Justicia a medias

23 de Jun, 2015

José Luis Madrigal Figueroa, alcalde de Numarán, señalado por delitos de extorsión y por ser informante de una célula del cártel de Los Templarios, fue puesto en libertad al no demostrarse esas suposiciones

Hacia un segundo michoacanazo, en donde los ediles procesados por colaborar con el crimen organizado terminarán por ser exonerados, se perfila el caso de los presidentes municipales encarcelados por el que fuera comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes.

De los ocho alcaldes que fueron llevados ante la justicia, bajo la acusación de ser parte de la estructura criminal de Los Caballeros Templarios, uno ya quedó en libertad. Y otros tres ganaron sendos amparos para no ser procesados por el delito de fomento al narcotráfico, lo que los acerca más a la libertad.

Este fin de semana, el presidente municipal de Numarán  que fue señalado de colaborar con el cártel michoacano de las drogas, fue dejado en libertad tras un amparo concedido por un juzgador local, quien no encontró pruebas suficientes para procesar al inculpado. 

El presidente de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, quien había sido señalado de los delitos de extorsión y contra el sistema de seguridad pública –informante de una célula de Templarios- fue puesto en libertad, porque el agente del Ministerio Público no pudo demostrar las suposiciones que presentó ante el juez que le dictó el auto de formal prisión.

Aunque no fue puesto en libertad, por tener aún procesos penales por desahogar, también este fin de semana el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, quien se encuentra recluido en la cárcel de mediana seguridad en Morelia, fue exonerado por el delito de extorsión, aun cuando se le sigue acusando de secuestro.

Uriel Chávez Mendoza también ganó con anterioridad un amparo para deslindarse de la acusación de delincuencia organizada, y ahora se ha quitado el delito de extorsión. El Ministerio Público no pudo demostrar el dicho de que el alcalde era integrante del cartel de los Templarios y que cobraba parte del salario de sus colaboradores para entregarlo a la célula criminal de esa plaza.

También la alcaldesa de Huetamo, Delia Pineda Santana, ya no cuenta en su contra con la acusación de delincuencia organizada, pues demostró por la vía del amparo que el agente del Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para procesarla. Ahora solo enfrenta el cargo de homicidio, “del que no existen pruebas sustanciales en su expediente”, dijo uno de sus abogados. 

Por su parte, el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio también se encuentra con posibilidades de alcanzar la libertad en breve, toda vez que pudo demostrar que los señalamientos graves de delitos contra la salud que le imputó la fiscalía. No cuentan con ninguna prueba, de donde se podría desprender el desvanecimiento del delito grave de delincuencia organizada, al no existir –de acuerdo al razonamiento jurídico- razón para formar parte de una red criminal.

Cabe recordar que la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Karrúm Cervantes, antes de fallecer en prisión, ganó un amparo para no ser procesada por el delito de fomento al narcotráfico, al demostrar la insuficiencia de pruebas por parte de la fiscalía, la que fincó la acusación en meras suposiciones integradas en base a averiguaciones previas dispersas.

La inconsistencia en la integración de los procesos penales de los alcaldes que fueron llevados a prisión por el comisionado federal Alfredo Castillo fue denunciada desde un principio por algunos de sus abogados, pero el gobierno estatal de Salvador Jara Guerrero se negó a la posibilidad de una revisión al trabajo ministerial del comisionado federal.

Los videos, la prueba reina

En la mayoría de los procesos que se integraron contra ocho alcaldes michoacanos, acusados de ser parte de la estructura del crimen organizado que gobernó a Michoacán en los últimos años, el mayor aporte que hizo la fiscalía, como prueba acusadora, fueron los videos en donde algunos de los ediles aparecen en sendas reuniones con Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’.

Entorno a los videos de ‘La Tuta’, fueron las investigaciones ministeriales -tanto en el fuero federal como en el fuero común- en contra de los ediles encarcelados, dándose casos como el del alcalde de Numarán, en donde se portó como prueba un video de ‘La Tuta’, aun cuando el acusado no aparecía en el mismo.

Todos los procesos penales, de los alcaldes encarcelados a la fecha, tienen en el expediente alusiones a los videos de ‘La Tuta’, aun cuando en esos videos muchos de los procesados son ajenos. Existen también casos de incongruencia jurídica, en donde aparecen textos de otros expedientes judiciales de otros presos que pertenecieron al cartel de Los Templarios, que ni siquiera mencionan a los inculpados. Pero fueron aportados como pruebas.

Destaca el caso del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, quien es el único alcalde procesado que se encuentra recluido en una cárcel federal de máxima seguridad, al que se le endosó de un proceso penal ajeno a su causa.

La punta de la madeja

Tras la liberación del primero de los alcaldes procesados por sus nexos con el crimen organizado, algunos abogados de la defensa de los otros ediles presos, mantienen su confianza en que pronto puedan darse resoluciones de libertad a sus clientes, a quienes, tras casi un año de estar en prisión preventiva, el Ministerio Público no ha aportado las pruebas que ofreció al inicio del proceso.

Tal es el caso del alcalde preso de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio, cuya defensa ha insistido con testigos que declararon en su contra, pero el agente del Ministerio Público se niega a la actuación, aduciendo la imposibilidad de contactar a sus testigos.

Frente a los frágiles argumentos acusatorios del Ministerio Público, todos los alcaldes que están actualmente bajo proceso penal han ganado o mantienen en revisión diversos amparos, los que si no les otorgan la libertad en breve, sí les ayudarán para disminuir los cargos por los que son procesados.

El caso más evidente de la fragilidad judicial con que se han integrado esos expedientes es el del alcalde de Tacámbaro, el panista Noé Octavio Aburto Inclán, quien fue detenido bajo la sospecha de ser parte de la red criminal de los Caballeros Templarios, pero terminó siendo solo acusado de desviación de recursos públicos y falsedad de declaraciones, alcanzando la libertad bajo caución para enfrentar el proceso penal en libertad.

Otros proceso penales débiles

Entre los casos que destaca la debilidad en la investigación judicial contra los procesados en el periodo del comisionado Alfredo Castillo, se encuentra el del asesinado jefe de las autodefensas en Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, quien fue acusado de haber dado muerte al alcalde panista de Tanhuato, Gustavo Garibay, pero fue absuelto al no existir las pruebas suficientes para una sentencia condenatoria.

También el jefe de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora Chávez en dos ocasiones fue detenido y exonerado; en la primera ocasión se le acusó del asesinato de dos autodefensas, Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, y en la segunda ocasión de haber participado en un enfrentamiento en donde perdieron la vida 11 personas. En ambos casos fue inocente de los señalamientos.

También el jefe de las autodefensas en Buenavista, Luis Antonio Torres ‘El Americano’ fue sometido a la justicia mediática más que a la penal: fue acusado de haber asesinado a varios hombres de las autodefensas de Hipólito Mora, pero fue exonerado al no existir pruebas suficientes de su participación.

Esa misma fragilidad jurídica con la que el comisionado Alfredo Castillo encaró la falta de justicia en Michoacán, se dejó sentir cuando un grupo de 43 autodefensas acusados de haber matado a otros autodefensas en Apatzingán, fueron liberador por un juez, al existir inconsistencias en las averiguaciones previas integradas al vapor por la delegación de la PGR en Michoacán.