La deuda de oro
La millonaria deuda que reclaman las empresas ICA, Carso y Alstom al Gobierno del Distrito Federal obliga al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a dar la cara y a resolver el conflicto, convertido en demanda y heredado de su antecesor Marcelo Ebrard Casaubón, por los gastos de la línea 12 del Metro.
Aunque se intentó evitar que llegara a los juzgados, el Proyecto Metro del Distrito Federal elaboró un acta desde 2012 en la que se explican las causas que originaron los millonarios adeudos por obra pública, aunque buena parte de ellos no están documentados.
Icela Lagunas111
El pleito legal no pudo evitarse y hoy ICA, Carso y Alstom obligan al Gobierno del DF a responder ante un juez
La millonaria deuda que reclaman las empresas ICA, Carso y Alstom al Gobierno del Distrito Federal obliga al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a dar la cara y a resolver el conflicto, convertido en demanda y heredado de su antecesor Marcelo Ebrard Casaubón, por los gastos de la línea 12 del Metro.
Aunque se intentó evitar que llegara a los juzgados, el Proyecto Metro del Distrito Federal elaboró un acta desde 2012 en la que se explican las causas que originaron los millonarios adeudos por obra pública, aunque buena parte de ellos no están documentados.
En ese documento se detallan los reclamos de las empresas Ingenieros Civiles Asociados S.A de C.V (ICA) y Carso Infraestructura y Construcción S.A de C.V sobre las deudas del GDF por la construcción de “Obras Inducidas Subterráneas, Superficiales y Aéreas no contempladas en el contrato del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo”.
Reconocimiento de la deuda
Era el mes de mayo de 2012 y el lugar: las instalaciones del Proyecto Metro del Distrito Federal en avenida Universidad número 800, planta baja, colonia Santa Cruz Atoyac, en la delegación Benito Juárez.
A la cabeza de la reunión, el arquitecto Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles, recapituló el origen del proceso licitatorio para la construcción número 30001140-001-08 de la Línea 12 hasta llegar al millonario reconocimiento de adeudo, con promesa de pago.
“Con el fin de regularizar la ejecución de los trabajos realizados por “EL CONTRATISTA”… así como evitar situaciones que incidieran en la eventual exigencia del pago por la vía judicial”.
El pleito legal no se pudo evitar y hoy es una demanda de ICA, Carso y Alstom que obliga al GDF a responder ante un juez.
Antes de que las empresas constructoras recurrieran a la vía judicial para reclamar su pago hubo muchos intentos de negociaciones con la autoridad, ir y venir de oficios y contestaciones, circulares y múltiples modificaciones al contrato original.
El 17 de junio de 2008 se suscribió el contrato número 8.07CO01T2022 para ejecutar el “Proyecto a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac” del Metro, que comprendió estudios, análisis, anteproyectos, proyectos ejecutivos, construcción, instalaciones fijas, pruebas, marcha en vacío y puesta en servicio, así como capacitación, con un importe de 15 mil 290 millones de pesos más IVA.
En el documento se establecía un periodo de ejecución de mil 277 días naturales, con fecha de inicio 3 de julio de 2008 y conclusión el 31 de diciembre de 2011.
Nada de lo originalmente convenido se respetó, los montos del gasto, así como los tiempos de la entrega de la obra, se dispararon para las dos actores fundamentales, el gobierno y las empresas.
Seis meses después, en diciembre de 2008 se celebró el primer convenio modificatorio del contrato, a través del cual las partes convinieron prorrogar la ejecución de la obra, la cual se entregaría en abril de 2012 y no en 2011 como se dijo originalmente.
Además, como resultado de diversos problemas de índole social con los habitantes de la zona ubicada en los tramos de ESIME-Culhuacán a Barrito Tula, así como problemas técnicos en la Cervecería Cuauhtémoc, el proyecto presentó un cambio de trazado entre las estaciones La Virgen y Mexicaltzingo.
“Como consecuencia, el proyecto presentó cambios respecto a interferencias que se contemplaron en la oferta del licitante ganador, resultando necesidades diferentes en los alcances de las obras inducidas”, puntualiza el documento.
Para el 6 mayo de 2011 se celebró el convenio de reconocimiento de adeudos por la ejecución de los trabajos de construcción de las obras inducidas, subterráneas y aéreas no consideradas en el contrato.
Dicho reconocimiento de adeudo habla de 510 millones 855 mil 629 pesos por obras realizadas en el periodo de noviembre de 2008 a marzo de 2011 que el gobierno capitalino debía pagar de manera adicional a las empresas contratistas.
Luego, en octubre de 2011 se celebró un segundo convenio para reconocer otros adeudos por 110 millones 325 mil 966 pesos por el periodo de abril a agosto de 2011.
La deuda del GDF crecía, según la relatoría contenida en el acta circunstanciada.
En la misma se detalla que los alcances del contrato original, referente a las obras inducidas, se estableció que las interferencias de la Línea 12 del Metro que no estuvieran indicadas en planos y que no estuvieran en inventarios presentados, “no se consideraban como parte de los trabajos incluidos en la propuesta del Proyecto Integral, por lo tanto, se establecía que no se incluían en el precio alzado de su puesta”.
Sin embargo, para no entorpecer los trabajos y no afectar la programación del proyecto y para que Marcelo Ebrard lo inaugurará antes de terminar su administración, el contratista debía ejecutar los trabajos y conciliar “el pago de estas obras con el Gobierno del Distrito Federal”.
