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internos de la cárcel del Bordo de Xochiaca son defendidos por Jhonatan


En la prisión del Bordo de Xochiaca falta un programa eficiente que permita a los internos la reinserción social


Ha recibido amenazas de muerte por parte de la Policía Judicial del Estado de México, y tiene miedo; pero le teme más a la injusticia


En la cárcel del Bordo de Xochiaca la sobrepoblación es el principal problema que deriva en la violación a las garantías individuales de los internos


“En todos los juzgados solo me miraban de arriba abajo, cada vez que llegaba a interponer un recurso de queja. A veces los secretario de los juzgados solo se sonreían”

Jhonatan Miguel

Landeros Nájera


“Me han dicho que me calle. Que ya no haga nada con relación a la defensa de mi abuelo, que si sigo defendiéndolo, igual que a otros presos, me van a matar” 

Jhonatan Miguel

Landeros Nájera

https://youtu.be/j-v2ZHn7cFo

Recién acaba de cumplir 18 años, pero desde hace dos es abogado. No es licenciado en Derecho, es más, ni siquiera estudia la carrera, pero Jhonatan Miguel Landeros Nájera ha optado por una de las profesiones más difíciles en México: la defensa de la legalidad y el respeto a los derechos humanos de los presos.

Es el “niño abogado”, el que sin recursos y sin otra cosa que el deseo de un mejor país, desde el 2014 asumió como un apostolado la defensa de por lo menos 20 internos de la cárcel del Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Ese es el lugar donde se encuentra recluido su abuelo, al que ya logró reducirle la sentencia de 42 a 20 años de prisión, y dice que no descansará hasta que ponerlo en libertad.

Su labor es altruista.

La defensa que hace de los presos del Bordo de Xochiaca es sin pedir un solo peso a cambio.

A los presos ni siquiera les cobra las copias de los expedientes sobre los que trabaja. Sabe que un interno se encuentra más abajo de la escala última de la pobreza, por eso él asume los costos que genera su trabajo.

“No espero que nadie me pague nada, solo quiero que haya justicia”, dice.

Y es ese deseo de justicia lo que ha hecho que a la fecha mantenga sus defensas en los juzgados penales de Nezahualcóyotl, en donde ha encontrado fallas al debido proceso, de las que está seguro les permitirá a muchos de sus defendidos alcanzar la libertad.

También lleva los casos de 70 internos que han denunciado violaciones a sus derechos humanos dentro del penal del Bordo de Xochiaca.

Él es huérfano de madre, la que murió hace siete años. Su padre lo abandonó a su suerte y solo le queda el amor de su abuelo materno. De él es el único del que ha recibido cariño, pero ha sido tanto que ahora le sobra para compartirlo con los que considera que se encuentran en el abandono, sometidos por un sistema de justicia por demás injusto. Por eso dedica todo su tiempo libre a leer y revisar expedientes de internos que ni siquiera conoce.

Con su conocimiento empírico sobre derecho ha logrado ya la libertad de dos internos. Él fue el autor de los agravios que esos dos internos presentaron al momento de la apelación a su sentencia de primera instancia, en donde demostró las fallas al debido proceso penal, y un magistrado del estado de México tuvo que ordenar la inmediata libertad de ellos.

Eso lo motiva para pensar que la libertad de su abuelo se puede encontrar cerca. Sabe que la mayoría de los procesos penales están plagados de inconsistencias jurídicas, “de las que los propios agentes del Ministerio Público se valen, para mantener en prisión a muchas personas inocentes”.

El caso de su abuelo es uno de esos casos de antología, donde la verdad jurídica choca contra la verdad existencial.
 
El único sostén de su abuelo
 
Jhonatan acaba de salir de la preparatoria. La terminó en medio de la escasez económica que le deja el empleo de medio tiempo como ayudante de diseñador gráfico.

No pudo entrar a la carrea porque ni siquiera tuvo para costearse los gastos de transporte ni para la obtención de una ficha de ingreso en alguna universidad pública de la Ciudad de México.

Lo poco que gana lo utiliza para sobrevivir y llevar los gastos que implica el sostenimiento de su abuelo preso.

