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La denuncia sigue su curso

Ángel Plascencia

A la fecha, los detenidos el 1 de diciembre tras la marcha organizada por el movimiento #YoSoy132GDL tienen problemas para salir de la ciudad. 

Su estatus los mantiene a merced de ser aprendidos si no firman a tiempo en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Jalisco, pues están en libertad bajo fianza. 

Tampoco les han sido entregadas las copias de sus expedientes, donde están asentadas las acusaciones que hacen algunos uniformados en su contra. 

Ni han sido citados para comparecer ante algún juez. 


Ene 20, 2013
Lectura 8 min

Conocer los nombres e identidades de los oficiales –qué también son servidores públicos- podría ayudar a armar el rompecabezas sobre lo que estuvo mal

Los videos en Internet que muestran a los detenidos, evidencian que la actuación de la autoridad fue arbitraria y eso se refleja en los procesos legales

A la fecha, los detenidos el 1 de diciembre tras la marcha organizada por el movimiento #YoSoy132GDL tienen problemas para salir de la ciudad. 

Su estatus los mantiene a merced de ser aprendidos si no firman a tiempo en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Jalisco, pues están en libertad bajo fianza. 

Tampoco les han sido entregadas las copias de sus expedientes, donde están asentadas las acusaciones que hacen algunos uniformados en su contra. 

Ni han sido citados para comparecer ante algún juez. 

Y es que las pruebas que existen para acusarlos son endebles, quizá por eso ninguna autoridad los ha vuelto a requerir. 

Los videos en Internet que muestran a los detenidos evidencian claramente que la actuación de la autoridad fue arbitraria y eso se refleja en los procesos legales de los detenidos. 

Hay inconsistencias básicas en las declaraciones de los oficiales, e incluso se dice que algunos nombres de los uniformados que participaron en el operativo no son los mismos de los que declararon. 

Simplemente la evidencia no da. 

Porque  la mayoría de los verdaderos responsables no han sido detenidos (véase ¿Se detuvo a los provocadores, publicado el 11 de diciembre de 2012 en Reporte Indigo) y el grueso de los que pasaron la noche en la PGJ son inocentes. 

Pero la investigación de la Procuraduría ha sido nula, todo se limita a las declaraciones de los oficiales. 

Uniformados que –en algunos casos- cometieron excesos y realizaron detenciones de forma arbitraria. 

Además las denuncias de Televisa y el PRI por los daños a sus instalaciones siguen su curso. 

Y la del Ayuntamiento de Guadalajara por daño a las patrullas, aunque ya se presentó el desistimiento, también sigue en proceso. 

Porque un error en la integración del expediente generó que el trámite no fuera aceptado. 

Resulta que el municipio se equivocó en el número de Agencia del Ministerio Público y en el número de denuncia, con lo que no se terminó de dar trámite al desistimiento. 

Pero al interior del movimiento existen inquietudes de que este error lleve a un retraso y por los plazos fatales de sus procesos, el desistimiento termine por ser un mero anuncio mediático y nunca se vuelva real. 

Y es que ha habido voces de actores políticos de oposición que les sugieren no hacer mucho ruido, ni manifestarse, ni declarar, en lo que se negocia con los denunciantes. 

Por eso otra inquietud entre varios de los que estuvieron detenidos es que se esté hablando de otorgarles un “perdón” por parte del PRI, Televisa o el Ayuntamiento. 

“No somos culpables, no queremos un perdón, ni queremos un acuerdo”, señalan indignados algunos de los detenidos. 

Otros, la mayoría, prefieren esperar a que termine el proceso. 

Pero la recopilación de videos y evidencia que los exime de culpa, ya se está realizando. 

El fin de semana pasado se reunieron en Puerto Vallarta varias asambleas del movimiento que existen en Jalisco. 

Uno de los temas a tratar fue la pertinencia de la presentación de estas pruebas ante la opinión pública. 

El silencio del #YoSoy132

A muchos sorprende que un movimiento que se generó en la búsqueda de la democratización de los medios, ahora guarde silencio. 

Y es que aunque hubo 25 detenidos el 1 de diciembre, solo alrededor de 15 pertenecían al movimiento principalmente estudiantil. 

Muchos de los que fueron aprehendidos “mientras pasaban”, no quieren saber más del tema y solo buscan que terminen sus procesos de manera favorable para ellos. 

