La era oscura, manejo de cadáveres y tráiler de la muerte
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene abiertas seis carpetas de investigación contra la gestión que encabezó Luis Octavio Cotero en el Forense del estado; entre las anomalías detectadas está el caso del “tráiler de la muerte”, la entrega irregular de cuerpos a universidades y el hallazgo de cadáveres y ropa de víctimas sin registro
Luis HerreraLa Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco tiene abiertas seis investigaciones contra la gestión que encabezó Luis Octavio Cotero Bernal, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), un periodo que quedó marcado por el escándalo del “tráiler de la muerte” que le dio la vuelta al mundo.
Cotero Bernal fue el titular del IJCF durante la mayor parte del sexenio que gobernó el exmandatario Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), hasta que fue cesado en septiembre de 2018 tras el hallazgo de un tráiler abandonado en un predio a la intemperie con 273 cuerpos que habían sido extraídos de la morgue de esa institución.
273
Aunque una de las indagatorias que tiene abierta la Fiscalía Anticorrupción contra la gestión de Cotero Bernal deriva precisamente del episodio del “tráiler de la muerte”, esta no es la única irregularidad que se tiene detectada en dicho lapso; así lo señala el fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, en el informe FECC/218/2020 que dirigió al Congreso local:
“En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado a mi cargo, actualmente se encuentran en trámite seis investigaciones relacionadas con las irregularidades detectadas en el IJCF, relacionadas con la falta de aplicación de protocolos de identificación de personas y el resguardo de personas fallecidas sin identificar en cámaras frigoríficas, durante el ejercicio del licenciado Luis Octavio Cotero Bernal, como director general del Instituto en cita”.
Entre las otras anomalías que son investigadas por la Fiscalía sobre la gestión de Cotero Bernal al frente del IJCF está el hallazgo de cadáveres en manos de ese organismo que carecían de registro y de expedientes de identificación debidamente elaborados, el descubrimiento de bolsas con indumentaria de cuerpos que nunca se inventariaron y la entrega de “cuerpos a instituciones de educación sin cumplir con los requisitos legales”.
Cuerpos, ropa y universidades
Las primeras tres carpetas de investigación que expone el fiscal Anticorrupción en su informe del 11 de agosto, con las claves 34/2019, 37/2019 y 43/2019, hacen referencia al hallazgo de cuerpos que no recibieron los tratamientos adecuados por parte del IJCF.
(Son 69 cadáveres). De los cuales no obra ningún registro que sirva para vincularlos con carpetas de investigación, debido a que la etiqueta en la que se registran los datos se borró por efecto de los fluidos de descomposición de cada uno de los cuerpos, además de que no se integró correctamente el expediente con todos los peritajes correspondientes
En la carpeta de investigación 148/2019, por su parte, se indagan estos hechos: “Dentro de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) del IJCF se localizaron diversas bolsas de indumentaria de cadáveres sin registros, inventario o documento que avalara su existencia generando esto un peligro potencial en el área del Fluoroscopio del IJCF”.
De igual forma, en esa misma carpeta “se indaga que el anterior director del Semefo (Eduardo Mota Fonseca) no acudió al proceso de entrega-recepción que debía llevarse a cabo el 20 de noviembre del 2018 en las instalaciones de Semefo”. Además, “se entregaron cuerpos a instituciones de educación sin cumplir con los requisitos legales para entregarlos”.
Reporte Índigo ha documentado que el IJCF cedió 397 cadáveres de personas no identificadas a universidades privadas de Jalisco y a la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el periodo 2009-2018, cuya disposición final ignora por completo.
“Tráiler de la muerte”
La carpeta de investigación 184/2019 aborda el caso del “tráiler de la muerte”, y del cual hoy se cumplen dos años, pues fue en la noche del 14 de septiembre de 2018 cuando ese frigorífico con 273 cuerpos fue abandonado en un predio de Tlajomulco.
Así lo expone la Fiscalía: “Los hechos por los cuales se integra la carpeta de investigación en cita, versan respecto a que entre los días 14 y 17 de septiembre del 2018 se trasladó sin cumplir con las condiciones de conservación una caja refrigerante que contenía alrededor de 270 cuerpos de personas sin identificar (…). Siendo diversos servidores públicos y dirigentes del IJCF y FGE quienes participaron y ordenaron dichos traslados“.
Desde mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) concluyó que el episodio del “tráiler de la muerte” implicó una actuación ilegal de las autoridades, y que uno de los responsables directos fue Cotero Bernal (junto con ocho exfuncionarios más), según la recomendación 10-2019.
Por ello, llama la atención que, a dos años de distancia, el fiscal de la Cruz Tovar no ha ejercitado acción penal, así lo reconoce: “Entre los actos de investigación que se encuentran pendientes de realizar para poder determinar si resulta factible que el Ministerio Público ejerza acción penal, se encuentra obtener la información documental que corrobore lo manifestado por los testigos en las entrevistas”.
Y añade: “De igual manera, resulta necesario que se rinda el informe por escrito de la Fiscalía Estatal, así como el diverso informe por parte de las autoridades del OPD mediante el cual se infiera la indicación de retirar de las instalaciones del SMF el frigorífico que contenía cadáveres fue sin la autorización de la autoridad ministerial, o en su defecto del fiscal general, autoridad que por Ley y en atención al acuerdo interinstitucional, tenía la disposición de los cadáveres, mientras que el Semefo tenía la custodia legal de dichos indicios”.
La fiscalía acusa que en la gestión de Luis Octavio Cotero Bernal en el IJCF había cuerpos que no recibieron los tratamientos adecuados para su manejo
Finalmente está la carpeta 390/2019, en la que se indaga que: “El personal del OPD Hospital Civil de Guadalajara se percató de la existencia de los cadáveres de dos personas indigentes cuyas iniciales son F.M.M. y D.R., pero no se cuenta con documento que acredite su ingreso y defunción en dicho hospital, (…) tampoco se localizó expediente clínico, certificado de defunción ni documento alguno que por disposición de la Ley General de Salud debía habérseles realizado”.