Fuera de plazo
Así las cosas, las empresas ICA y CARSO procedieron a ejecutarla para no entorpecer las obras civiles y continuar de manera interrumpida. Los tiempos se les venían encima. La fecha para que Marcelo entregara estaba próxima.
“Durante la ejecución del proyecto integral se presentaron diversas circunstancias de orden técnico y social en la realización de las obras inducidas, que requirieron ser atendidas de inmediato, a saber, durante la ejecución de los trabajos para liberar las interferencias, se localizaron instalaciones no indicadas en los planos proporcionados por el Gobierno del Distrito Federal ni relacionados por el contratista” .
Entre las interferencias que debían ser removidas para no dañarlas estaban: instalaciones de agua potable, de alcantarillado y drenaje, de energía eléctrica en alta, media y baja tensión; de servicios telefónicos y telecomunicaciones, de gas; así como los pertenecientes al Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, y de Pemex, entre otras.
Dado que los servicios anteriores son básicos para el desarrollo diario de las actividades sociales y económicas, la suspensión de los mismos, por periodos mayores a los estrictamente necesarios para su reubicación, afectaban y perjudicaban a los vecinos de la zona.
La circular 9 señalaba que si surgían dichas obras inducidas no contempladas, se debían ejecutar a fin de no entorpecer la construcción de la Línea 12.
“Es preciso aclarar que para la ejecución de estos trabajos, la empresa Alstom S.A de C.V no participó porque en el convenio de asociación conjunta que sirvió de instrumento para la participación de las tres empresas en el proceso licitatorio del proyecto integral, se describen los alcances y obligaciones de cada una de ellas, y se puede apreciar que ésta no ejecuta obra civil, sino únicamente desarrolla la actividad de sistemas, motivo por el cual no participa en la ejecución de los trabajos de obra inducida”.
Surge la demanda
Así, al margen de los reconocimientos de adeudo hacia las empresas, se habla de otras obras que no se incluyeron en dichos convenios, debido a que, aunque ya habían sido ejecutadas, se encontraban en proceso de integración de las pruebas documentales y revisadas por supervisión interna.
Debido a los montos, las deudas millonarias comenzaron a causar estragos en las empresas contratistas que, a través del escrito DGP/DEX/100/2012 del 23 de marzo de 2012, comenzaron a pedir al Proyecto Metro se reconociera el pago de los trabajos realizados no contemplados en la propuesta.
El tema de los adeudos, poco a poco, fue creciendo y también enturbiando los gastos proyectados para la megaobra más importante del sexenio de Ebrard Casaubón.
Ante el reclamo de pago, el Proyecto Metro solicitó a supervisión externa verificara que la exigencia de las empresas fuera acreditada con documentos.
Mediante el oficio GDF/SOS/PMDF/DCOC/SOAT/2012 Proyecto Metro notifica a las empresas contratistas que la supervisora externa estudiaría el reclamo por lo que debía coordinarse con dicha supervisora para la entrega de documentación. El 22 de mayo de 2012, según el documento, la supervisión de la empresa Ingeniería Automatización y Control Industrial (IACSA) manifestó que revisó la información de solicitud de pago de las empresas, la verificó y “presenta el dictamen de procedencia”.
Para llegar a esa conclusión transcurrieron algunos meses en los que las empresas comenzaron a hablar de demanda.
“Con el reclamo de los accesorios que esto pudiera generar en perjuicio del patrimonio de las administración pública del Distrito Federal, se considera procedente reconocer el adeudo y la obligación de pago a cargo de la administración pública del Distrito Federal por conducto del Proyecto Metro del Distrito Federal, a través de la formalización del instrumento jurídico por el que se reconozcan los trabajos ejecutados, previa verificación y supervisión de los mismos”.
Lo anterior bajo el razonamiento de que, si las empresas hubieran suspendido la realización de los trabajos por encontrarse con interferencias que no estaban contempladas, hubieran retrasado “los plazos comprometidos contractualmente, sin soslayar que tal circunstancia generaría diversos problemas de orden social, económico y político”, subraya el documento.
Ante este problema, las autoridades encontraron otro: que el reconocimiento de adeudos no se encuentra considerado en la Ley de Obras Públicas y Servicios, ni en su reglamento, por lo que fue necesario resolver de manera pronta y eficiente la solicitud de pago al contratista.
También advirtió la autoridad local que “de no reconocer los trabajos que ha realizado “EL CONTRATISTA” correría un riesgo de costos mayores en perjuicio del erario público del Gobierno del Distrito Federal, por un eventual procedimiento judicial de cobro por los trabajos realizados con sus diversos accesorios, lo que incrementaría de manera significativa el costo de la obra”, puntualiza.
Hoy, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se enfrenta a la demanda de ICA, Carso y Alstom por 4 mil millones de pesos por las obras adicionales a la línea 12 del Metro. Esa cifra total es la que dicen las empresas que se les adeuda, porque, segùn ellas, se hicieron más obras adicionales, aunque no hay constancia documental.
El consejero jurídico del GDF, José Ramón Amieva, ya prepara la respuesta que presentará ante el juzgado. Mancera Espinosa ha dicho que sí pagará.
Lo cierto es que la deuda que los empresarios ahora reclaman no es menor y ocasionaría un gran hoyo al erario capitalino.
¿Cuánto es en suma lo que se debe? La línea dorada vale su peso en oro.
Servicios básicos afectados
-Instalaciones de agua potable, de alcantarillado y drenaje
-Instalaciones de energía en alta, media y baja tensión
-Servicios telefónicos y de telecomunicaciones
-Suministro de gas
-Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, y de Pemex