Porque él, además de saberse su abogado, es el único sostén de su abuelo que ya lleva más de dos años en la cárcel; de lo que gana como ayudante de diseñador, una parte la separa para poder enviar algunos pesos, a veces 200 a veces solo 100 cada mes, para que su abuelo pueda “tomarse un refresco, o a veces pagar los cobros que se hacen en la cárcel”.

Su abuelo también se ayuda desde la prisión. Le ha dicho que no quiere ser una carga. Por eso se dedica a hacer algunos escritos legales por los que cobra de 10 a 20 pesos a otros internos.

Por lo que no cobra un solo peso, es por poner a sus compañeros presos –todos sin abogado- en contacto con su nieto, para que les revise su condición jurídica y les ayude a solicitar beneficios de ley o a demostrar la violación al debido proceso penal.

Para su labor como defensor de casi un centenar de presos, se vale de la ayuda de su abuelo.

Con él habla todos los días a las seis de la mañana. Él es el contacto con los internos que le piden ayuda. Pero no es la única forma de estar cerca de sus defendidos.

Decenas de familiares buscan al “niño abogado” para solicitarle su ayuda. Él siempre les advierte de sus limitantes sobre conocimientos técnicos del derecho, pero sí les garantiza que va a pelear al lado de ellos hasta donde se pueda. Después de todo sólo eso es lo que necesita escuchar un preso.

Fallas de origen

Ahora ya no es problema. Ya tiene 18 años, y sin mayor dificultad se apersona en los juzgados penales para interponer recursos en defensa de sus presos, pero hasta hace unos meses, el principal obstáculo de Jhonatan Miguel era su minoría de edad; en los juzgados no le aceptaban ningún documento.

“En todos los juzgados solo me miraban de arriba abajo, cada vez que llegaba a interponer un recurso de queja. A veces los secretario de los juzgados solo se sonreían”.

Terminaban por preguntarle su edad y casi siempre era la misma respuesta: “no puedes presentar el recurso. Trae a tu papá o que venga el abogado”.

La risa de los funcionarios de los juzgados le calaba cuando decía que él era el defensor.

Por esa razón, aun cuando él elaboraba los alegatos legales, tenía que buscar a terceros para que a su nombre presentaran los recursos de queja. A veces algún amigo de la vecindad le hacía el favor, otras ocasiones tuvo que pedir ayuda a otros abogados presentes en los juzgados, solo para hacer la entrega del recurso. Eso ya lo superó desde el pasado mes de abril, cuando cumplió sus 18 años.

“Resulta increíble”, dice como si hablara para sí mismo, “que en un país donde se habla tanto de los derechos de los niños y se mantiene un discurso oficial para empoderar a los menores, no se tenga la posibilidad de que un menor pueda acudir ante un juzgado a reclamar el derecho de acceso a la justicia”.

Por esa razón ya prepara una iniciativa de ley ciudadana, que espera presentar en el Congreso Local del Estado de México, a fin de que se modifique el código de procedimientos penales, y se permita que un menor de edad pueda apersonarse en un juzgado para presentar un recurso de ley.

Sobre todo en los casos en donde se presuman fallas al debido proceso y/o violación a las garantías individuales de algún preso.

Con el convencimiento en la sangre

La pobreza en la vida de Jhonatan Miguel Landeros no ha sido limitante para no tomar los libros por su cuenta, y comenzar a estudiar lo que a él le apasiona; se sabe al dedillo el Código Penal Federal, se mete sin mayor dificultad en los vericuetos escritos en los códigos de procedimientos penales; el código penal del Estado de México se ha vuelto su libro de cabecera, y la Constitución Política de México se ha convertido en el ABC de su vida.

Todos los días, antes de comenzar su trabajo, le dedica al menos cinco horas a la lectura de los expedientes; estudia y revisa cada uno de los legajos que algunos familiares de los internos en el penal de Neza le hacen llegar.

La mayoría de esos presos son compañeros de celda de su abuelo, los que no tienen para pagarse un abogado y que de alguna forma se saben inocentes de los cargos que se les imputan.

El “niño abogado” no descansa. Todos los días mantiene un contacto permanente y personal con los familiares de decenas de presos de la cárcel del Bordo de Xochiaca, en ciudad Nezahualcóyotl.

No sólo lleva casos de agraviados por fallas en el debido proceso, también ha asumido la defensa de algunos reos violentados en sus derechos humanos.

