Morena abrió el debate en la Ciudad de México para regular el consumo de alimentos altos en grasas y azúcares, mejor conocidos como comida chatarra.

La primera iniciativa de ley a nivel local fue presentada el pasado 20 de agosto y busca prohibir la venta de dichos productos en las escuelas.

En los estados de Oaxaca y Tabasco ya se prohibió el comercio de comida chatarra a menores de edad.

Lo anterior, después de que se comprobara que las enfermedades derivadas del consumo de productos con alto contenido calórico, como la diabetes y la hipertensión, son los principales factores de comorbilidad del COVID-19.


Especialistas consideran que estas iniciativas pueden perder impacto por el comercio informal, ya que solo podrían ser aplicadas en negocios regulares

El pasado 28 de julio, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el 78 por ciento de fallecimientos en el país por la pandemia de COVID-19 se debían a los padecimientos mencionados.

Miguel Ángel Macedo Escartín, diputado local de Morena y autor de la iniciativa capitalina, señala que lo más importante es abrir el debate, integrar a expertos e involucrados para combatir de raíz los problemas de alimentación de los habitantes de la metrópoli.

Además, su propuesta es una de la serie de iniciativas que su grupo parlamentario presentará para evitar la obesidad y diabetes.

Actualmente, la Ciudad de México es la entidad más afectada por el COVID-19 al acumular 92 mil 343 casos y 10 mil 159 defunciones.

Dejar la comida chatarra desde la escuela

Macedo Escartín aclara que su iniciativa ataca al problema desde una de sus aristas: la educación.

“Se trata de generar conciencia sobre la importancia de la alimentación desde las escuelas, desde donde los menores se educan”, dice el legislador.

La problemática alimentaria a nivel nacional alcanza a la mayor parte de la población mexicana, según información del Instituto de la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Datos del sistema de salud revelan que hasta el 2016, el 70 por ciento de los habitantes del país tenía sobrepeso u obesidad.

Esto significa que de los 119 millones 983 mil 473 de personas que viven en México, aproximadamente 839 mil tienen una comorbilidad de COVID-19.

Macedo Escartín también refiere que se buscará a empresas y comerciantes para discutir la ley, la cual no pretende generar afectaciones económicas en el proceso a la recuperación, sino que modifiquen su línea de productos.

“Entiendo la preocupación de los sectores de tenderos, refresqueros y de los vendedores de pan de dulce; pero, también es una oportunidad hacia una nueva etapa de cambio a procesos de producción de líneas comerciales hechas especialmente para niños”, declara.

La reforma presentada por el legislador local adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y fue turnada para su análisis a la Comisión de Educación y a la de Salud.

Respecto a cuándo podría aprobarse, Macedo Escartín explica que aún no existe una fecha, pues tiene que plantearla a otros grupos parlamentarios y al suyo, donde también están trabajando otras iniciativas en el mismo sentido.

Informalidad, el riesgo

Cesaire Chiatchoua, investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, afirma que todas las iniciativas que proponen regular o inhibir el consumo de comida chatarra en menores de edad son positivas.

Sin embargo, podrían perder fuerza o no tener la efectividad esperada.

Chiatchoua explica que las leyes y normas solo van a aplicarse a empresas y negocios formales, no a los irregulares.


En México, 9 de cada 10 pequeñas y microempresas son irregulares. Si no están en regla, ¿cómo se va a supervisar el cumplimiento de las leyes?

Cesaire Chiatchoua

Investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que el tamaño de la economía informal asciende al 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

En consecuencia, menciona el especialista, no servirá regular la venta de comida chatarra si no se hace lo mismo con los comercios.

“No hay suficiente policía ni personal para vigilar estas prohibiciones”, considera Chiatchoua.

Entonces, refiere, reformas como la de Macedo Escartín reducirán su impacto. Aunque en las escuelas se prohíba la venta de alimentos altos en azúcares y grasas, afuera puede haber una tienda informal o puesto ambulante que la venda.

El especialista de La Salle considera que se deben de dar incentivos a los negocios formales para que los demás se sumen al sector y también aumentar sueldos en empresas para que sea más atractivo trabajar de manera regular.

Más iniciativas

El 24 de agosto, el diputado Norberto Nazario Sánchez informó que promoverá una propuesta para que las empresas de chatarra no puedan deducir impuestos de donaciones.

El objetivo es que los recursos obtenidos de los gravámenes vayan directa e íntegramente al erario público.

El mismo día, los legisladores de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, Lourdes Paz (quien preside la Comisión de Salud del Congreso), Ricardo Fuentes e Isabela Rosales informaron que presentarán una propuesta para regular la venta de productos altos en contenidos calóricos en supermercados y tiendas.

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