La crisis de personas desaparecidas en México, en la que los escasos resultados para resolver el problema son claros, ha provocado en el país un gasto que roza los mil millones de pesos en lo que va de la actual administración.

Así lo revelan los datos del informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) en el que se detalla que a 15 gobiernos estatales se les destinó una bolsa de 211 millones de pesos en 2019, mientras que en el año 2020 se otorgaron 350 millones de pesos como parte del fondo denominado Pago de Subsidios para Acciones de Búsqueda 2020.

En tanto, en lo que va de 2021 el monto llegó a 382 millones de pesos, sin que hasta el momento la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas haya dado buenos resultados.

Además existe la falta de integración de los trabajos con autoridades estatales y ni siquiera se ha realizado un diagnóstico en este sentido. Activistas e integrantes de la sociedad civil aseguran que éste no es el camino para avanzar en la solución de la emergencia humanitaria nacional.

De los 230 mil 070 reportes desde marzo de 1964, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación mantiene el hallazgo de 136 mil 770 personas, 127 mil 687 de éstas con vida.

En tanto, se sigue buscando a otras 93 mil 300, es decir, el 40.5 por ciento del total. Sin embargo, la coordinación entre la Federación y los estados sigue sin ser la óptima, puesto que los recursos destinados a las comisiones de las entidades federativas siguen siendo operados a discreción.

En entrevista con Reporte índigo, Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, comenta que parte de esta problemática puede deberse en muy buena medida a la falta de supervisión sobre cómo se están ejerciendo los recursos asignados a nivel local. Destacando que, en cuanto a políticas públicas, el seguimiento y la evaluación permanente son fundamentales para determinar si están funcionando o no.


“Ha sido un problema muy parecido a lo que ocurre con la seguridad pública en general. En este caso, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a nivel federal y como ente rector de toda la búsqueda de personas desaparecidas, ha hecho un buen trabajo. Me parece que han sido sensibles, desde el punto de vista de la victimología en cuanto a atender a las familias de las personas desaparecidas. Donde se está atorando el tema es, justamente, en las entidades federativas, en sus comisiones de búsqueda estatales o locales”

Gabriela Nava

Analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry

Parte de esta falta de supervisión, explica, surge desde el mecanismo mediante el cual se asignan estos recursos. Si bien para otros subsidios en seguridad pública la Federación establece criterios basados en fórmulas e incidencia delictiva, las comisiones de búsqueda presentan proyectos individuales para concursar por una bolsa que, entre el 2019 y el 2021, ha ejercido casi mil millones de pesos. Aunque Nava considera que esto permite ajustarse a la realidad de cada entidad, también presenta el problema sobre si son empleados correctamente.

“En el caso de la CNB, la verdad es que las entidades la tienen más fácil porque ellas mismas son las que plantean el proyecto, se ponen los objetivos y de alguna manera dicen cómo van a operar ese recurso, conociendo sus realidades específicas en lo local, ellas son las que dicen cómo tienen que cumplir. Ya no viene una imposición de la Federación, como sí sucede con los subsidios de seguridad, que ponen una serie de lineamientos y tienen que cumplirlos. Acá es a la inversa.”

Además de dar entrada a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, Nava considera que se debe dar mayor contexto a las cifras reportadas por la CNB y sus similares estatales, comenzando por modificar los actuales indicadores que se centran en el número de personas desaparecidas, no localizadas y encontradas, sean halladas con vida o no, y agregar las actividades puntuales que se hicieron para obtener dichas cifras.

“Los datos fríos así tal cual, sin ninguna explicación ni entender qué es lo que hay detrás, no dan una gran orientación sobre lo que realmente está pasando. Me parece que sí hay transparencia por parte de la Comisión, pero no con los indicadores completos, por decirlo de alguna manera. Solo presenta esas estadísticas que no dan ningún contexto de cuáles son los resultados que se están obteniendo. Eso es lo que hace falta, el contexto del número”, apunta.

Al respecto, Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la oficina en México de Elementa DDHH, considera que se está dejando de lado la creación de registro y memoria, lo que dificulta a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos solicitar información.

“Si no están los documentos creados pues no tienen la obligación de crearlos frente a las solicitudes de información. Tampoco se está creando memoria institucional que permita el cumplimiento de la ley de transparencia y de las solicitudes de información”, apunta la especialista.


En cuanto a las políticas públicas para atender esta crisis de DDHH, el seguimiento y la evaluación permanente son fundamentales para determinar si están funcionando o no

Demichelis Ávila, quien es conocedora de la situación en el estado de Baja California, afirma que la Comisión local otorga información de manera incorrecta y con claro desconocimiento de la ley.

“El problema de la transparencia lo estamos viendo de forma preocupante en Baja California, porque de entrada las primeras solicitudes de información que no respondieron mostraban incluso un total desconocimiento de la ley de transparencia. No cumplían ni siquiera con los requisitos mínimos de una respuesta”, apunta.

“Eran documentos en Word que iban respondiendo como ellos creían que era correcto a las preguntas. De entrada, hay un problema no solamente de falta de transparencia, sino de conocimiento de la propia ley, de las obligaciones que tienen y del tipo de información que pueden compartir o no”, considera.

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