El futuro del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción de Jalisco se debate entre la alternativa de convertirse en un órgano honorífico, sin ningún salario pagado por el Estado, o por el contrario, en recuperar por la vía judicial la remuneración de más de 88 mil pesos que venían devengando sus miembros.

Por lo pronto, la determinación que tomó el Congreso de Jalisco es que el CPS no debe seguir recibiendo ese sueldo para garantizar así su autonomía, aunque en los hechos la medida ha sido leída como una represalia de la mancuerna Movimiento Ciudadano (MC)-PAN contra dicho Comité que llegó a cuestionar severamente algunos actos de los legisladores.

El dictamen que aprobó el Congreso estatal este 30 de agosto de 2021 presenta el argumento para cancelar los salarios del CPS.


“Estas comisiones consideran que el hecho de que los integrantes no cuenten con ningún tipo de pago abona a su independencia y garantiza su naturaleza de representación social y ciudadana. El colaborar con base en un contrato de prestación de servicios los homologa a un prestador de servicio profesional o asesor, modificando el carácter ciudadano del organismo”

Fragmento del dictamen que aprobó el Congreso estatal para cancelar los salarios del CPS

El salario asignado a los miembros del CPS de Jalisco ya había sido objeto de polémica, pues pese a la cantidad que percibían, la ley les permite tener otras actividades remuneradas, por lo cual nunca ha habido certeza sobre cuánto tiempo dedican diariamente a su labor pública, y cuánto a sus otros empleos –algunos de ellos tienen, además, múltiples colaboraciones mediáticas-.

El 26 de agosto, por ejemplo, el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Jalisco, una instancia ciudadana, señaló con respecto a la reforma que ya estaba en puerta: “Con preocupación observamos cómo en el @LegislativoJal se proponen asestar un fuerte golpe a la estructura del @SEAJalisco. Quitar los honorarios a integrantes de CPS para ‘garantizar su autonomía e independencia’ es incongruente y un despropósito”.

Y dirigiéndose a la entonces legisladora local –hoy federal-, Mirza Flores Gómez, de MC, abundó: “@MirzaFloresG , si algunos integrantes del actual CPS no entregan todo su esfuerzo, trabajo e ideas en beneficio del @SEAJalisco: se corrige el caso, pero no se usa de pretexto, para dañar, romper y hasta llegar a anular un espacio ganado por la ciudadanía”.

El Observatorio recordó que el diseño del SEA prevé un ente ciudadano que contribuya a la integración de los puntos de vista de la sociedad en el proceso de control de la corrupción, por lo que concluyó:

“La iniciativa propuesta en el @LegislativoJal lejos de dotar de mayor independencia y autonomía, se las quita. La propuesta haría que los integrantes del @cpsseajal busquen su forma de vida fuera del propio Sistema Anticorrupción. Si no se dan cuenta, ‘el remedio resulta peor que la enfermedad’”.

Combate judicial

Tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC) han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco, podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, aseguran, existen antecedentes que se resolvieron a favor de las instancias anticorrupción.

El 26 de agosto, el CPS de Jalisco informó: “Es inconstitucional eliminar las contraprestaciones a los integrantes del CPS. La SCJN declaró inconstitucional una reforma similar en Baja California, porque: a) hay una Ley General que regula el tema y la reforma es contraria a ella, b) los integrantes de estos órganos ciudadanos están sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, con lo cual no se les pueden reducir sus contraprestaciones, y c) va en contra de los derechos y principios protegidos por la Constitución Federal y diversos tratados internacionales”.

La Red Nacional de CPC en un posicionamiento de ese mismo día, adelantó que combatirán legalmente la decisión del Congreso.

“Si las prisas sospechosas prosperan, sepan que como es el caso de otros estados, esta Red y sus integrantes daremos la batalla social, mediática, política y jurídica que representa un Sistema Anticorrupción con genuina representación ciudadana”.


Tanto el CPS de Jalisco como la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana (CPC) han advertido que la determinación del Congreso de Jalisco podrá combatirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La des-ciudadanización del CPS del Sistema Anticorrupción

Sin embargo, también es cierto que un salario de casi 90 mil pesos ha abonado a que los puestos del CPS se vuelvan objeto de disputa entre los grupos políticos, lo que a su vez ha redundado en que el Comité cada vez tenga más miembros vinculados fuertemente con la clase política del Estado.

Contrario a su naturaleza ciudadana, actualmente el CPS tiene entre sus filas a David Gómez Álvarez Pérez y a Pedro Vicente Viveros Reyes, ex funcionarios públicos con distintos partidos políticos, a diferencia de los otros tres integrantes que sí tienen una trayectoria más independiente: Annel A. Vázquez Anderson, Nancy García Vázquez y Jesús Ibarra Cárdenas.

No obstante, el propio CPS interpreta la reforma contra sus salarios como un intento del poder político para acallarlo.

“La eliminación de los honorarios del CPS solo se entiende en el contexto de confrontación entre esta instancia de representación ciudadana y el Congreso local en los procesos de designaciones públicas en los que el CPS ha pugnado por que se nombren perfiles con mérito, capacidad e integridad en contra de la lógica de cuate y de cuotas.

“El CPS se ha convertido en uno de los contrapesos del Congreso en este tema. Además vienen procesos de designaciones en el futuro próximo para los cuales quieren eliminar ‘estorbos’ para poder nombrar a incondicionales como hasta ahora lo han hecho”.


El salario asignado a los miembros del CPS de Jalisco ya había sido objeto de polémica, pues además de la elevada cantidad que percibían, nunca se ha sabido cuánto tiempo dedican diariamente a su labor pública

La Red Nacional de CPC lamentó que, aunque la implementación del Sistema Anticorrupción en Jalisco “se había vuelto referente a nivel nacional en materia de designaciones y de política estatal anticorrupción. Ahora un grupo de diputados pretende hacer del CPS de Jalisco, el primer CPC honorífico del país, intentando borrar de un plumazo un logro que no le pertenece a partido alguno, sino al Estado mexicano y su sociedad”.

“Hemos sido testigos de diferentes fuerzas que buscan erosionar esta figura (CPS) en Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango y ahora Jalisco”.

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