El del Infonavit es el mayor fraude que haya reconocido un Gobierno federal. Foto: Especial

Los otros tentáculos de una protagonista de fraude

Esta es la historia de cómo una de las empresas involucradas en el daño histórico al Infonavit sobrevivió entre las sombras de otra estafa

En la trama de corrupción del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), expuesta por el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, Orma, Viguetas y Construcciones S.A de C.V apareció en segundo sitio entre las empresas con mayores deudas por dejar viviendas inconclusas.

Con un monto otorgado de 58 millones 58 mil pesos se convirtió en una de las protagonistas de esta trama de corrupción. Debe 55 millones 55 mil pesos de lo que le dio el instituto para construir; es decir, el 94.8 por ciento. Esto porque dejó pendientes 55 de 58 viviendas que se comprometió a construir.

Si se ordenan de mayor a menor, por saldo vencido, las empresas que incumplieron con edificación, expuestas en la conferencia “mañanera” por Romero Oropeza, a Orma, Viguetas y Construcciones S.A de C.V sólo la supera Domum Tuam. Enseguida, está Desarrolladora Puerta del Sol.

Para Orma, Viguetas y Construcciones S.A de C.V no es la primera trama en la que protagoniza un fraude. En 2014, el mismo año en que dejó de construir viviendas para el Infonavit, incumplió en la edificación de cuatro fraccionamientos para maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Aguascalientes, por más de 200 millones de pesos.

Su accionista, Raúl Ortega Jiménez, enfrentó ese año 40 denuncias por parte de trabajadores de la educación ante la fiscalía de esa entidad, ante las cuales se amparó. Algunos afectados denunciaron en una rueda de prensa ese año que las viviendas se compraron por sugerencia de la sección 1 del SNTE para que ejercieran sus créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Ortega Jiménez era delegado de ese fondo en Aguascalientes en ese momento.

Con retrasos y pérdidas, los fraccionamientos fueron finalmente construidos. Los años pasaron y por el caso no hubo penalidades pagadas. Incluso, Orma, Viguetas y Construcciones S.A de C.V también logró convertirse en proveedora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (hoy también de Infraestructura), entre 2013 y 2014, por más de 20 millones de pesos, según consta en CompraNet.

Para la empresa, el pasado ha vuelto. Ahora debe enfrentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el fraude en el Infonavit, un expediente que data de 2014 y fue desempolvado.

“… Le di la instrucción al director del Infonavit para que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica, porque vamos a presentar denuncias penales ante la Fiscalía”, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia “mañanera” del 8 de enero de 2025.

Sin embargo, esta protagonista del fraude del Infonavit logró posicionarse como proveedora y ganar del Gobierno federal.

Los jugosos contratos de Orma

De acuerdo con el Registro Público de Comercio consultado por Reporte Índigo, Orma Viguetas y Construcciones S.A de C.V fue constituida en 1999 en Aguascalientes, Aguascalientes. Como único socio aparece Raúl Ortega Jiménez.

Las contrataciones públicas ganadas ocurrieron entre 2013 y 2014, el mismo periodo de la relación con el Infonavit aludida por Romero Oropeza. Uno de los contratos está relacionado con la educación, un ámbito vinculado con el Fovissste, del que el accionista de la compañía era delegado.

En 2013 tuvo un contrato para acondicionar la Escuela Secundaria General número 10 “22 de Octubre” en el Fraccionamiento José López Portillo y la Escuela Secundaria Técnica número 2, en Aguascalientes. Fue con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de esa entidad.

El otro también se ejerció en Aguascalientes. Fue con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal para “conservación de alimentadoras” para el centro de la dependencia en esa entidad. Al siguiente año recibió otra contratación pública para “conservación rutinaria de la Zona Norte” en el mismo centro.

La trama creciente

El del Infonavit es el mayor fraude que haya reconocido un Gobierno federal. La maraña se integró con trabajadores y directivos del instituto, notarios, jueces, constructoras y el sindicato. La operación funcionó por lo menos en las dos décadas pasadas.

El daño, hasta ahora, no ha sido calculado con precisión. Sólo en contra de los trabajadores que adquirieron viviendas bajo este entramado, hay un quebranto de mil 200 millones de pesos.

Octavio Romero Oropeza ha expuesto el caso en dos conferencias “mañaneras” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La primera vez fue el 19 de diciembre de 2024 cuando entre varios esquemas, reveló que la red de corrupción permitió pagos a constructoras que no concluyeron las viviendas sin que ninguna auditoría lo señalara.

Ayer 27 de enero, el funcionario presentó más elementos. Unos 249 mil derechohabientes del Infonavit fueron despojados a través de juicios masivos ilegales que se realizaron sin notificación. Entonces, se involucró una veintena de abogados que recibió unos 29 mil millones de pesos por parte de los trabajadores con tal de arreglar su situación.

Con todo, el conocimiento del fraude ocurre mientras la iniciativa de reforma al Infonavit continúa su curso legislativo. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dio a conocer que se planea aprobarla en el Pleno este 1 de febrero. La reforma implicaría un viraje en la supervisión y regulación que ha tenido el organismo.

Antes vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de aprobarse la reforma, el organismo quedaría sujeto a reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cada 30 de mayo estaría obligado a rendir un informe al Congreso sobre sus operaciones y resultados financieros.

Otro de los cambios es que el número de integrantes de los comités que regulan el Infonavit pasaría de 45 a 30, y el director ya no sería nombrado por la asamblea del instituto, sino por la titular del Ejecutivo federal.