La Contraloría del Estado de Jalisco se encuentra desarrollando los Lineamientos específicos que le permitirán comenzar a implementar las verificaciones aleatorias sobre la evolución patrimonial de los funcionarios como una herramienta para detectar posibles casos de enriquecimiento inexplicable o injustificado.

Las verificaciones aleatorias sobre la evolución patrimonial de los funcionarios de Jalisco, con base en las declaraciones de situación patrimonial que deben presentar, son uno de los instrumentos que están previstos por el Sistema Nacional Anticorrupción para identificar y sancionar a los servidores públicos que incurran en prácticas de corrupción para enriquecerse ilegalmente.

Sin embargo, de acuerdo con lo que expone la Contraloría del Estado en Jalisco, estas verificaciones no han podido ser implementadas, pues aún está pendiente la expedición de una normatividad que las sustente jurídicamente.

“En efecto, desde el 1° de mayo de 2021 a la fecha, se cuenta con dos declaraciones en los nuevos formatos por cada persona servidora pública adscrita a la administración pública estatal que ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El primer momento de recepción ocurrió del 1 de mayo al 31 de julio de 2021, mientras que el segundo ocurrió en el pasado mes de mayo de 2022.

“Así pues, actualmente se estaría en condiciones de realizar las verificaciones aleatorias a la evolución patrimonial a las personas servidoras públicas, en virtud de que ya se cuenta con dos declaraciones de situación patrimonial recibidas por persona servidora pública, con las cuales será posible realizar ejercicios analíticos y comparativos”, señaló vía transparencia.

Sin embargo, la dependencia advierte que es necesario resaltar que, para realizar las verificaciones patrimoniales, es importante contar con un procedimiento establecido para dicha actividad

“En ese tenor, la Contraloría del Estado actualmente se encuentra elaborando los Lineamientos para el seguimiento y verificación de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, los cuales se prevén finalizar en esta anualidad, a fin de dotar a dicho ejercicio de certeza jurídica”, dice la dependencia.

Estos Lineamientos se están diseñando en el marco de dos colaboraciones de la Contraloría: la primera derivada del Plan Anual de Trabajo 2022 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación –desde la Región Centro-Occidente-, que cuenta con una Comisión en Materia de Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo, y donde uno de los proyectos es la generación de la “Metodología para el análisis de la evolución patrimonial”.

La segunda colaboración es la que se estableció con el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, mediante un convenio celebrado el 17 de agosto de 2021 para elaborar: “investigaciones, diagnósticos, análisis y estudios de opinión pública“.

Los preparativos

La Contraloría del Estado se refirió al 1 de mayo de 2021, pues fue en esa fecha en la que entraron en vigencia los “formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses”, con base en los cuales se implementarán las  verificaciones aleatorias sobre la evolución patrimonial de los funcionarios de Jalisco.

“Si bien es cierto que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento que entró en vigencia plena el 19 de julio de 2017, señala en su artículo 30 la obligación de las Secretarías y los Órganos internos de control de realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos; también lo es que para llevar a cabo dichas verificaciones a la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, era necesaria la entrada en operación de los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses”.

Estos formatos que “sentaron las bases para detectar incrementos injustificados y analizar cuantitativamente el patrimonio de las personas servidoras públicas“, quedaron vigentes mediante un Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y publicado el 24 de diciembre de 2019, y cuyo punto Tercero dice:

“Tercero. A partir del 1 de mayo de 2021, serán operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, a que hace referencia la fracción I del artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción“.

Las investigaciones a funcionarios de Jalisco

La Contraloría señala que ha emprendido 15 investigaciones “por falta de veracidad” en las declaraciones presentadas por los funcionarios de Jalisco, y derivadas de denuncias, durante los gobiernos de Aristóteles Sandoval Díaz y de Enrique Alfaro Ramírez (expediente S.A.I.P. 319/2022).

La Dirección de Área de Responsabilidades y de lo Contencioso reportó que:“se encontraron cuatro registros de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa aperturados por falta de veracidad en declaraciones patrimoniales (uno de 2020 en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (SSJ); dos de 2021 en la Universidad Tecnológica de Jalisco; y otro de 2022 en la Secretaría de Turismo).

La Dirección de Área de Denuncias reportó que “se encontraron 8 ocho registros de Procedimientos de Investigación Administrativa aperturados por falta de veracidad en declaraciones patrimoniales (todos de 2018: tres en Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; los otros en Colegio de Bachilleres (COBAEJ); en las Secretarías de Gobierno, de Movilidad, de Educación y en Fiscalía General)”.

Y finalmente: “de la integración de tres investigaciones se advierte la falta de veracidad en la presentación de la declaración patrimonial (uno en 2019 en O.P.D. SSJ; otro en 2019 en  Contraloría; otro en 2021 en Secretaría de Turismo)”.

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