La crisis de las universidades
En un contexto donde 10 universidades enfrentan crisis financiera y ponen en riesgo la educación de medio millón de estudiantes, Andrés Manuel López Obrador planea la apertura de 100 nuevas instituciones, ¿aprobará su proyecto o tendrá una calificación en números rojos?
Laura Islas[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_izs21pyp” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
La educación de más de medio millón de universitarios está en riesgo en México. La falta de dinero en 10 universidades públicas para pagar salarios y aguinaldos de académicos y administrativos ocasionó que el 29 de octubre se hiciera un paro de 24 horas para exigir mayores recursos, al que se unieron en total 14 instituciones, cuatro de ellas en apoyo. Aún así la propuesta del gobierno federal entrante es abrir 100 más.
En un país como México, donde sólo 17 de cada 100 personas logra cursar estudios de nivel superior, según el estudio Panorama de la Educación 2017 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), esta situación afecta sobre todo a los estudiantes menos favorecidos económicamente, quienes en muchos de los casos no pueden costear una escuela privada
Las universidades en números rojos son las de Morelos, Chiapas, Edomex, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. De acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) se requiere por lo menos invertir 2 mil 500 millones de pesos para rescatarlas del quebranto en el que se encuentran.
Los rectores de las instituciones señalan que entre las causas están el aumento de la matrícula sin incremento presupuestal, el estancamiento de los subsidios otorgados por el Gobierno federal, recortes en los recursos estatales, pagos de pensiones a trabajadores y maestros, adeudos al SAT, deudas bancarias y plantillas de profesores no reconocidas tanto por la SEP como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
El morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha señalado que dejar sin atención a esta decena de centros de estudios afectaría a 580 mil estudiantes, el 32 por ciento de la matrícula total del país.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados anunció a finales de octubre que solicitaría a la SHCP la liberación de mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la SEP: el U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación y el U081 apoyos para la atención a problemas estructurales de la SEP, con 437 y 700 millones de pesos, respectivamente.
“La calidad de la educación está definitivamente en riesgo, más allá de que necesariamente los van a expulsar de las universidades, eso es lo de menos, aunque sigan ahí, el tipo de la calidad, una de las formaciones que van a recibir no va a ser la adecuada y esto tiene consecuencias igual de graves que no estar en la educación en general”, explica Pablo Clark, investigador en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Los más afectados son los sectores estudiantiles con menos recursos, pero también se cerrarían las oportunidades a muchos jóvenes investigadores y académicos que estarían buscando un espacio, menciona.
“Las universidades públicas tienen otro papel muy importante en brindar mayores oportunidades a jóvenes que vienen de sectores de la población menos favorecidos económicamente y también a aquellos en ciudades más pequeñas, en zonas más rurales”, dice.
En este contexto de crisis financiera de instituciones de educación superior, una de las promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es crear 100 universidades públicas gratuitas en todo el país para que los jóvenes puedan seguir estudiando, así como cancelar el examen de admisión que se hace.
Las nuevas escuelas estarán vinculadas a las necesidades del mercado laboral que tiene el país y se instalarán en municipios de escasos recursos con carreras que se relacionen a su vocación productiva, según la información difundida por el equipo del excandidato presidencial
La académica de la UNAM, Raquel Sosa Elizaga, será la encargada de implementar este programa para construir las 100 nuevas universidades públicas y estará en calidad de rectora.
Además, el próximo presidente de México aseguró que se les entregarían becas a alrededor de 300 mil estudiantes de escasos recursos para apoyarlos con su educación y que los profesores cada año ganarán por encima de la inflación, lo cual se contemplará desde el Presupuesto de Egresos 2019.
Para el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Salvador Mora, el problema de la oportunidad educativa no se resuelve al abrir más escuelas, sino al mejorar el sistema educativo nacional ya existente.
