Las violaciones normativas en las que incurrió el Congreso de Jalisco en la selección de tres nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, como han denunciado asociaciones civiles y universidades, han deslegitimado a este órgano que está a cargo de combatir la corrupción al interior del Poder Judicial.

Los diputados de Jalisco en una operación encabezada por las bancadas de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), seleccionaron a tres nuevos consejeros de la Judicatura que no cumplían con los “requisitos de elegibilidad” que establecieron los propios legisladores.

Las convocatorias aprobadas el 23 de abril establecían que uno de los “requisitos de elegibilidad” para poder aspirar a ser consejero de la Judicatura era “realizar y aprobar con una calificación de mínimo 80 puntos la evaluación que se realizara”, sin embargo, este puntaje no fue alcanzado por ninguno de los tres seleccionados por el Congreso.

Claudia Rivera Maytorena fue elegida como consejera juez pese a haber obtenido solo 76.04 puntos en el examen teórico; y los dos nuevos consejeros ciudadanos, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz, obtuvieron 78.13 puntos y 76.04 puntos respectivamente.

El problema está en que como lo ha señalado el Comité de Participación Social (CPS) de Jalisco, el Consejo de la Judicatura forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por lo que este origen irregular de sus nuevos integrantes afectará la legitimidad de sus labores de vigilancia al seno del Poder Judicial: será un muerto en vida en materia de combate a la corrupción.


La LXII legislatura no respetó las convocatorias que aprobó. Adicionalmente descartó las aportaciones de las universidades y, por tanto, desincentivó su participación. Lo cual deja libre el camino para procesos de nombramientos discrecionales que fomentan la fórmula de designaciones basada en ‘cuotas y los cuates’ (sic)

Comité de Participación del Sistema Anticorrupción

Repudio universitario a controversia en Judicatura de Jalisco

La determinación de los legisladores por seleccionar a tres nuevos consejeros de la Judicatura violentando la propia convocatoria que habían expedido, e ignorando tanto el examen teórico que se les practicó como la evaluación de perfiles del CPS del Sistema Anticorrupción, recibió un duro cuestionamiento de las cinco universidades más importantes de Jalisco.

La evaluación teórica de los aspirantes estuvo a cargo de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de Atemajac, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

“Manifestamos nuestro desacuerdo porque las y los diputados del Congreso del Estado de Jalisco ignoraron la información resultante del proceso de evaluación del comité al que ellos mismo nos convocaron a conformar; señalamos que tampoco consideraron la evaluación de perfiles que realizó el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, desechando el trabajo realizado por las universidades e instancias de participación social y ciudadana”, señalaron.

Las universidades reconocen que en el examen que elaboraron se anularon cuatro preguntas y 11 más fueron reconsideradas en una segunda revisión sobre todos los aspirantes, pero precisan que “el resultado final de la evaluación es completamente confiable y sí permite medir el nivel de conocimiento en la materia, por lo tanto, el instrumento y el proceso sí otorgan información para seleccionar los perfiles más capacitados”.

Dado que esas modificaciones al examen fueron cuestionadas por algunos diputados, las universidades puntualizaron que “el resultado final es estrictamente responsabilidad de las y los diputados del Congreso del Estado, quienes decidieron no utilizar la evaluación aplicada como un filtro, para calificar la idoneidad de los perfiles a ocupar las vacantes para consejeros de la Judicatura”.

Aval del Ejecutivo

La operación de los diputados de Jalisco para seleccionar a tres nuevos consejeros judiciales violando las disposiciones vigentes contó con el aval del Poder ejecutivo, quien publicó en fast track las designaciones en el Periódico Oficial del estado el 20 de junio, un día después de que fueran aprobadas.

Se considera que el partido MC, la bancada más fuerte en el Congreso y al cual representa el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, impuso a los consejeros Anaya Zúñiga y Novia Cruz; mientras que Rivera Maytorena habría llegado al Consejo como cuota del PAN.


El Poder Ejecutivo publicó en fast track las designaciones en el Periódico Oficial del Estado el 20 de junio, un día después de que fueran aprobadas

Sin embargo, pese a todos los cuestionamientos que han suscitado esas designaciones, el gobernador publicó de forma inmediata esos acuerdos legislativos en el Periódico Oficial del estado, lo que los hizo entrar en vigencia.

El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco miembros, de los cuales quien funge como titular es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves. Entre las funciones más importantes del Consejo está la investigación de los jueces que incurren en irregularidades.

El Consejo también está a cargo del manejo presupuestal y administrativo del Poder judicial, lo que incluye el control sobre las plazas del mismo.

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