Pasaron 16 largos años para que Valentina Rosendo Cantú por fin encontrara la justicia, que había clamado junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, después de que en 2002 un par de soldados abusaran sexualmente de ella mientras lavaba su ropa en un río de la comunidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec, Guerrero.

Por este delito, el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en el estado de Guerrero, emitió una sentencia de 19 años de cárcel contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, quienes enfrentan acusaciones por violación y tortura en contra de Valentina, quien en ese entonces tenía 17 años de edad. En la sentencia se llama a los militares a que paguen la reparación del daño.

En conferencia de prensa, la mujer agradeció a la gente “que desde hace 16 años me creyó y me siguió para escribir mi verdad”. Valentina dijo sentirse “muy contenta” con la sentencia pues superó trabas que el gobierno mexicano le impuso.


“Yo camine ocho horas para ir a buscar justicia. Yo tuve que salir de mi pueblo. Yo tuve que aprender español hace 16 años y ahora entiendo mi expediente”, destacó Valentina.

Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que el fallo reconoce las múltiples dimensiones de discriminación que sufren las mujeres, en especifico las indígenas, en un contexto de desigualdad estructural en México.

Jarab, reconoció que la tortura sexual “es algo que se ha practicado en México como una forma exacerbada en contra de las mujeres. Asimismo, dijo que el caso de Valentina Rosendo Cantú no ha sido el único en donde elementos del Ejército Mexicano han incurrido a dichas violaciones.

Una larga lucha

El caso de Valentina e Inés Fernández Ortega, otra indígena que también fue violada en 2002 por soldados del Ejército Mexicano, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que encontró culpable al Estado mexicano por estos hechos.

Los militares (cuatro en total, contando a los que agredieron a Inés Fernández) enfrentaron su proceso en prisión. Antes de eso pertenecían al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano desplegado en la Sierra de Guerrero.

La Corte Interamericana detalló que Valentina fue atacada por ocho soldados, dos de los cuales abusaron sexualmente de ella a a las orillas de río, mientras seis más le apuntaban con sus armas, se burlaban y la amenazaban.


La agresión se dio después de que los militares se le acercaran para “interrogarla” sobre la presencia de encapuchados en la región.

Un mes después de la agresión, soldados integrantes del mismo Batallón agredieron a Inés Fernández Ortega, de 25 años, cuando tres de ellos ingresaron a su domicilio, sin orden de cateo, en el poblado de Barranca Tecoani, para interrogarla sobre el paradero de su marido y el supuesto hurto de carne que se estaba secando al sol.

En ese entonces (marzo de 2002) uno de los militares que ingresó al domicilio violó a la mujer indígena ante la mirada de los otros dos quienes no hicieron nada pese a los gritos de auxilio de la mujer.

En el caso de Valentina, tras levantar una denuncia ante un Ministerio Público de Morelos, un Tribunal Militar, al que se turno el asunto resolvió que no se había acreditado la comisión de delito alguno por parte de personal militar por lo que devolvieron el expediente al fuero ordinario.

Fue hasta 2009, con la entrada de la CIDH en el caso, cuando la justicia se empezó a hacer viable para la indígena a la cual el gobierno mexicano le ofreció una disculpa en 2011 en voz del secretario de Gobernación Alejandro Poiré, quien reconoció que el Estado mexicano sí fue responsable violar sus derechos humanos.