Hasta ahora, los fiscales sólo pueden ser removidos por las y los diputados del Congreso local.

Durante 2020, la incidencia delictiva en Nuevo León fue de 29 mil 64 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que implicó un incremento de 2.6 por ciento con respecto a los 28 mil 319 delitos de 2019.

El delito más frecuente en la entidad neoleonesa fue el de extorsión. En Nuevo León cada delito cuesta en promedio 5 mil 391 pesos por el gasto en medidas de protección y pérdidas.

+5

mil cuesta cada delito en Nuevo León por pérdidas y protección

En el año 2020, en Nuevo León la tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 313 personas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años de edad. Mientras que a nivel nacional la tasa de víctimas de la inseguridad fue de 23 mil 520 por cada 100 mil habitantes.

Los datos son de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 que fue presentada el 22 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El documento revela que 61.2 por ciento de los neoleoneses percibe inseguridad.

61.2

por ciento de los neoleoneses percibe inseguridad

Hoy Nuevo León cuenta con tres órganos autónomos para el combate a los delitos: la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Sin embargo, Gustavo Adolfo Guerrero, Javier Garza y Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, titulares de cada una, respectivamente, hasta ahora sólo pueden ser removidos por las y los diputados del Congreso local a solicitud del gobernador, bajo criterios restringidos.

Por ello, el diputado de Morena, Waldo Fernández, propuso modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia para que cualquier ciudadano pueda solicitar la remoción de los fiscales con su debido proceso.

“Ya que los ciudadanos son los verdaderamente afectados en un delito por la violencia, teniendo causa sustentada, pueden presentar la solicitud de remoción de fiscales, quienes tienen que atender a la rendición de cuentas: cuáles son sus resultados”, menciona el legislador morenista.

Como promotor de esta iniciativa, Fernández sostiene que el proceso de destitución de fiscales está incompleto.


“Cuando se eligió a los fiscales del Estado quedaron cosas por perfeccionar. La primera es los sistemas de control de confianza y la segunda es el proceso incompleto de destitución”

Waldo Fernández

Diputado de Morena

La autonomía de las fiscalías no las exime de la rendición de cuentas a los ciudadanos ni tampoco de que estén alejados de la vigilancia a quienes de manera democrática se designó como titulares de dichas dependencias. Por ello, la iniciativa del legislador morenista establece que los fiscales se sometan a exámenes de control de confianza, algo que no se incluyó desde sus nombramientos.

La deficiencia de las fiscalías y fiscales podría ser resuelta

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, no ha presentado una carpeta de investigación por un posible acto de corrupción contra el Gobierno estatal y los 51 municipios de Nuevo León.

Y aunque han salido a la luz pública algunos casos de sospechas de actos de corrupción en el manejo de recursos públicos, el fiscal no ha llevado alguna carpeta ante un juez.

Garza y Garza, quien fue nombrado fiscal anticorrupción el 9 de marzo de 2018, hasta el momento no ha logrado concretar una investigación por los casos del Cobijagate y la compra del dron a sobreprecio en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, el cual está por concluir la próxima semana.

Mientras que la extinta Subprocuraduría en Combate a la Corrupción, de Ernesto Canales, creada en 2015, llegó a abrir al menos 250 carpetas de investigación en la administración del exmandatario Rodrigo Medina.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, a cargo de Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, ha adoptado por el mismo camino de la Fiscalía Anticorrupción, pues no puede presumir resultados eficientes.

Y aunque abundan quejas de violaciones a la Ley Electoral en la pasada elección del 6 de junio, la Fiscalía no llevó ningún caso ante algún tribunal.

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