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La tragedia en Hidalgo exhibió los problemas sociales de fondo que persisten en el país, desde la pobreza, hasta la falta de educación, una brecha de desigualdad que evita que millones de mexicanos ejerzan plenamente sus derechos fundamentales.
La criminalidad o las deficiencias en la procuración de justicia tienen entre sus raíces también la falta de oportunidades, por lo que reducir la desigualdad social es fundamental para recuperar el Estado de Derecho
Para hacer frente a esta realidad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de ayer, presentó un Plan de Desarrollo para el Bienestar en 91 municipios en nueve entidades por donde pasan los ductos de Pemex.
El fin es ofrecer una alternativa que aleje a la población de participar en actividades delictivas, como el robo de combustible.
“En este municipio de manera especial va a haber atención a familiares de víctimas además del plan general”, dijo en referencia a Tlahuelilpan, donde las principales preocupaciones de las familias afectadas son la identificación de personas, la atención médica y el pago de los servicios funerarios, además de que el panteón municipal ya es insuficiente.
Por ello, uno de los grandes cambios que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación es darle mayor peso a los programas sociales para reducir el margen de desigualdad que actualmente existe entre los mexicanos
Sin embargo, a menos de que exista una estrategia integral a largo plazo, no podrá erradicarse este problema estructural, aseguran especialistas.
Criminalización de la pobreza
El ducto Tula-Tuxpan sufrió una perforación por los contrabandistas de gasolina llamados huachicoleros, es cierto. Pero había alrededor de 700 personas que esperaban llenar sus contenedores de plástico porque, simplemente, había gasolina gratis.
Para los mexicanos más desfavorecidos la falta de recursos no sólo implica la carencia de oportunidades y objetos materiales, también significa menos posibilidades de que se les garantice el correcto acceso a la justicia
La Secretaría de Salud, con Jorge Alcocer al frente, y el gobierno estatal de Omar Fayad, coinciden en que el saldo es de más de 90 personas que perdieron la vida y cerca de cinco decenas de pobladores hospitalizados.
En entrevista con Reporte Indigo, Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), hace un llamado a analizar las causas estructurales que llevan a las personas a cometer actos delictivos, sobre todo en una demarcación donde el rezago social está calificado como muy alto.
“Es una situación trágica que representa una buena oportunidad para analizar las causas estructurales por las que las personas se involucran en este tipo de hechos como es el robo de combustibles. Yo no estoy segura de que lo estaban haciendo como una actividad cotidiana, podría ser que muchas sí pero que otras aprovecharon esa oportunidad ante el desabasto de gasolina que está sufriendo el estado”, sostiene.
Entre las críticas, hay quienes exigen una condena para las personas que estuvieron recolectando combustible, mientras que otros piden una indemnización.
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ha desmentido que sean las familias las que hayan pedido este pago, pero asegura que contarán con apoyo de servicios médicos, gastos funerarios y traslados.
“Antes de pensar en cualquier respuesta punitiva o penal, tendríamos que preguntarnos qué estaban haciendo ahí (los civiles) y cuestionar a las autoridades y al gobierno qué podían hacer ellos, si tenía que haberse activado algún protocolo de emergencia”
La región de Tlahuelilpan, Hidalgo, tiene casi 18 mil habitantes y de acuerdo a la medición a nivel municipio más reciente que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 55.1 por ciento de la población, equivalente a 10 mil 218 habitantes, viven en pobreza.
Entre 2016 y 2019, aproximadamente, 80 por ciento de las tomas clandestinas se han concentrado en siete estados de los cuales Hidalgo es el lider.
De ocupar el sexto lugar en 2016, subió al primer lugar en 2018 y 2019, con 164 tomas ilícitas, dijo el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
El alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, confirmó que la segunda fuente de ingresos de los pobladores del lugar es el robo de combustible.
La medición a nivel municipal más reciente que realizó el Coneval reveló que el 55.1 por ciento de la población que vive en Tlahuelilpan, Hidalgo, lo hace en condiciones de pobreza
Sin embargo, la directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal y Penal pide hacer una distinción entre quienes se dedican a esta actividad y aquellos que acudieron al sitio de la explosión
“Hay distintos grados de involucramiento. No es lo mismo una persona a la que le piden que maneje un camión con una carga que no conoce a alguien que orquestó la perforación de un ducto. Es algo que no tiene, necesariamente, una relación directa”, apunta la especialista.
Justicia para los más desfavorecidos
La raíz de la tragedia ocurrida en Hidalgo está en las condiciones que orillan a una persona a poner en riesgo su vida para conseguir un recipiente lleno de combustible.
A este problema estructural se suma el hecho de que la población con una alta vulnerabilidad económica es la que comúnmente ingresa al sistema penal y la que menos acceso a la justicia tiene.
El académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Miguel González Reyna, señala que para lograr un Estado de Derecho el gobierno debe procurar que los vulnerados por el sistema político no sean revictimizados a través del sistema penal.
El especialista en derecho menciona que ante un caso de criminalización de la pobreza existen dos cuestiones para aproximarse a su tratamiento gracias al nuevo sistema de justicia: un principio de inocencia y el hecho de que una persona es excluyente del delito si, por ejemplo, el robo se hace por un estado de necesidad.
Sin embargo, debe realizarse una investigación a detalle y abrirse una carpeta.
“Respetuosamente, en el ejemplo que vemos con el caso de Hidalgo, hay una polémica donde un grupo de personas aparentemente marginadas van a robar combustible. Están haciendo una acción ilícita porque el desconocimiento de la ley no te exime del delito. Sin embargo, una persona puede tener una conducta ilícita y no darse cuenta de lo que está haciendo.
“Tenemos que acreditar la calidad de las personas, si es un individuo de bajos recursos, si está en condiciones de marginación realmente o si, incluso, pertenece a un grupo étnico”, explica.
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