Justicia sin autonomía en la Fiscalía de Jalisco
La autonomía constitucional que le es negada tanto a la Fiscalía de Jalisco como a su Fiscalía Anticorrupción afecta la legitimidad de sus indagatorias, las cuales han sido calificadas de persecuciones políticas
Luis HerreraLa falta de autonomía que padece la Fiscalía del Estado de Jalisco y, con esta, la Fiscalía Anticorrupción local, les está cobrando una factura muy cara a estas instituciones, con cuestionamientos constantes sobre sus indagatorias al grado de haber sido calificadas como persecuciones políticas por los partidos de oposición.
En Jalisco, tanto el Gobierno estatal como el Congreso local han aplazado la transformación de la Fiscalía en un órgano con autonomía constitucional, por lo que continúa siendo parte del Poder Ejecutivo, y así también la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción que es parte de su estructura.
La falta de una autonomía constitucional ha influido en que dos de las más importantes indagatorias penales emprendidas en esta administración por presuntos casos de corrupción, se encuentren bajo la sospecha de tener motivaciones políticas.
Tanto el Gobierno de Jalisco como el Congreso local han aplazado la transformación de la Fiscalía estatal en un órgano con autonomía constitucional
Primero, la presunta compra a sobreprecio de la Casa Jalisco ubicada en Chicago, en Estados Unidos, durante el sexenio del gobernador del PAN, Emilio González Márquez (2007-febrero de 2013), que llevó a pisar la cárcel al panista Antonio Gloria Morales, exsecretario de Educación, en un caso llevado por la Fiscalía del Estado que encabeza Gerardo Octavio Solís Gómez.
Y segundo, la presunta entrega de subsidios a asociaciones civiles que tenían ligas con servidores públicos durante el sexenio del exgobernador del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz (marzo de 2013 a diciembre de 2018), por el que se ha vinculado a proceso a tres priistas que encabezaron la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo Castelo y Daviel Trujillo Cuevas.
Caso Gloria Morales
El 12 de agosto de 2019 se dictó auto de formal prisión en contra del panista Antonio Gloria Morales por la adquisición del inmueble en Chicago en el sexenio de González Márquez, medida que sorprendió a propios y extraños pues el exfuncionario nunca formó parte del ente que efectuó la compra: el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade).
Unos días antes, el 8 de agosto, el PAN ya había emitido un posicionamiento en el que ponía en tela de juicio las motivaciones reales que habían llevado a la Fiscalía de Solís Gómez a capturar al exsecretario de Educación, al señalar que “todo indica que el proceso tiene otro tipo de intenciones ajenas a la Justicia”.
En dicho comunicado se citó al secretario general del PAN, Héctor Larios Córdova, quien manifestó que Antonio Gloria era acusado de un delito que materialmente no pudo haber cometido, ya que no tuvo relación alguna con esta adquisición.
“Gloria Morales nunca, aclaro, nunca fue miembro del Consejo de Administración de Jaltrade, no aprobó esa compra, no la gestionó, no firmó contrato alguno relacionado con ella, no intervino en ninguna negociación para realizarla y no se le imputa haber obtenido beneficio con motivo de la misma.
“Tampoco firmó ningún documento ni hizo nada relacionado con la adquisición, ya que simplemente no podía hacerlo por ser ajeno a sus funciones, atribuciones y responsabilidades”, dijo Larios.
Aunque el caso sigue desahogándose, fue un duro golpe para la pesquisa de la Fiscalía y para la credibilidad de la dependencia el hecho de que el 21 de agosto Gloria Morales fuera liberado para enfrentar su proceso fuera de prisión. Se presume un daño al erario por 1.5 millones de dólares.
Caso PRI
El segundo caso que ha ameritado señalamientos de que se trata de una persecución con fines políticos, dado que la institución del Ministerio Público sigue subsumida al gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, es el de la asignación de fondos a asociaciones con presuntas ligas con funcionarios públicos.
Luego de que los tres extitulares de la Sedis antes citados fueron vinculados a proceso, como sucedió este 15 de octubre, Miguel Castro Reynoso salió a cuestionar la independencia de la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Gerardo Ignacio De La Cruz Tovar.
“Hoy estoy siendo acusado, no por violar la ley, sino por mi manera (de) señalar y actuar frente a las injusticias y las equivocaciones del gobierno. Enfrento este proceso con integridad y decencia, porque lo que más valoro es la honestidad. Seré breve: el que nada debe nada teme”.
Castro Reynoso, rival político de Alfaro Ramírez en las pasadas elecciones de 2018, agregó que siempre se ha desempeñado con rectitud en sus cargos públicos. “Por increíble que parezca, estoy siendo acusado por cumplir con mi deber. Se me acusa de apoyar a organismos de la sociedad civil, de hacer efectiva la decisión de un comité integrado por universidades, instituciones y expertos del sector social”
El mismo 15 de octubre, el PRI cuestionó el proceder del fiscal anticorrupción. “No quisiéramos pensar que se trata de una acción de revanchismo o de persecución política. Es por ello que demandamos de la autoridad que, tanto en éste como en todos los casos, se actúe con estricto apego a la legalidad y que no se incurra en el uso faccioso de las instituciones responsables de la impartición de justicia”.
En este expediente se presume un daño al erario de 5.7 millones de pesos.
La falta de una autonomía constitucional ha desacreditado a las dos más importantes indagatorias penales emprendidas por presuntos casos de corrupción
Leyes pendientes para la autonomía
La autonomía de la Fiscalía ya está reconocida en la Constitución de Jalisco, sin embargo, no entrará en vigencia hasta que el Congreso local reforme las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la misma dependencia. Este candado es el que sigue sin ser eliminado por los legisladores.
Alfaro Ramírez había prometido que desde el primer día de su gobierno se tendría una Fiscalía autónoma, así lo dijo el 25 de abril de 2018. “Creo que este mismo año puede quedar hecha la reforma completa para poder tener este nuevo modelo y estar en condiciones de arrancar el próximo gobierno desde el primer día con un fiscal general autónomo”.
