El Gobierno de Jalisco optó por crear sólo una nueva unidad para el combate de la trata de personas en la entidad y no toda una Fiscalía Especializada en la materia, pese a que esta última habría contado con mayores recursos humanos y técnicos para la persecución de ese delito.

El pasado 12 de febrero el fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, formalizó la habilitación de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas que pone en desventaja a Jalisco frente a los estados que ya cuentan con Fiscalías enteras sólo para afrontar las múltiples formas de explotación que se ejercen bajo ese ilícito.

Según el más reciente informe de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas 2016, publicado el 8 de marzo pasado por la Secretaría de Gobernación, hay 11 estados que operan Fiscalías Especializadas contra ese delito, como la Ciudad de México, además del caso de Coahuila que tiene toda una Subprocuraduría para ello, pero Jalisco no formará parte de ese grupo de avanzada.

5

años sin crear una Fiscalía Especializada contra la trata tiene Jalisco

La determinación por crear solo una Unidad contra la trata se aparta además de lo dispuesto por la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, que exigía la creación de una Fiscalía Especializada, según el artículo cuarto transitorio que dice:

“Treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Procuraduría (…) deberá realizar las acciones necesarias para la creación de la Fiscalía Especializada a que se refiere la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas”.

La Ley local entró en vigor el 30 de noviembre de 2012, así que el incumplimiento en la creación de una Fiscalía Especializada contra la trata se ha mantenido por más de cinco años, y ya sin visos de que el actual gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz pretenda subsanarlo.

La trata en Jalisco y sus modos de explotación como el sexual y laboral se pasan aún por alto pese a indicadores que apuntan a un alto nivel de incidencia. Tan solo en 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ubicó a Jalisco como el segundo estado del país donde halló a más víctimas de trata, con 36.

Crímenes entrelazados

La creación de una Fiscalía Especializada contra la trata le habría ayudado al Gobierno de Jalisco a fortalecer la búsqueda de desaparecidos, ahora que enfrenta una crisis en ese sentido, pues existen múltiples advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre los vínculos que hay entre ambos fenómenos.

El informe “La Desaparición Forzada en México: una Mirada desde los Organismos del Sistema de Naciones Unidas (NU)”, de 2015, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las NU para los Derechos Humanos, señala que las desapariciones en la región ocurren en múltiples contextos.


Con una Fiscalía Especializada en la materia la entidad tendría más recursos humanos y técnicos contra este delito

“Sólo tenemos que pensar en las desapariciones llevadas a cabo por los grupos del crimen organizado y los cárteles de la droga en México, en muchos casos con la colaboración de funcionarios del Estado. O las desapariciones en contextos de inmigración irregular, trá- fico o trata de personas”, dice el documento.

También está la “Denuncia General dirigida al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre la Condición de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Desaparición en México”, de 2017, de grupos como la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Ahí se cuestionan los mecanismos del Estado mexicano para atender la desaparición de niños, niñas y adolescentes: “dichos mecanismos siguen operando en el orden local sin tomar en cuenta que cada vez más las desapariciones de personas menores de edad se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada y a delitos federales como la trata de personas, así como los delitos donde agentes del Estado están implicados, ya sea por una responsabilidad de acción u omisión”.

En el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) publicado en 2017 se indica que una parte de los 99 acuerdos de recompensas emitidos en 2016 por la Procuraduría General de la República (PGR) para buscar desaparecidos, están ligados a trata.

“De éstos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) publicó 15 acuerdos por información que condujera a la localización de mujeres desaparecidas, así como por la recepción de información que condujera a la aprehensión de los presuntos responsables de delitos relacionados con la desaparición”.

Delito invisible

El informe 2016 de la Comisión Intersecretarial contra la Trata publicado por Secretaría de Gobernación (Segob) en marzo pasado exhibió la pobre capacidad del Gobierno de Jalisco para perseguir ese delito, y si bien pudo corregirlo mediante una nueva Fiscalía Especializada para ello no lo hizo así.

El documento indica que en 2016 los estados de todo el país abrieron en 340 averiguaciones y carpetas de investigación por trata. Y que Jalisco se ubica entre los de peor rendimiento con solo dos, igual que Aguascalientes, Baja California Sur y Veracruz. Solo hay cinco estados con una productividad aún más baja: Colima, Durango, Nayarit, Sonora y Yucatán, con cero pesquisas.

En cambio, los estados que más combaten la trata son Chiapas, con 77 indagatorias; Edomex, con 33; y CDMX, con 29. Y mientras Jalisco no reportó una sola víctima de trata atendida en 2016 la CDMX llegó a 361, Edomex a 85 y San Luis Potosí a 63.

En todo 2015 el Gobierno de Jalisco no abrió una sola investigación por trata, en 2016 dos, en 2017 una y en 2018 no lleva nada, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2016 la PGR abrió 199 indagatorias por trata en todo el país y Jalisco ocupó el cuarto estado con más al tener siete, al igual que Baja California y solo detrás de CDMX, con 125; Edomex, con 11; y Guanajuato, con ocho, indica la Comisión Intersecretarial.