Las nuevas escuelas estarán vinculadas a las necesidades del mercado laboral que tiene el país y se instalarán en municipios de escasos recursos con carreras que se relacionen a su vocación productiva, según la información difundida por el equipo del excandidato presidencial
Promesas electorales
Andrés Manuel López Obrador no ha sido el único político que toma el tema de la educación superior en México como parte de su campaña para atraer votantes. En el 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto prometió que la matrícula universitaria crecería al 40 por ciento en su administración, la cual estaba al 30.8 por ciento con una matrícula de 3.3 millones.
Sin embargo, en su sexto y último informe de gobierno, presentado el pasado 3 de septiembre, se indica que la cobertura universitaria de la población entre 18 y 22 años que pueden atender las universidades públicas y privadas es del 38.4 por ciento con 4.2 millones de matrícula, según las cifras preliminares de la SEP presentadas en el documento.
El papel de las universidades públicas
Las universidades públicas son esenciales porque desempeñan un papel de formación y de sentido crítico, dice el doctor Alejandro Byrd, catedrático de la FES Acatlán, de la UNAM.
“Es la de seguir como espacios, gimnasios mentales, intelectuales, espirituales, para hablar de la persona en toda su integralidad, en todas su capacidades, con la idea de también siempre esperada de que ello contribuya al diseño de un mejor país, de mejores comunidades, de mejores personas, de mejores profesionales”, explica.
Este tipo de universidades atienden a la mayoría de los alumnos de nivel superior en México, pues ahí van 2 de cada 3 estudiantes en el país, cifra que ya está estabilizada desde hace más de 15 años, explica Pablo Clark, investigador en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Estas instituciones también tiene el papel de brindar oportunidad a los jóvenes de sectores menos favorecidos económicamente, a aquellos que viven en ciudades más pequeñas y en zonas rurales o de marginación, quienes son el sector más perjudicado, por lo que es preocupante la situación económica en la que se encuentran
Sobre todo porque estas escuelas cumplen un rol fundamental en la creación de capital humano, de profesionistas con formación en ciencias, tecnología e ingeniería, explica el investigador del IMCO. Otros de los afectados son los nuevos profesores e investigadores que están buscando oportunidades para integrarse.
“La crisis financiera en estas universidades públicas tiene dos consecuencias muy importantes, por un lado disminuye el ritmo por el cual las universidades pueden ir creando nuevos espacios, es decir, incorporando mayores números de jóvenes.
“Y por otro lado también disminuye la calidad de los servicios educativos que las universidades puedan ofrecer, tienen menos dinero para contratar profesores, tienen menos dinero para expandir sus instalaciones, darle mantenimiento, todos estos son factores que repercuten en la calidad de la formación académica que reciben los alumnos”, dice Clark.
Para Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estas universidades están en el olvido y el conflicto económico que se está viviendo también se deriva de la responsabilidad del gobierno federal y de los estados de la república que no entregan los recursos necesarios en espacios para realizar su función primaria.
“Habría que ver cuánto del presupuesto, yo diría que un 40 o 50 por ciento se va en pagar salarios, más el asunto de pensiones y estos problemas que están presentes en este tipo de centros educativos”, dice.
Dos de cada 3 estudiantes de educación superior acuden a instituciones públicas en el país de manera estable desde hace 15 años
El profesor de la UNAM también señala que algunas de estas universidades en crisis tuvieron relación con la investigación de la Estafa Maestra donde supuestamente se triangularon recursos.
¿Solución a la vista?
A corto plazo no hay una solución para resolver la crisis universitaria
La alternativa para poder seguir funcionando este año es que haya esquemas de financiamiento del gobierno para poder pagar a los profesores y los adeudos de las universidades, señala el investigador del IMCO, Pablo Clark.
“Es fundamental trabajar en la estructura organizacional de las universidades, es decir, en las capacidades que tienen para planear sus procesos a un largo plazo, las que tienen que planear para el número de maestros que van a contratar, el número de alumnos que van a definir y también considerar el subsidio federal o estatal que van a recibir para con esto poder hacer un buen proceso de planeación que evite tener crisis financieras en un futuro”, señala.