No sabe cuántas quejas ha puesto en la comisión estatal y la nacional de derechos humanos, sobre la violación de las garantías individuales al interior de la cárcel, pero de lo que sí está seguro es que ha cambiado la vida de algunos internos, de los que reconoce que no solo están privados injustamente de su libertad, sino que son sometidos a tratos denigrantes por parte de los custodios y de la propia dirección carcelaria de ese sitio.

La mayor parte de las quejas sobre las violaciones a las garantías individuales de los presos que lleva Jhonatan Miguel se han interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde ha llamado la atención que un niño, sin título de abogado, esté trabajando de esa forma por los derechos humanos en México.

Él se sonríe. Sus casi dos metros de estatura son una masa infantil a la que le gana la risa. Se acomoda los lentes.

Se nota apenado, pero se serena.

“Ese es el tamaño de la injustica que tenemos en nuestro país”, arguye como su propia justificación en la empresa que ha asumido, de la que asegura que no va a renunciar.

Y vaya que tiene razones para abandonar la empresa que ha asumido: ha recibido amenazas directas por parte de la Policía Judicial del Estado de México.

“Me han dicho que me calle. Que ya no haga nada con relación a la defensa de mi abuelo, que si sigo defendiéndolo, igual que a otros presos, me van a matar”.

Él tiene miedo de las amenazas, pero asegura que tiene más miedo de no poder hacer nada ante la injusticia que le ha tocado vivir de primera mano.

Sin protección oficial

También resulta paradójico, dice el “niño abogado”, que en un país donde se pretende velar cada vez más por los derechos de los niños, no se tenga la posibilidad de acceder a los mecanismos de protección personal que garantiza el estado y organismos independientes como la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tras recibir amenazas de muerte por parte de un grupo de policías judiciales del Estado de México, Jhonatan Miguel buscó la ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No solo acudió a la instancia para denunciar la amenaza de muerte, sino que fue en busca de apoyo para su seguridad personal, pero ni siquiera fue escuchado.

Él mismo fue víctima de la paradoja legal de nuestro país. Fue discriminado por la propia CNDH al negarle la posibilidad de ser abanderado en alguno de los programas de protección oficial a defensores de derechos humanos, la razón fue que no estuvo acompañado de un adulto al momento de hacer la petición y presentación de la queja.

Dijo Jhonatan Miguel que la negativa de la CNDH para conocer su denuncia de amenazas, la que presentó siendo menor de edad, fue argumentada en que acudió solo, sin la presencia de un adulto. Por eso no pudo lograr que lo canalizaran al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

Después, desanimado, ya no optó por presentarse en el propio mecanismo federal de la SEGOB. Sabía que le iban a rechazar su petición de protección, al no tener quien lo acompañara. A la fecha, ya con 18 años cumplidos aún valora la posibilidad de poner su seguridad personal en manos del Estado, contra el que ha emprendido una batalla para que se haga respetar la ley.

Actualmente, aun con las amenazas de muerte que penden sobre él, no desiste de su empresa. A su corta edad ya ha entrado en un punto de resignación: ha decidido extremar sus medidas de seguridad personal bajo su propio riesgo.

“Me la voy a jugar como todos los defensores de derechos humanos en el país. Uno vive hasta que el sistema quiera”, dice en una suerte de convencimiento. “En México, no puedes ir contra el sistema, y si lo haces, es sobre tu propio riesgo”, reconoce.

Una cárcel pesada

Todos los casos que el “niño abogado” mantiene actualmente en litigio son solo de la cárcel del Bordo de Xochiaca en ciudad Neza.

Aun cuando reconoce que puede haber otros internos que requieren su ayuda en otras cárceles, Jhonatan Miguel dice que de momento quiere centrar su atención en ese penal.

Sabe que no le alcanzaría el tiempo ni los pocos recursos para asumir nuevas defensas fuera de ciudad Neza, aunque a él le gustaría documentar más casos de violaciones al debido proceso, porque está seguro que en cada prisión existen casos similares: en donde hay inocentes presos, a veces por razones políticas, a veces por la ineficiencia del sistema acusatorio en el que se mueve la justicia mexicana.

“El penal del Bordo de Xochiaca, es un caso para revisarse a fondo”, dice convencido tras asegurar que son cientos los casos de encarcelamiento injusto por fallas al debido proceso.

