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ASEJ

La Auditoría que no se audita

Jonathan Ávila

Pese a las críticas realizadas desde el inicio de su administración al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo permanecerá en el puesto hasta el 2016, sin embargo, en el Congreso local ya se está gestando una nueva iniciativa que pretende limitar las funciones del órgano.

Desde su llegada en el año 2004, Godoy Pelayo fue blanco de críticas sobre su selección en el puesto, fue electo auditor con 35 votos y las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) fueron piezas clave.


May 7, 2014
Lectura 5 min

"Hoy pueden ser auditadas todas las dependencias, pueden ser auditados todos los Municipios, pero hoy la auditoría no puede ser auditada”

- Alberto Esquer

Diputado local del G9

https://www.youtube.com/watch?v=a8OtiIFuqDc

Pese a las críticas realizadas desde el inicio de su administración al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo permanecerá en el puesto hasta el 2016, sin embargo, en el Congreso local ya se está gestando una nueva iniciativa que pretende limitar las funciones del órgano.

Desde su llegada en el año 2004, Godoy Pelayo fue blanco de críticas sobre su selección en el puesto, fue electo auditor con 35 votos y las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) fueron piezas clave.

La más reciente polémica en la que se vio envuelto el funcionario de alto nivel de la ASEJ fue por la construcción de la nueva sede, ubicada en Circunvalación Agustín Yáñez y Avenida Niños Héroes, pues el inmueble duró un año en ser construido y tuvo un costo superior a los 200 millones de pesos.

En su momento el auditor mencionó que el nuevo edificio representaba la imagen de transparencia que se pretende dar a la institución, poniendo cristal al frente y en la parte posterior.

Sin embargo la transparencia es un tema pendiente en la ASEJ, muestra de ello es la información que debería estar disponible en su portal web y que no aparece. Tan solo en el apartado cinco, correspondiente a la información financiera, patrimonial y administrativa, al tratar de acceder a la información está redirecciona a una página en blanco.

Así mismo sucede con otros apartados que obliga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A pesar de las impugnaciones que se han tenido con respecto a la cuestionada figurada del auditor, fue, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que falló a favor del alto funcionario y ratificó su titularidad hasta el 2016.

Esto después de revocar la sentencia de juicio de amparo que un juzgado federal había otorgado a Héctor Romero Fierro, uno de los contendientes a ocupar el puesto de auditor.

La iniciativa del G9

Ahora serán los panistas del G9 quienes buscarán un cambio en la Ley de Fiscalización del Estado de Jalisco, en la cual se pretenden limitar las funciones de Alonso Godoy Pelayo, su titular. 

El 25 de abril, Alberto Esquer adelantó que se presentaría una iniciativa “ante la imposibilidad de remover al auditor”.

En entrevista para Reporte Indigo, Alberto Esquer Gutiérrez, diputado panista y miembro del G9, adelanta que la iniciativa se estará presentando la próxima semana y bajo consenso general del grupo. 

“La fiscalización que tenemos en Jalisco está totalmente obsoleta, el modelo de fiscalización es totalmente obsoleto. Hoy en Jalisco realmente no se fiscalizan las cuentas públicas de los alcaldes, de los organismos públicos descentralizados, de las universidades públicas, del propio gobierno del estado, es decir, hoy en Jalisco no tenemos una verdadera fiscalización de los recursos públicos, por eso el G9 en unas semanas más vamos a presentar un nuevo modelo”, explicó Esquer Gutiérrez.

Además menciona que este tema va de la mano con los cuestionamientos que desde diversos sectores de la sociedad se han hecho contra el titular de la ASEJ, y que pese a ello “por medio de instrumentos jurídicos se ha aferrado a permanecer”.

Dicen que el motivo de la iniciativa es que, independientemente del titular de la institución, el sistema de fiscalización en el estado de Jalisco no sea dependiente de una persona o de la negociación de la misma.

“La tarea que ha hecho el auditor ha dejado mucho que desear en el frente de la Auditoría del Estado de Jalisco, tan es así que cuentas públicas van, cuentas públicas vienen del Gobierno del Estado, de organismos públicos descentralizados, pero realmente no vemos sanción alguna por parte de la propia auditoria”, dijo Esquer.

Según el panista del G9 la iniciativa se estaría presentando en unos días puesto que todavía está siendo analizada por el grupo, y adelanta que buscará cambiar totalmente el sistema de fiscalización.

“Sí se fiscalizarían los recursos, todos los recursos públicos de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados del propio Gobierno del Estado con una sanción tipificada en esta propia iniciativa y en un modelo colegiado, que la sanción no dependa de una sola persona sino de un órgano colegiado que tuviera la propuesta de ley de una nueva auditoría, de un nuevo esquema de fiscalización”, adelantó Esquer Gutiérrez sobre el contenido de la propuesta.

Sobre el papel que jugará el Congreso de Jalisco con la nueva propuesta de fiscalización, Esquer señaló que viene contemplado un apartado puesto que es una de las deficiencias actuales.

“Hoy pueden ser auditadas todas las dependencias, pueden ser auditados todos los Municipios, pero hoy la auditoría no puede ser auditada, nos correspondía a los diputados hacer esa tarea ¿bajo qué esquema, bajo qué marco regulatorio? Y hoy sabemos que hay una crítica generalizada por los excesos que se han venido dando en la auditoría”, señaló el diputado panista.

En diciembre del pasado 2013 el Congreso local aprobó la comparecencia de Alonso Godoy Pelayo ante el pleno.

Sería acompañado por un informe sobre la construcción de la nueva sede de la ASEJ y la cita estaba prevista para el mes de febrero. El auditor no se presentó alegando que las notificaciones correspondientes no habían sido entregas en tiempo y forma.


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