Otro punto es que el gobierno federal y estatal tienen que ir paulatinamente aumentando el porcentaje del presupuesto destinado a las universidades públicas, mientras que otro tema a discusión debe ser el de los cobros y las tarifas.
“Sin duda la educación pública y gratuita es un gran bien social, pero tenemos que pensar a quién beneficia y cuáles son los aspectos que tienen sobre el país y también para poder considerar esquemas que son el cobro de ciertas cuotas solamente a los estudiantes que puedan pagarlo”, dice.
Ese tipo de esquemas puede permitir a las universidades generar alguna especie de ingresos y elevar la calidad de la formación que ellas imparten”.
Las dudas del proyecto de AMLO
Una de las principales incógnitas es cómo cumplirá la próxima administración federal con su promesa de crear 100 nuevas universidades sin que resulte reprobado.
Desde que era candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha mantenido el discurso de que todos los jóvenes que quieran ingresar a una carrera profesional tendrán acceso de forma gratuita, además de que ya no habrá examen de admisión.
El programa anunciado contempla que en algunos casos los estudiantes puedan contar con becas, comedores o albergues y, aunque no se ha explicado su viabilidad, el gobierno electo asegura que está garantizado.
Sin embargo la actual crisis económica por la que pasan al menos 10 universidades públicas hacen dudar de que pueda materializarse esta propuesta que se perfila como una de las más relevantes de su mandato dirigida a los jóvenes.
Pablo Clark, investigador en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dice al respecto que los estudios que han hecho ahí concuerdan con el diagnóstico del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que es necesario seguir expandiendo las oportunidades que los jóvenes tienen para consignar su educación.
“Sin embargo, abrir más espacios en la universidad, abrir más universidades, cambiar los mecanismos de ingreso van a ser sólo soluciones de corto plazo para incluir a los jóvenes en el desarrollo económico del país y para brindarles mejores condiciones de vida”, explica.
“Sí nos preocupamos también por la calidad de educación que van a recibir los jóvenes y por la pertinencia de la formación que van a recibir los jóvenes, no sólo se trata de abrir estos nuevos espacios en las universidades, se trata de que los espacios que se abran den garantía de que se están aprendiendo habilidades y competencias que les van a permitir también a los jóvenes obtener mejores empleos y por lo tanto aspirar a mejores condiciones de vida”
El investigador señala que si no se asegura que la expansión y el crecimiento de la educación superior se haga con calidad y pertinencia tal vez se pueden obtener los efectos contrarios a los que el gobierno del presidente electo esperaría, es decir, que los jóvenes no vean mejorar su proyecto de vida porque la formación que tuvieron no les ayuda a conseguir mejores empleos.
“Y si embargo sí les representó ya una inversión de tiempo, una inversión de dinero y la pérdida del tiempo y dinero que pudieron haber ganado ya si se hubieran incorporado ya al mercado laboral directamente después de egresar del bachillerato”, advierte Clark.
Entre los puntos que pueden tomarse en cuenta para evitar esta situación están los factores organizacionales de las universidades, es decir, que tengan buenos sistemas de planeación para evitar crisis financieras, además de que haya una buena planificación de los planes de estudio y las carreras de la oferta educativa se vinculen al tipo de empleos que existen para los jóvenes en México, señala.
El proyecto del presidente electo de abrir 100 nuevas universidades debe tomar en cuenta factores organizacionales para evitar crisis financieras como las que registran 10 instituciones públicas en diversos estados del país
“Si se va a abrir una universidad en un estado de la república, que en su planeación se consideren qué tipos de carreras se requieren en el mercado laboral de ese estado para que los egresados de esas universidades tengan mayores oportunidades para encontrar buenos empleos bien remunerados”, dice Pablo.