Pero el resto se debate entre el silencio y la exposición de las irregularidades en la integración de sus expedientes. 

Y es que estas denuncias podrían servir como una suerte de Ley Mordaza. 

Porque al pedirles llegar a un acuerdo para el desistimiento de los otros denunciantes, o el otorgamiento del perdón, se estaría de alguna forma asumiendo la culpa. 

La idea es que, sino fueron responsables, no tendrían porqué recibir un perdón. 

Un perdón también podría significar su fichaje, a pesar de que muchos de los detenidos ni siquiera estuvieron presentes cuando sucedieron los desmanes a la afueras de Televisa y el PRI. 

Y quizá la mejor manera en que pueden limpiar su imagen, es acreditando su inocencia de una forma en que la autoridad no lo ha podido hacer con su culpabilidad. 

Presentando videos, señalando fechas, nombres, presentando testigos, subrayando inconsistencias. 

¿Quiénes participaron en el operativo? 

El secretario de Seguridad Ciudadana Carlos Mercado Casillas refirió en entrevista para este medio que los procedimientos contra policías que cometieron abusos, ya van avanzados. 

Y el regidor Salvador Caro dijo por su parte que ya fueron sancionados al menos ocho. 

Pero a la fecha el Ayuntamiento de Guadalajara no ha querido dar respuesta sobre la identidad de los uniformados. 

Reporte Indigo realizó una solicitud de información a la Unidad de Transparencia del municipio desde el 4 de enero, y a la fecha no se ha recibido respuesta. 

Ni siquiera se ha respondido negando la información. 

Y es que conocer los nombres e identidades de los oficiales –que también son servidores públicos- podría ayudar a armar el rompecabezas sobre lo que estuvo mal.

Pero el silencio del Ayuntamiento no ayuda. 

Tampoco la lentitud con la que la PGJ de Jalisco ha llevado las investigaciones. 

Algunos creen que podría prolongarse hasta la siguiente administración, cuando al frente de la Procuraduría ya esté alguien del nuevo gobierno. 

Lo cierto es que mientras tanto, aunque existen decenas de pruebas que muestran lo contrario, los detenidos siguen acusados de daños en las cosas y otros delitos por los que los verdaderos responsables no han pagado. 

Errores “dolosos”

Por Paloma Robles

Pese a que el alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández decidió dejar de lado la denuncia contra los detenidos por policías de su corporación en la manifestación del pasado primero de diciembre, el desistimiento aún no está acreditado.

El síndico municipal, Luis Ernesto Salomón Delgado cometió un par de pifias graves. Entre ellas cambiar el número de  Agencia del Ministerio Público y el número de expediente de la Averiguación Previa.

Esos errores podrían entorpecer aún más el proceso de los detenidos.

“A nosotros nos molestó mucho que el síndico presentara el desistimiento con errores dolosos”, manifestó el regidor de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Salvador Caro.

Cuestionado sobre la información que ha recibido al respecto, el regidor refirió que según el propio presidente el tema estaba siendo subsanado.

“Le están dando seguimiento a ese asunto y que el escrito está en vía de corregirse” contestó Caro Cabrera.

Tanto el PRI, la empresa Televisa y el Ayuntamiento de Guadalajara tramitaron denuncias penales en contra de quien resultara responsable de los daños a sus cosas.

Sin embargo hasta hoy el Ayuntamiento ha sido el único quejoso que retiró su acusación argumentando que no había elementos para inculpar a los detenidos.

En la denuncia la autoridad municipal exigía el pago de 65 mil pesos por daños patrimoniales a patrullas, placas y la desaparición de un radio de telecomunicación

No obstante lo anterior, los cuatro policías que resultaron heridos en la trifulca del primero de diciembre mantuvieron sus acusaciones.

Hasta hoy el Ministerio Público no ha emitido ninguna información respecto al estado que guarda el expediente de los detenidos.

Con la sanción a los policías y el retiro de la denuncia penal, el movimiento #yosoy132 tiene librada una parte del conflicto legal.

No obstante Televisa y el PRI mantienen sus acusaciones. Al respecto el regidor de Movimiento Ciudadano Salvador Caro, refiere que por ser un caso con tintes políticos la resolución tiene que darse de la misma forma.

Y exigir que tanto El PRI como Televisa declinen a su acusaciones.


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