KIA: la nueva pifia de Canales

Una nueva pifia de la Subprocuraduría Anticorrupción, encabezada por Ernesto Canales, sepultaría toda posibilidad de encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina, quien continúa imponiéndose en los tribunales del Poder Judicial de Nuevo León.

Se trata del nuevo convenio realizado por el actual Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la empresa Kia Motors.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que la modificación del convenio se realizó porque el anterior estaba fuera de la ley
“Cada vez hay menos esperanzas de ver al exgobernador Rodrigo Medina metido en la cárcel (…) Queremos resoluciones y ya no tanto show como nos han acostumbrado en Nuevo León”
Samuel GarcíaDiputado local por Movimiento Ciudadano
“Nadie puede cometer tantas pifias, tantas veces en un mismo asunto(…)”
Arturo SalinasDiputado local del PAN
“Ojalá la Subprocu-raduría asuma su responsabilidad, de que antes de acusar a alguien, primero tienes que demostrar que hay indicios que señala la ley para poder formar una carpeta”
Héctor GarcíaDiputado local por el PRI

Una nueva pifia de la Subprocuraduría Anticorrupción, encabezada por Ernesto Canales, sepultaría toda posibilidad de encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina, quien continúa imponiéndose en los tribunales del Poder Judicial de Nuevo León.

Se trata del nuevo convenio realizado por el actual Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con la empresa Kia Motors.

Este nuevo acuerdo dejó sin efecto el anterior para cualquier acusación legal contra el exmandatario, dejando un resquicio legal que al parecer no fue medido por las autoridades estatales y que traerá una inminente derrota en los tribunales.

Los abogados de Medina, Alonso Aguilar Zínser y Javier Flores Saldívar, intentan tumbar el delito de daño patrimonial probando que el convenio firmado en la administración pasada quedó sin efecto, toda vez que existe uno más reciente.

Expertos en abogacía consultados por Reporte Indigo señalan que el Gobierno independiente no debió cambiar el convenio, hasta que un juez determinara que efectivamente el otro estaba mal.

“No hay daño patrimonial, porque lo convenido no se llevó a cabo”, dijo el litigante Alan Frutos.

La Secretaría de Desarrollo Económico confirmó que el anterior acuerdo quedó sin efecto, por lo que la armadora de autos está operando bajo el esquema del nuevo convenio firmado el año pasado.

Por su parte, el diputado local del PRI, Héctor García, coincidió que los expedientes en el caso Kia Motors están mal armados legalmente, pues se hicieron sin pensar en los pros o contras del proceso.

“Hoy viene una nueva noticia, en donde exigieron que muestren el (nuevo) convenio, que seguramente será similar al que firmó el anterior Gobierno, esto indica que no hay delito. 

“Ojalá la Subprocuraduría asuma su responsabilidad, de que antes de acusar a alguien, primero tienes que demostrar que hay indicios que señala la ley para poder formar una carpeta. La Subprocuraduría ha tenido una fallida forma de llevar los asuntos”, consideró el legislador.

Se desmorona cárcel para Medina

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que todo el proceso contra el exgobernador Rodrigo Medina por el caso Kia Motors se ha convertido en todo un show.

“Cada vez hay menos esperanzas de ver al exgobernador Rodrigo Medina metido en la cárcel, y en otros estados es todo lo contrario. Ya fueron por los Duartes, Javier Corral, de una manera muy astuta, sin mucho show.

“Eso queremos, esa acción, queremos resoluciones y ya no tanto show como nos han acostumbrado en Nuevo León”, dijo el diputado.

Reporte Indigo adelantó que la estrategia de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León para encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina por el caso Kia Motors, solo ha estancado el rumbo del proceso.

Caso contrario a lo sucedido en los procedimientos legales del exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, y de los exmandatarios de Sonora, Guillermo Padrés, y de Chihuahua, César Duarte, que son llevados por la Procuraduría General de la República, y que ya lograron encarcelar a Padrés y buscan para una posible detención a los dos Duarte.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Arturo Salinas, aseguró que “nadie puede cometer tantas pifias, tantas veces en un mismo asunto, por fortuna le quedan los días contados a Ernesto Canales, porque se está avanzando en las leyes secundarias en materia de corrupción.

“Y en cuanto esté lista, se realizarán las convocatorias para buscar traer un fiscal que tenga la voluntad de sacar adelante esto”, concluyó el diputado.

Lo que dice la Fiscalía

“Si se modificó el convenio fue porque el anterior estaba fuera de la ley, señor juez”, respondió la fiscal de la Subprocuraduría Anticorrupción, Erika Irigoyen Arroyo, durante la audiencia del pasado 25 de enero cuando se decretó prisión preventiva al exgobernador Rodrigo Medina.

Esta respuesta de la fiscalía se dio por la exposición de argumentos de los abogados de Medina, quienes aseguraban que no había delito que perseguir debido a que el convenio anterior había quedado sin efecto.

En esa ocasión, la fiscal agregó que la defensa quería distraer el rumbo de la audiencia “con dichos, sin ofrecer algún dato de prueba (…) dice que no se le puede juzgar por un doble delito a su defendido y que el juez de control ya determinó que no se puede. Pero lo cierto es que el propio juez dijo que sí había un delito”, señaló la fiscal.

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Esta Fiscalía, a cargo de Ernesto Canales, no ha logrado poner un golpe certero a Medina, y cuando lo logró se esfumó en unas cuantas horas.

Hasta el momento, 20 funcionarios estatales y municipales sencillamente han librado las embestidas de la Fiscalía, pues los casos no han logrado repercusiones o castigos contra los acusados.

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La estrategia de la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León para encarcelar al exgobernador Rodrigo Medina por el caso Kia Motors, pareciera que sólo ha estancado el rumbo del proceso.

Caso contrario sucede en los procesos del exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, y de los exmandatarios de Sonora, Guillermo Padrés, y de Chihuahua, César Duarte.

Todos sus procesos están en la Procuraduría General de la República (PGR), y mientras Javier Duarte y César Duarte están siendo buscados para una posible detención, Padrés ya fue encarcelado.

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La Subprocuraduría Anticorrupción del Estado de Nuevo León denunció penalmente ante la PGR, a la Jueza federal que ordenó liberar de la prisión preventiva al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz el pasado 27 de enero.

El fiscal Anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, explicó que la Jueza del quinto distrito en materia penal de Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos se excedió en la aplicación de la ley.