La guerra de los poderes
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia demandaron al Congreso del Estado de Nuevo León por no atender su solicitud de legislar para obtener una pensión vitalicia.
Documentos en poder de Reporte Indigo señalan que el poder Legislativo recibió el oficio girado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se le notifica de la controversia constitucional interpuesta en su contra.
Melva FrutosLa Controversia Constitucional promovida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, tiene fecha de emisión del pasado 17 de febrero
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia demandaron al Congreso del Estado de Nuevo León por no atender su solicitud de legislar para obtener una pensión vitalicia.
Documentos en poder de Reporte Indigo señalan que el poder Legislativo recibió el oficio girado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se le notifica de la controversia constitucional interpuesta en su contra.
El escrito de la Controversia Constitucional 18/2016 promovida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Carlos Emilio Arenas Bátiz, y con fecha de emisión del 17 de febrero de 2016, señala que el litigio es por la omisión del Congreso local a atender la solicitud de pensión o haber de retiro.
“Se demanda que el poder legislativo del Estado de Nuevo León ha incurrido en una violación directa de lo establecido por la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por omisión de respetar, proteger y garantizar mediante ley el haber a pensión de retiro para los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León”, detalla el documento.
Lo que demandan
El 11 de mayo del 2012, colegios de abogados presentaron una iniciativa de reforma a la constitución de Nuevo León, quedando registrada bajo el expediente legislativo 7391/LXXII, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad Pública.
Los magistrados han solicitado un “haber” por el 100 por ciento del salario, que ronda los 120 mil pesos mensuales, durante el primer año, el 90 por ciento por el segundo, el 80 por ciento durante el tercero y el 70 de manera vitalicia, que además sería trasladable a la viuda y los hijos.
Cabe mencionar que el nombramiento de los magistrados del TSJ es por un periodo inicial de diez años y al término pueden ser ratificados, previa opinión del Consejo de la Judicatura, para un nuevo periodo igual, hasta completar los 20 años previsto en la Constitución.
Según la Carta Magna, una vez terminada su función como magistrados, no pueden trabajar como abogados cuando menos por los siguientes tres años.
La prestación que reclaman estaría sujeta a una antigüedad de 20 años, y se pagaría de manera proporcional a quien no cumpliera el requisito.
Preocupa la tardanza
A dicha petición se sumaron más abogados, cuando el 28 de mayo del 2012 presentaron otra iniciativa, que se registró en el expediente legislativo 7402-LXXII y que también fue turnada a las mismas Comisiones.
De acuerdo con la versión de los demandantes, los expedientes de las iniciativas de reforma para obtener una pensión vitalicia permanecieron congelados por más de dos años consecutivos.
En la controversia presentada se especifica que el 10 de junio del 2014, el TSJ de Nuevo León presentó una nueva iniciativa de reforma que vendría a complementar a las anteriores.
Pero el Congreso del Estado de Nuevo León no formó un nuevo expediente, si no que lo anexo al expediente legislativo 7402/LXXII, turnándolo a las mencionadas Comisiones.
“En periodo extraordinario, el 16 de junio del 2014 acordó admitir el dictamen para su discusión, por mayoría de 30 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
“En consecuencia el presidente ordenó a la secretaria elaborar los extractos de las discusiones suscitadas y mandarlas a publicar en el periódico oficial del Estado de Nuevo León”, señala la Controversia Constitucional.
La demanda asegura que todo el proceso ha tomado más de tres años y medio y no ha sido concluido.
“A pesar de que existe la obligación constitucional del H. Congreso del Estado Nuevo León de legislar sobre el haber o pensión de retiro para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia como componente directo de las garantías constitucionales de la función judicial”.
El TSJ argumentó que el Legislativo ha incurrido en una violación directa de lo establecido por la Fracción III del Artículo 116 de la por omisión de respetar proteger y garantizar mediante Ley, el haber a pensión de retiro para los Magistrados.
Fueron notificados de dicha controversia los poderes Legislativo, Ejecutivo y el secretario general de Gobierno.
A los 16 magistrados de Nuevo León les preocupa la tardanza porque, según expresan en la controversia, al aprobarse su petición, ésta no tendrá efectos retroactivos y algunos de ellos ya están por cumplir los 20 años, incluso, este año.
En enero de este año legisladores locales mantenían división de opiniones, mientras algunos descartaban añadir el tema a su agenda legislativa, otros admitieron analizarlo.
Por su parte Manuel González, secretario general de Gobierno, declaró que los magistrados podrían recibir una pensión sólo por los años que se les prohíbe trabajar.
