Justicia y no repetición

25 de Ene, 2019

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Las mujeres que se atrevieron a denunciar la tortura sexual que sufrieron en San Salvador Atenco continúan firmes con su exigencia de justicia y no repetición. Las once sobrevivientes se vistieron de violeta ayer para dar postura pública por primera vez sobre la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de su caso.

Después de 12 años del operativo policial en la población del Estado de México, las mujeres solicitaron que el Gobierno federal cumpla con la sentencia emitida por la Corte Interamericana y pidieron que no se repita la represión a las luchas sociales.

“Nuestra exigencia al Estado es clara: el cumplimiento cabal de la sentencia. Todas las medidas son importantes, pero la más relevante para nosotras es la responsabilidad del Estado de iniciar investigaciones ‘amplias, sistemáticas y minuciosas’”

Las once mujeres que fueron detenidas en el operativo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 pidieron justicia con la frente en alto en las instalaciones del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

De acuerdo con la sentencia, las denunciantes fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas, durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social ‘Santiaguito’.

La Corte considera que el Estado mexicano es responsable por la violencia física, psicológica y sexual contra las once mujeres y advierte que estos actos constituyeron tortura. Además, la sentencia señala que la tortura fue utilizada como una forma de control social en el caso.

“Estoy contenta por las cosas que obtuvimos en la sentencia, pero preocupada porque en términos de justicia aún falta mucho camino por recorrer. Todavía falta mucho para que avancemos en medidas como la justicia y la no repetición, es decir, falta toda la implementación y esperemos que el Estado pueda cumplir con todo lo que le ordenó la Corte”

Como describieron las dos mujeres, la principal medida de reparación que dicta la sentencia al Estado mexicano es continuar e iniciar las investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas” que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres, de acuerdo con los términos de los párrafos 338 a 339 del documento.

Los detalles de este apartado son esenciales para las sobrevivientes porque remiten al párrafo 295 en el que la Corte Interamericana afirma que encontró suficientes indicios para justificar la apertura de una línea de investigación en relación a la responsabilidad de los funcionarios a cargo de los operativos, es decir, solicita que se investigue la cadena de mando.

“La Corte habla de investigar a las autoridades políticas estatales y federales que estuvieron en una reunión el 3 de mayo y decidieron armar el operativo ampliado del 4 de mayo… Estamos hablando de Enrique Peña Nieto, Victor Humberto Benítez, Wilfrido Robledo, Eduardo Medina Mora, Ardelio Vargas”, explicó Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh y quien representa a las denunciantes.

Edith Rosales, otra de las once sobrevivientes, opinó que se tiene que investigar la cadena de mando porque fue todo un sistema el que determinó agredirlas.

La sentencia también indica que el Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la resolución (28 de noviembre de 2018), sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma.

Por otra parte, la Corte también pide al gobierno mexicano la creación de un plan de capacitación para oficiales de la Policía Federal y del Estado de México en un plazo de dos años, así como instaurar un mecanismo de monitoreo y fiscalización para evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza.

La Corte también indica que en el mismo plazo el Estado debe elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Ni una más

La no repetición es otra de las exigencias de las once sobrevivientes. Rosales puntualizó que esta solicitud significa que no suceda otra vez un caso como el de Atenco, es decir, que no haya represión a las luchas sociales como ocurre ahora en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Rosales recordó a Nieves Rodríguez Hernández, una mujer que vive como acto de protesta cerca de las obras de la terminal aérea y es hostigada por personas relacionadas con autoridades y empresarios.

Jiménez detalló que la no repetición también significa la exigencia de que ya no exista tortura sexual.

“Para nosotras siempre ha sido muy importante decir que la tortura sexual no es algo que nos ocurrió en mayo de 2006. Todo el tiempo muchísimas mujeres que son detenidas son víctimas de tortura sexual. La no repetición es muy importante”, expresó la denunciante

Con el objetivo de que no suceda una situación similar a la que ellas vivieron, las mujeres también crearon una campaña que se llama Rompiendo el silencio en la que exigen que se detenga la tortura sexual y denuncian casos.

El siguiente paso

En la conferencia, Brewer comentó que el siguiente paso después del pronunciamiento de las mujeres es presentar la sentencia de la Corte Interamericana a las diferentes instituciones correspondientes del Gobierno federal para que cumplan con sus lineamientos.

En este sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo desde diciembre pasado que el Estado Mexicano cumplirá con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluido el caso de Atenco.