De los asuntos de violaciones a las garantías de los internos, ni hablar. Se ríe cuando calcula mentalmente las violaciones a los derechos humanos de las que tiene conocimiento en ese penal.

Y lo hace con justa razón, de acuerdo al reporte anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre cárceles que se hizo en el 2015, el penal del Bordo de Xochiaca en Neza, está ubicado como uno de los penales del país con calificación mínima aprobatoria de apenas el 6.53, muy por debajo de la mayoría de los penales estatales de otras entidades.

En esa cárcel estatal, existe una población de 4 mil 408 internos, cuando sus instalaciones fueron diseñadas para mil 878 presos, por lo que la sobrepoblación es el principal problema que deriva en la violación a las garantías individuales de los internos, quienes tienen que pagar a algunos custodios para tener acceso al uso de regaderas, comedor y áreas de visita íntima.

Una cárcel con graves problemas

De acuerdo al diagnóstico sobre las condiciones de las cárceles que hizo la CNDH, el penal del Bordo de Xochiaca registra graves problemas para el ejercicio de la gobernabilidad institucional, en donde destaca la ineficiencia del personal de custodia y la existencia de grupos de autogobierno, lo que deriva en actividades ilícitas que afectan no solo a los internos, sino también a sus familias.

Otro de los renglones que reconoce la CNDH como problema grave dentro de la cárcel del Bordo de Xochiaca, es la falta de un programa eficiente que permita a los internos la reinserción social, pues no se cuenta con actividades laborales y de capacitación para toda la población penitenciaria, la que en muchos casos se tiene que subordinar laboralmente a los grupos de autogobierno.

Entre los problemas detectados por la CNDH, dentro de ese penal, contra los que el “niño abogado” ha emprendido una lucha legal, se encuentran aquellos que atentan física y moralmente contra la integridad de los internos: hacinamiento, servicios deficientes de salud, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y atención a internos en condiciones de aislamiento.

“Ese es un problema grave”, dice Jhonatan Miguel “el que se vive dentro de la cárcel del Bordo. Porque sumado al maltrato y sometimiento de los internos, por otros internos, también se tienen casos documentados de la violencia que la propia institución mantiene hacia la población carcelaria, la que es resultado de la ineficiencia administrativa”.

La opinión del “niño abogado” es coincidente con la observación que este mismo año hizo la CNDH sobre los aspectos deficientes para poder ofrecer una estancia digna a los presos del Bordo de Xochiaca: inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de la cárcel, deficientes condiciones materiales y de higiene en las instalaciones para alojar a los internos de recién ingreso, así como deficiencia en las condiciones materiales, equipamiento e higiene de las área médicas, de cocina y comedores, sumado a deficiencias en la alimentación.

El abuelo preso
 
Antes del 2014, la vida de Jhonatan Miguel trascurría como la de cualquier muchacho. Vivía con su abuelo Ignacio Nájera Martínez, un funcionario del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), en donde se desempeñaba como consultor.

Toda la vida de Ignacio fue dedicada al servicio público. La mayor parte de su carrera laboral la hizo como policía. Fue funcionario de la Interpol México, comandante de la Policía Ministerial en Puebla y jefe de seguridad del aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México. Después, en busca de una vida más tranquila, se hizo consultor del IAPEM.

“Fue una traición la que lo llevó a la cárcel”, explica Jhonatan Miguel. Su abuelo fue acusado de extorsión por 3 mil pesos. Pero insiste que fue víctima de una traición; se negó a ejecutar un asesinato por encargo y terminó siendo acusado por el mismo contratante de quererlo extorsionar.

La acusación que pesa sobre el abuelo del “niño abogado”, dice el mismo Jhonatan Miguel, no tiene fundamento.

El parte policial lo señala como detenido infraganti, pero nunca le encontraron el dinero de la supuesta extorsión. Además de que el detenido no fue puesto a disposición en forma inmediata.

Esos, junto con al menos otras 10 inconsistencias, son los argumentos que han llevado al “niño abogado” no solo a tomar la defensa de su abuelo, sino a tomar la decisión de defender el estado de derecho que les fue arrebatado a decenas de presos.

Los mayores problemas

1.  Hacinamiento

2.  Servicios deficientes de salud

3.  Insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos

4.  Insuficiencia en la atención a internos en condiciones de aislamiento