Los sellos en octágonos negros con letras blancas son apenas un avance. El etiquetado de alimentos y bebidas preenvasados es la primera fase de un proceso que inició en 2019 y concluirá hasta 2025.

“El nuevo etiquetado es resultado del esfuerzo de un grupo de expertos que integraron evidencia científica para amparar políticas públicas que defienden el bienestar y el derecho a la información de las y los mexicanos”, dice la Secretaría de Salud en el comunicado del 1 de octubre, cuando entró en vigor esta medida.

Pero para Arianna Omaña Covarrubias, maestra en Nutrición Clínica, el etiquetado frontal debe complementarse con información, un pendiente a casi nueve meses de su implementación.

“Yo sólo lancé el producto al mercado pero nunca le he explicado a la población qué significa que un alimento tenga exceso en grasa o en azúcares. Entonces, el desconocimiento la sigue llevando a la elección de los mismos alimentos, tengan el etiquetado que tengan”, advierte.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y para el doctor en Ciencia de Alimentos, Guillermo Arteaga MacKinney, informar a la población es parte de garantizarlo.


“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que podamos ejercer el derecho a la salud. Creo que se atrevió a hacer algo diferente, el etiquetado anterior no servía y México ha sido de los primeros países a nivel mundial que implementó esto pero se tardó en establecer una guía más clara”

Guillermo Arteaga MacKinney

Doctor en Ciencia de Alimentos

El colaborador del Laboratorio de Datos Contra la Obesidad afirma que el etiquetado frontal es una medida que, por sí misma, no puede revertir la obesidad y el sobrepeso en México toda vez que estas condiciones de salud tienen causas multifactoriales.

“El gobierno tiene que ver que también se necesitan otras medidas, el etiquetado como tal es una pero debemos tener otras adicionales. Concentrarnos sólo en eso no va a ser suficiente”, añade.

La miembro de LabDO, por su parte, considera que más allá de retirar a personajes de la publicidad de alimentos y bebidas para niñas y niños es importante tener incidencia en su formación.

“Creo que el gobierno ya ha hecho alguna propuesta, que es justo la de ir insertando en el mapa curricular una asignatura en toda la educación básica que tiene que ver con la nutrición, derivado de todo el proceso de la pandemia. Sin embargo, el material no fue hecho por nutriólogos, sino por profesores, y será impartido por ellos”, lamenta la maestra.

Un foco rojo está en la infancia. Los resultados nacionales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 sobre Covid-19 revelan que el sobrepeso más obesidad aumentó su prevalencia en niñas y niños menores de cinco años al pasar de 6.8 a 8.4 por ciento en un año.

Sin embargo, en las niñas y niños también está una posible solución desde la educación. Si bien las escuelas eran culpadas por los padres y madres de familia por la venta de alimentos chatarra, las aulas pueden ser un espacio de enseñanza sobre el nuevo etiquetado.

“Los niños tienen su propia inteligencia, lo que en teoría deberían recibir en las escuelas debería de influir. Le apuesto a que en las aulas retomen esta mayor preocupación de consumir con menos sellos, que la gente se haga más sensible. Es muy difícil, complicado, nos falta educación y estrategias para promover las frutas, las verduras”, propone el doctor.

Para el LabDO, las madres y los padres de familia son ahora los principales responsables de los productos que ingieren sus hijas e hijos debido a las clases a distancia. Unos y otros deberían ser parte de la estrategia de información sobre el etiquetado.

“Al final del día, los niños no van y pagan el producto que se van a llevar a la boca,  quien lo hace son los cuidadores. Hoy están en casa, le echábamos la culpa completamente a la escuela pero los padres tampoco están proveyendo lo mejor en el hogar”, asegura Omaña Covarrubias.

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