La guerra por la Ley de pueblos originarios
Habitantes de los pueblos originarios acusan que la nueva iniciativa que está en proceso va en contra de los derechos que han ganado; pero legisladores niegan atropellar sus garantías
David MartínezEl proceso para concretar una nueva la Ley de Pueblos Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México está en marcha.
Pero con el proyecto han surgido las críticas sobre la presunta restricción de la consulta pública para decidir sobre sus demarcaciones.
Actualmente, los pueblos pueden organizar la consulta libremente con ayuda de las instancias electorales locales.
La importancia de esta norma reside en que en la capital hay alrededor de 150 pueblos originarios repartidos en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco. Cuauhtémoc solo alberga uno.
Además, en la Ciudad de México, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 2015, viven 785 mil personas pertenecientes a comunidades indígenas
Pero la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco acusa que el proyecto de dictamen de ley que presentó el 12 de junio la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Chávez, pretende dejar en manos de las autoridades la decisión de consultar o no a las comunidades.
De acuerdo con los vecinos, el más preocupante de los artículos es el 26.
“Las medidas administrativas o legislativas podrán ser sometidas a consulta en los siguientes supuestos: I. Por decisión de la autoridad responsable de la medida administrativa o legislativa (…) III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes pueden solicitar el cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad competente”, señala el documento en el artículo referido.
Alejandro Velázquez, abogado de la coordinación, dice que esos apartados de la propuesta de ley son inconstitucionales.
Cuando decimos que es un derecho la consulta, es porque los pueblos pueden exigir su ejercicio, lo tienen que hacer sí o sí, pero ahora se hace un criterio restrictivo para que cuando la autoridad quiera, pueda hacer la consulta
El texto también estipula que no serán objeto de consulta las acciones en materia fiscal, presupuestal, penal, protección civil, seguridad ciudadana y nacional; así como los trámites ni la estructura orgánica y funcionamiento de los poderes públicos.
Velázquez menciona que el artículo 27 parece que busca dotar a las autoridades locales de las alcaldías de la facultad para diseñar los órganos o mecanismos para las consultas.
“1. Las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán órganos técnicos en materia de consulta o mecanismos de coordinación para cumplir con las disposiciones del presente capítulo. El órgano técnico de consulta tendrá por objeto determinar la aplicabilidad, materia y procedimiento de la consulta, así como resguardar la información generada, realizar los informes pertinentes y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados”, refiere el texto.
Respecto al artículo 29, la coordinación observa que el proyecto legislativo indica que solo se consultará a los habitantes de los pueblos respecto a “afectaciones graves” de sus derechos.
“Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de los sujetos de consulta en el caso de medidas que implican afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas o que ponen en riesgo la supervivencia de un pueblo, barrio o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el Derecho Internacional”, dice el documento.
Otro punto que la organización considera preocupante, es el tema del padrón de panteones con el cual se pretende crear un registro de los que son comunitarios, contenido en el artículo 51.
“Las autoridades de la Ciudad reconocen la existencia de los panteones comunitarios, integrarán un padrón los mismos y establecerán los reglamentos correspondientes, respetando su autonomía y garantizando el derecho de inclusión de todas las personas de los pueblos y barrios”, señala el artículo referido.
El representante legal de la coordinación considera que esto da la facultad al Gobierno de definir cuáles panteones pertenecen a las comunidades y cuáles no, lo que es violatorio de sus derechos.
Por estos artículos y apartados, considera que la ley va en retroceso de los derechos que han ganado y son reconocidos internacionalmente.
En la capital hay alrededor de 150 pueblos originarios repartidos en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Cuauhtémoc
Niegan atropellar derechos de pueblos oroginarios
La diputada local, Guadalupe Chávez, niega que el proyecto de dictamen de ley permita que el Gobierno capitalino atropelle los derechos de los pueblos originarios.
“Es un mandato constitucional y dice que todos los pueblos deben ser consultados y el Gobierno tiene que consultarlos”, señala.
La legisladora añade que los derechos no se expanden ni se restringen, ya son parte de los pueblos, barrios originarios y comunidades residentes. “El pueblo es el que manda”, menciona Chávez.
Actualmente el proyecto está en un proceso de consulta para sumar las observaciones de los involucrados, explica.
La consulta está en la fase informativa donde reparten a las comunidades copias del proyecto de dictamen para que sea revisado por sus habitantes.
“Durante la tercera fase, la deliberativa, van a proponer y observar el proyecto en sus asambleas organizadas por sus comunidades”, explica respecto al periodo del 16 de agosto al 6 de septiembre.
Posteriormente, el Congreso recibirá las observaciones. Una vez terminado este paso, se sistematizará la información otorgada por la población, se integrarán los acuerdos y quedará la constancia de los desacuerdos.
Por último, el 22 de noviembre se presentará al pleno del Congreso de la capital la iniciativa para ser votada y en su caso, aprobada. Chávez refirió que se ha reunido con los pobladores y habitantes que la han buscado para intercambiar opiniones de la propuesta legislativa.
Asimismo, afirma que aún no ha tenido contacto con la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco; sin embargo, la invita a participar en este proceso de consulta.
