Con la asfixia presupuestal que le fue impuesta por el Gobierno de Jalisco, la Comisión Estatal Indígena no puede replicar programas como los de la CNDH y la CDI


"Somos 10 para atender a todos los indígenas del estado de Jalisco, en el que existen entre 70 u 80 mil indígenas"

Ramón Chivarras López

Indígena wirrárika

http://youtu.be/TzNrzUhHNiM

El programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para liberar a indígenas encarcelados que habían sido víctima de violaciones a sus garantías fue adoptado por Jalisco y, al mismo tiempo, ignorado en 2013, cuando el Gobierno del Estado reportó un nulo avance en la liberación.

Unos 90 indígenas permanecen recluidos en las cárceles estatales y municipales de Jalisco, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Estos forman parte de un universo de 8 mil 502 que están presos en todo el país.

En 2013 la CNDH le turnó al Gobierno de Jalisco para su valoración jurídica, decenas de expedientes de indígenas encarcelados en el estado. 

El organismo pidió que las autoridades locales les dictara una libertad anticipada, pero esto no sucedió en ningún caso.

En su Informe de Actividades 2013, la CNDH precisa que “presentó ante autoridades penitenciarias, tanto del orden federal como de las entidades federativas, un total de mil 260 casos de sentenciados indígenas, con el propósito de que analizaran sus expedientes, para determinar la procedencia o no del otorgamiento de alguno de los beneficios de libertad anticipada”. 

De esos presos reportados por la institución, 28 eran internos indígenas del fuero común en Jalisco, es decir, le correspondía a la Fiscalía de Reinserción Social local liberarlos. 

Y a pesar de enmarcarse en el programa de la CNDH, la autoridad no concedió ni uno solo de los beneficios legales.

En otras entidades se resolvieron favorablemente hasta 38 casos, como en Chiapas; 28 fueron liberados en Nayarit y otros 24 en Guerrero, aún cuando se trataban de casos del fuero común o del federal. 

En total “como resultado de las gestiones realizadas, las autoridades penitenciarias mencionadas otorgaron 121 libertades anticipadas a sentenciados indígenas”, pero Jalisco se excluyó de la estadística oficial.

En el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 se advierten las violaciones al derecho al debido proceso de los indígenas, a los que ni siquiera se les brinda un traductor.

“La población indígena se encuentra en situación de vulnerabilidad, repercutiendo en diferentes ámbitos, pero en particular en la administración de justicia, debido a que los medios existentes no responden al hecho de que no hablan español, no cuentan con recursos económicos para pagar defensa legal y para acceder a los órganos judiciales”.

Sin dinero para atenderlos

Con la asfixia presupuestal que le fue impuesta por el Gobierno de Jalisco, apenas y le otorga 3.7 millones de pesos aproximadamente, la Comisión Estatal Indígena (CEI) no puede replicar programas como los de la CNDH y la CDI, que también asesora y cubre las fianzas de estos internos. 

“Sería muy factible (tener programas propios)”, comenta Ramón Chivarras López, indígena wirrárika y miembro de la CEI. 

“Los indígenas por el simple hecho de carecer de recursos económicos o desconocer cuál es la función jurisdiccional, o por delitos leves, se encuentran recluidos. Esto es grave, pero a los indígenas podríamos apoyarlos con una fianza”. 

Las condiciones de violencia y de discriminación al interior de las cárceles han llevado a estos reclusos a negar su condición indígena, según Chivarras.

“La cuestión radica en que también cuenta mucho exhortar a las organizaciones civiles para hacer presión (…) 

“El simple hecho de no tener activa la Dirección Jurídica es parte limitante en la CEI, ¿qué puedes hacer? Vamos a asesorarlos, pero no nada más se trata de brindar asesoría sino que debes intervenir para que puedas darle salida a eso”, dice el wirrárika.

La CEI está a poco de ser desmantelada. Tiene una plantilla de 34 funcionarios, pero los poco menos de 4 millones de pesos que le ha destinado el gobierno estatal le son insuficientes y apenas puede pagar una tercera parte de su nómina.

Sólo la gira por Europa que entre junio y julio pasado hicieron cuatro burócratas de la Secretaría de Desarrollo Económico, le costó al erario unos 763 mil 539 pesos, casi la quinta parte del sostenimiento de la institución para la atención de los indígenas en la entidad.

