La amenaza sobre Ugo
Legisladores locales en el Congreso, así como fraccionadores de San Pedro por otro lado, están ejerciendo presión contra la administración de Ugo Ruiz en San Pedro.
Los alcances de esa presión están por definirse, pero serán muy obvios y públicos.
Porque en el primer caso, que se trata de la advertencia del Ayuntamiento para demoler los pisos de los edificios donde hay exceso de metros cuadrados y falta de áreas municipales, los desarrolladores ya buscan alternativas para brincarse el reglamento.
Indigo StaffEl PAN podría apoyar la queja en el Congreso, pero como su bancada también tiene otras iniciativas que podrían negociar con los priistas, incluso podrían sacrificar la queja del Municipio de San Pedro
Legisladores locales en el Congreso, así como fraccionadores de San Pedro por otro lado, están ejerciendo presión contra la administración de Ugo Ruiz en San Pedro.
Los alcances de esa presión están por definirse, pero serán muy obvios y públicos.
Porque en el primer caso, que se trata de la advertencia del Ayuntamiento para demoler los pisos de los edificios donde hay exceso de metros cuadrados y falta de áreas municipales, los desarrolladores ya buscan alternativas para brincarse el reglamento.
Incluso, al grado de reunirse con gente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para analizar cómo ampararse contra un acto de esa magnitud del Ayuntamiento sampetrino.
En este caso se encuentra la Torre Helicon, ubicada en José Clemente Orozco 329, entre Rufino Tamayo y Jesús Reyes Ferreira.
Este edificio de Valle Oriente rebasó unos 3 mil 500 metros cuadrados lo autorizado.
Y el 22 de noviembre del año pasado, el fideicomiso HSBC México presentó a la autoridad municipal la solicitud de regularización de esta torrre.
Pero el Municipio de San Pedro negó esa petición y buscará demoler los metros cuadrados que sobrepasan lo permitido.
En esa misma condición está El Alear, desarrollo que es una muestra del descontrol y la negligencia en el crecimiento urbano que imperó durante el trienio de Mauricio Fernández y que fue heredado a Ugo Ruiz.
Por excederse en la altura, la autoridad municipal contempla la posibilidad de demoler cerca de dos niveles de las torres edificadas por la empresa Riverduer S.A. de C.V., propiedad de Patricio Alberto Rivero Milmo.
El Alear, ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, significa solo una de las irregularidades de Aldo Decanini al frente de la extinta Secretaría de Control Urbano durante la administración de Mauricio Fernández.
Las licencias de El Alear no sólo fueron expedidas con irregularidades, sino que Decanini se tomó atribuciones que no le correspondían cuando emitió esos trámites administrativos.
Este conflicto continúa mientras está pendiente la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano 20-30, congelado por diversos amparos interpuestos por particulares inconformes.
Presión de diputados
En el segundo caso, la presión contra Ugo Ruiz es de los diputados locales, principalmente del PRI.
El apremio es para que el munícipe detenga la queja contra la nueva Ley de Justicia Administrativa aprobada el 12 de marzo pasado.
La creación de esta ley fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aprobación de tribunales de justicia administrativa municipal, que sean independientes del Estado.
Y es que luego del incumplimiento de la orden de la Corte en el plazo fijado, los legisladores aprobaron la ley, pero sin la independencia que indicaba la ejecutoria.
Es decir, aprobaron la ley, pero con la condición de que la magistratura municipal debía ser electa por el Congreso.
Lo que significa que los municipios no tendrían libertad y nuevamente el Estado dictaría quiénes podrían ser los magistrados de los ayuntamientos.
Así que la ley no cumple con el principio de independencia que ordenó la Corte y el Municipio de San Pedro, que ganó esta controversia constitucional, puede presentar la queja de inejecución contra los diputados.
Solamente falta que el Congreso del Estado publique en el Periódico Oficial esta nueva ley, para que el Ayuntamiento de San Pedro presente la queja y los diputados tendrán que reformar para darle el principio de independencia a la norma.
Aquí el PAN podría apoyar la queja en el Congreso, pero como su bancada también tiene otras iniciativas que podrían negociar con los priistas, incluso podrían sacrificar la queja del Municipio de San Pedro.
Pero aún así, el Ayuntamiento puede utilizar su queja ante la Corte para que ésta vuelva a ordenar a los diputados reformar la nueva ley y darle, por derecho, la independencia a los tribunales administrativos municipales.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue de junio 2012 y su plazo de cumplimiento venció el 23 de diciembre pasado.
Y todo empezó con permisos para instalar casinos y arrebatos del exalcalde de San Pedro Mauricio Fernández, que pusieron en entredicho el trabajo que hacen los legisladores locales de Nuevo León.
Esto, debido a que el Ayuntamiento sameptrino emprendió una guerra jurídica contra los magistrados de esa instancia estatal, a quienes el exalcalde Mauricio Fernández Garza calificó de “corruptos”.
Sin embargo, por excusas y por falta del objetivo para el que fueron electos, los diputados de la anterior legislatura y de la actual no cumplieron con el plazo para aprobar la nueva ley.
Y fue hasta el pasado martes 12 de marzo cuando la votaron.
Pero ésta no cumple con la independencia ordenada por la Corte.
Así que al momento de publicarla en el Periódico Oficial del Estado Ugo Ruiz puede avalar que se interponga la queja y los diputados deberán corregir.
O por otro lado, si el Congreso no publica la ley para tratar de evadir la queja, el Artículo 105 constitucional, que a su vez remite al 107, significa cárcel para los responsables de tal infracción o desacato.
Este entramado legal, con el que el Municipio de San Pedro sometió al Legislativo local, es la razón de que diputados busquen presionar a Ugo Ruiz en todo momento.