El Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, el órgano del Sistema Estatal Anticorrupción que está a cargo de imponer las sanciones en los casos graves de corrupción, apenas ha emitido cuatro sentencias en lo que lleva de existencia, una de ellas condenatoria, según registros oficiales.

La transformación del antiguo Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) en el actual Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se dio el 1 de enero de 2018, por lo que está por cumplir tres años de funcionamiento.

De acuerdo con los magistrados presidentes de las Salas Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Sexta del Tribunal, hasta ahora han recibido 49 casos de presunta corrupción de las distintas dependencias y organismos estatales y municipales, de los que solo el 8.1 por ciento han llegado a sentencia (cuatro), considerando tres resoluciones absolutorias y solo una en la que sí se habría confirmado la responsabilidad del acusado.


En estos registros no se incluyen las labores de la Cuarta Sala, pues su magistrado presidente, Armando García Estrada, se negó a transparentar la información, pese a que lo ordenó el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITEI), en el recurso de revisión 1930/2020

En su artículo 4, punto 2, la Ley Orgánica del TJA señala que este órgano tiene competencias en combate a la corrupción, tratándose tanto de servidores públicos como de particulares externos a los gobiernos.

Por lo tanto, el TJA funge como el último eslabón del Sistema Estatal Anticorrupción cuando los expedientes implican únicamente sanciones administrativas, pues en caso de ameritar castigos de índole penal, deberá entrar en juego también la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La evolución del TAE en el actual TJA fue difícil, pues aquel ente estuvo involucrado en múltiples señalamientos de presunta corrupción. De hecho, dos de los magistrados que hoy forman parte del TJA, García Estrada y Alberto Barba Gómez, tuvieron cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el 2019.

Labores anticorrupción

El magistrado Horacio León Hernández, presidente de la Primera Sala del TJA, señaló que en el periodo 2018 a 2020 ha recibido 10 casos de presunta corrupción, de los que solo uno ya llegó a sentencia, aunque absolutoria: el expediente 1/2018, contra Gabriel Suárez López, oficial de Protección Civil de Tlajomulco, pues “se determinó la inexistencia de Responsabilidad Administrativa, al no haberse probado la falta”.

Del resto de los expedientes uno ya fue archivado, seis siguen activos y dos fueron remitidos a otras instancias. El caso que ya fue archivado, con clave 4/2019, involucraba a Jaime Quezada Figueroa y José Gómez Navarro, subdirector de Bienes y Suministros y jefe de Sección de Adquisiciones, respectivamente, del SIAPA, sin embargo, el 23 de abril de 2019 “se determinó que la falta imputada no encuadra en las consideradas como graves”.

Por su parte, el magistrado Laurentino López Villaseñor, al frente de la Segunda Sala, reportó la recepción de 11 casos de corrupción, de los cuales solo uno llegó a sentencia, pero absolutoria. Se trata del expediente 07/2019 FG-SEA, contra el exdirector de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Godínez Castellanos, pues “la autoridad investigadora no logró acreditar la totalidad de los elementos del tipo que configuran las faltas administrativas imputadas”.

Del resto de los expedientes tres ya fueron archivados y siete siguen activos, incluyendo el caso 5/2020 FG-SEA, contra el gerente de Material Rodante del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Francisco Estrada González.

Improductividad y corrupción

El magistrado presidente de la Tercera Sala, Juan Luis González Montiel, reportó 10 casos de presunta corrupción, con un récord hasta ahora de cero sentencias. El resto incluye un expediente que “se ordenó devolver (…) al tratarse de una falta no grave”, además de nueve activos.

Entre estos el expediente 5/2019 FG-SEA, contra el exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada; el 7/2018 FG-SEA, contra la exdiputada, María del Refugio Ruiz Moreno; y dos expedientes que estarían relacionados con el programa estatal “A Toda Máquina”, en el que se presume que hubo corrupción.

El 6/2019 FG-SEA contra Luis Arturo López Sahagún, director general de Abastecimientos y Raymundo Andrade Beltrán, director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, ambos de la Secretaría de Administración de Jalisco; y el 8/2019 FG-SEA, contra Rosa Raygoza Rivera, representante de la firma Avancap.

El magistrado que preside la Quinta Sala, Adrián Joaquín Miranda Camarena, reportó 10 casos atendidos, con dos resoluciones, una absolutoria que es el Expediente 9/2019 FG-SEA, contra Adrián René Ramírez López, oficial del Registro Civil de Guadalajara; y otra que sí habría sido condenatoria: el expediente 21/2019 FG-SEA, contra “un particular”, en el que existe “recurso de apelación promovido por el presunto particular responsable”.


Las Salas Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Sexta del Tribunal han recibido 49 casos de presunta corrupción de las distintas dependencias y organismos estatales y municipales

Del resto de los casos hay cuatro activos y cuatro archivados o sobreseídos, incluyendo el 9/2020 FG-SEA contra la exdiputada Anahí Olguín Rojas, catalogado “en archivo vivo, al haberse remitido un recurso de reclamación a la sala superior promovido contra el auto que desechó sus pruebas”.

Finalmente, el magistrado presidente de la Sexta Sala, Barba Gómez, reportó ocho casos de presunta corrupción, con cero sentencias, uno en el que “no se admitió competencia” y siete activos.

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