Maestra en su juicio penal, fueron inscritos como apoderados legales de GC.

Ellos pertenecen al despacho Del Toro Carazo, con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México, el cual ha llevado el caso del juicio de Gordillo desde marzo del año pasado.

La defensa de estos abogados se suma a otro nexo de la Comercializadora GC con la familia de la exdirigente sindical.

La agencia de viajes Bel-Air, ubicada en las oficinas propiedad de la otra empresa de los Gordillo, Inmobiliaria Galilei, en la planta baja  de Reforma 295, fungiría como parapeto para la dirección fiscal de la dueña de los departamentos en el condominio de Reforma 222.

Esta agencia de viajes ha tenido 134 contratos en los últimos siete años con dependencias federales, lo que han generado ventas por 99 millones de pesos.

Los casos más mediáticos 

Casos más cubiertos por medios del despacho de Marco Antonio del Toro Carazo 
> Napoleón Gómez Urrutia
(contra extradición) 

> Vicente Fox Quesada
(difamación) 

> Pemexgate
(funcionarios implicados) 

> Grupo Carso

> Carlos Cabal Peniche
(contra extradición) 

> Director general de Los Pinos
(caso “Toallagate”)

Defensor de indefendibles

Cuando Elba Esther Gordillo ajustó su defensa legal a mediados de marzo del año pasado, nombró como su principal defensor a Marco Antonio del Toro Carazo.

Él defiende  a Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada derivados del supuesto desvío de mil 978 millones de pesos de las cuentas del SNTE. 

Tres meses después de asumir la defensa legal de Gordillo, el representante legal de Comercializadora GC, Jesús Rodríguez Millán, designó a Del Toro como apoderado de la compañía que había comprado 11 departamentos en Reforma 222 por 25.7 millones de pesos en diciembre de 2010.

Ese mismo día se inscribieron también como apoderados a Luis Ricardo Chávez Coronado y Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, ambos socios del despacho Del Toro Carazo.

La defensa de los departamentos en Reforma 222 es aparte de la personal de La Maestra, por lo que el despacho cobra 105 millones de pesos de honorarios, más 100 mil pesos mensuales, según datos que publicó La Jornada en agosto del año pasado.

Estas propiedades, además del avión embargado por la PGR con valor de cuatro millones de dólares (54 millones de pesos), son las únicas conocidas hasta ahora registradas en la Comercializadora GC.

El mismo día se inscribieron también como apoderados tres litigantes del despacho Tiburcio Abogados, especializado en fiscal y administrativa, que tienen una alianza con Del Toro Carazo.

Los abogados registrados de este segundo bufete fueron: Arturo Tiburcio Tiburcio, Mauricio Reynoso Galván y Francisco Palmero Rivera Cambas, quienes tienen poder legal para pleitos, cobranzas y actos de administración, de acuerdo con los registros del Registro Público, de los que este diario tiene una copia.

En febrero de este año el despacho Del Toro Carazo también fungió como representante del exesposo de Gordillo, Francisco Arriola Urbina, en la solicitud de un amparo contra su implicación en el caso de la exlideresa, según publicó el semanario Zeta.

En el mismo lugar, Bel Air

La notificación del juicio ejecutivo mercantil que interpuso el abogado Alexis Orta Salgado contra Comercializadora GC por el cobro de los tres pagarés, que suman 6.5 millones de pesos, también reveló conexiones con la agencia de Viajes Bel-Air, empresa vinculada a Gordillo. 

El 6 de agosto del año pasado el secretario actuario del juzgado 31º del Tribunal Superior de Justicia del DF, Horacio Salazar Castillo, fue a la dirección fiscal que tiene registrada Comercializadora GC ante Hacienda: la planta baja de Reforma 295. 

Acudió para notificarles que el 18 de junio Orta Salgado había interpuesto el juicio ejecutivo mercantil para cobrarles el monto de los pagarés.

En el lugar respondió como empleada de la comercializadora Adriana Rivera Sitjá, quien recibió la notificación y escribió en el acta que “no sabe del adeudo y no es la persona autorizada”, de acuerdo con la copia de la diligencia obtenida por Reporte Indigo. 

El perfil en Linkedin de Rivera indica que trabaja desde febrero del año pasado como asesora en viajes corporativos en Viajes Bel-Air, una agencia que también tiene su domicilio en la planta baja de Reforma 295.

En Viajes Bel-Air sí dan cuenta de su existencia, a diferencia de GC, que la seguridad del local reporta como que “ya no radican allí”. 

La agencia de viajes ha sido también relacionada con Gordillo en investigaciones periodísticas de los últimos seis años, como parte del entramado de empresas mediante las cuales se desviaban recursos del SNTE.

La compañía fue registrada en mayo de 1989. Su objeto es la “reservación, expedición y ministración de pasajes aéreos y otros servicios del ramo turístico”.

El Informe Anual de Ingresos Totales y Gastos Ordinarios para 2006 -elecciones en las que resultó electo Calderón con el supuesto apoyo de Gordillo- que registró el IFE, muestra que los mayores gastos del Partido Nueva Alianza fueron a estas dos compañías.

Ese año el Panal pagó 6.2 millones de pesos a Comercializadora GC y 2.7 millones a Viajes Bel-Air.

Comercializadora GC fue dada de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en noviembre de 2011, Viajes Bel-Air sigue activa. 

En los últimos dos sexenios ha tenido 134 contratos con el Gobierno Federal. La mayoría, 117 de ellos, han sido firmados entre 2013 y 2014 con la Casa de Moneda de México.

Los contratos más onerosos se firmaron por 18.6 millones de pesos en 2007 con Banobras, por 38.5 millones de pesos en 2008 con la Secretaría de Salud, 6.6 millones en 2009 y 2011 con Banjército.

En la indagatoria para el cobro de los pagarés hasta ahora no aparece ningún documento que haga referencia a Viajes Bel-Air. El caso podría llegar a ellos si se declara a GC en concurso mercantil, solicitud que ya está en preparación por parte del Bufete Capital.

Contratos de Bel Air pagados por dependencias

2007
> Banobras
18.6 millones de pesos
Reservación y expedición de boletos aéreos

> Banjército
3 millones de pesos
2008

> Secretaría de salud
26.5 millones de pesos
Gestión de pasajes aéreos
Licitación pública nacional

> Cofepris
12 millones de pesos

> Banjército
1.7 millones de pesos

2009
> Banjército
3 millones de pesos
Servicio de agencia de viajes

> Secretaría de Turismo
6.4 millones de pesos

2010
> Secretaría de Turismo
7.9 millones de pesos

2011 
> Banjército
3.6 millones de pesos
Prestación de servicio de agencia de viajes

> Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
5.6 millones de pesos

2014
> Función Pública
4.5 millones de pesos
Reservación y adquisición de pasajes aéreos

> Fondo Nacional de Habitaciones Populares
5 millones de pesos