La caída de un juez mafioso
En su carrera como juez federal, Luis Armando Jerezano fue acusado prácticamente de todos los delitos posibles: beneficiar a casinos como el Royale de Monterrey, tener vínculos con el crimen organizado, sobornos, lavado de dinero y secuestro.
Pero Jerezano era intocable en el Poder Judicial de la Federal… hasta el miércoles.
Ese día el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Luis María Aguilar, determinó la destitución definitiva del juez federal.
César CepedaEn su carrera como juez federal, Luis Armando Jerezano fue acusado prácticamente de todos los delitos posibles: beneficiar a casinos como el Royale de Monterrey, tener vínculos con el crimen organizado, sobornos, lavado de dinero y secuestro.
Pero Jerezano era intocable en el Poder Judicial de la Federal… hasta el miércoles.
Ese día el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Luis María Aguilar, determinó la destitución definitiva del juez federal.
Según el fallo, quedó plenamente demostrado que Jerezano incurrió en irregularidades como juez Cuarto de Distrito en la ciudad de Torreón, principalmente en la resolución de casos relacionados con casinos.
El Consejo lo encontró responsable de obtener ingresos distintos que no estaban relacionados con su encargo de juez federal.
En su comunicado, el CJF omite referirse a la investigación que por lavado de dinero le inició la DEA por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Cinco años tardó el CJF para decidirse a castigar a Jerezano, involucrado en la mafia que traficó con permisos de casinos durante el sexenio de Felipe Calderón.
En cinco años, se documentó que Jerezano había ordenado a la Segob la ampliación ilegal de los permisos de centros de apuestas para la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.
Se reveló que Jerezano operaba con un grupo del crimen organizado para hacerse del control de un casino de la ciudad de Monterrey.
Hace cuatro años, el 25 de agosto de 2011, un comando de Los Zetas incendió el casino Royale de Monterrey, matando a 52 personas.
El Casino Royale era uno de los centros de apuestas que habían abierto sus puertas con un permiso de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que obtuvo el abogado Eliseo Martínez, quien fue ejecutado hace dos años en San Pedro Garza García.
Jerezano fue suspendido entonces de sus funciones como juez para investigarlo.
Una suspensión que -como reveló en su momento este periódico- era de papel: porque el juez federal estaba suspendido con goce de sueldo por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Una prestación que gozó hasta el año pasado que el CJF inició un procedimiento disciplinario en contra de Jerezano tras darse a conocer que lo investigaba la DEA. Hubo muchas pruebas contra Jerezano que el Consejo nunca consideró para actuar .
Reporte Indigo reveló audios donde Jerezano presume ser parte de un grupo del crimen organizado y amenaza a un casinero para que le entregue un centro de apuestas.
“Él siempre va a ser mi enemigo y yo ya estoy preparado. Yo por eso ya pertenezco a un grupo”, se escucha decir a Jerezano.
Jerezano se refería al casinero Arturo Cardona, uno de los dueños del casino La Fortuna y que hoy está recluido acusado de falsear documentos por parte de los casineros que lo despojaron del centro de apuestas.
En la cárcel por Jerezano
Hace tres años, tres casineros de Nuevo León acusaron al juez Luis Armando Jerezano de secuestro, delincuencia organizada y de despojarles un casino de Monterrey.
Y desde hace año y medio los hermanos Arturo y Pedro Cardona, y Jesús Andrés González, están recluidos en una prisión de Nuevo León acusados de falsear información en el juicio contra Jerezano por parte de la Procuraduría del Estado.
Los casineros recluidos comprobaron la participación de Jerezano en el despojo del centro de apuestas, hubo audios con la voz del juez federal, sin embargo la Procuraduría del Estado, en ese entonces encabezada por el ahora alcalde electo de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, desechó el caso y dictó el no ejercicio de la acción penal en contra de Jerezano.
Meses después la Procuraduría del Estado detuvo a los acusadores de Jerezano y los encarceló presuntamente por utilizar documentos falsos.
“El procurador es cómplice del juez”, acusaron los detenidos al entonces procurador del Estado, Adrián de la Garza.