“Somos 10 para atender a todos los indígenas del estado de Jalisco, en el que existen entre 70 u 80 mil indígenas”, destaca Chivarras López.

Según datos oficiales, el 45.5 por ciento de la población en México vive en pobreza, y un 9.8 en lo que se considera pobreza extrema. 

Pero los números se vuelven más crudos en la población indígena: 7 de cada 10 indígenas son pobres, y el resto vive en pobreza extrema. Y si el rezago educativo general es de un 17.6 por ciento, en las etnias se duplica y alcanza el 34.1 por ciento.

 “La probabilidad de morir durante los primeros cinco años de vida es mayor en aquellas zonas que tienen población indígena (53 por cada mil nacidos vivos) que en aquellas que tienen menos (25 por cada mil)”, dice el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

“El riesgo de morir por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor en niños/as indígenas que el de una niña o niño de la población general”.

Carne de cañón para el crimen 

A la condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas se suma ahora la operación del crimen organizado, que ha encontrado en esta población un blanco para la extorsión.

 “Hemos sufrido ese tipo de situaciones, el crimen organizado se ha metido ya en estas poblaciones vulnerables”, alerta Chivarras López. “En la región Costa Sur con los nahuas, donde hay cuestiones de mucha explotación minera, hay mucha explotación de recursos naturales, hay interés de por medio y precisamente la delincuencia organizada se ve metida ahí. 

“Frecuentemente nos han dicho ‘¿qué está pasando?’ ¿Por qué hemos recibido llamadas anónimas tratando de extorsionarnos?’, aquí ya las autoridades competentes debieran estar tomando cartas en el asunto”.

En el Programa Especial se reconoce la incapacidad gubernamental para proteger a los pueblos indígenas del crimen organizado.

“El Gobierno de la República perdió capacidad de brindar seguridad a la población indígena, sobre todo a aquella que se encuentra asentada en zonas de difícil acceso, las cuales por sus propias características han sido afectadas por la acción del crimen organizado (…) el Estado mexicano debe tener una mayor presencia y compromiso con las comunidades afectadas”.

Las entidades con más indígenas encarcelados por delitos contra la salud son Oaxaca, con 93; Chiapas, con 75; Yucatán, 42; Guerrero, 28; y Puebla, 18.  

Las cinco con más encarcelados por violar la ley federal de armas son Oaxaca, con 20; Puebla, con 13; Chiapas, ocho; Guerrero, ocho y Michoacán, cuatro.  

Los delitos de indígenas

Los principales delitos por los que encarcelan a indígenas en Jalisco son contra la vida y la integridad corporal (entre estos los homicidios), con un 62 por ciento del total (56); seguido por delitos sexuales, incluido la violación, con el 17 por ciento (15) y contra el patrimonio, como lo es el robo, con el 12 por ciento (11). 

Hay otros relacionados con los delitos contra la libertad personal (secuestro), con tres casos; violación a la Ley Federal de Armas (dos), Contra la Salud (dos) y Daños en Propiedad Ajena (uno). 

A nivel nacional, casi la mitad de los presos indígenas ha ido a parar a la cárcel por delitos contra la vida y la integridad corporal, con el 46 por ciento (3 mil 934); por delitos sexuales el 24 por ciento (2 mil 65); contra el patrimonio un 16 por ciento (mil 341); contra la salud un 4 por ciento (378), y contra la libertad de las personas un 3 por ciento (286). 

Menos de un punto porcentual de los indígenas en reclusión lo están por violaciones a la legislación federal de armas (78).

Por delitos sexuales destacan Puebla, con 346 casos; Veracruz, 247; Oaxaca, 181; Chiapas, 177; Quintana Roo, 141; San Luis Potosí, 140; DF, 130; Yucatán, 86; Hidalgo, 86 y México, 81. 

En 10 entidades están concentrados ocho de cada 10 indígenas encarcelados: Oaxaca, con mil 355; Puebla, con mil 334; Chiapas, 996; Veracruz, 666; Distrito Federal, 533; Guerrero, 395; Yucatán, 348; Chihuahua, 322; Quintana Roo, 303 y México, 299.