La última reforma laboral de gran calado que se estableció en México fue empujada por las disposiciones establecidas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero el compromiso en esta materia entre los tres países poco ha mejorado la aplicación y el respeto a la Ley Federal de Trabajo.

Así lo afirma Susana Prieto, abogada, activista y diputada federal por Morena para la próxima legislatura, quien incluso se ha encargado de aportar pruebas junto con el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” (SNITIS), para atraer la atención de la central obrera estadounidense, AFL-CIO, en casos de violación de derechos laborales en México.

“No ha habido resultados en el T-MEC en materia laboral porque se implementó una Ley Federal del Trabajo que no tiene aplicabilidad por la falta de infraestructura y porque se dividió al país como si hubiera trabajadores de primera, de segunda y de tercera”, explica Prieto en entrevista telefónica.

Derivado de la gestión de esta abogada a través de la AFL-CIO, el gobierno de Estados Unidos estableció una solicitud de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado para determinar si se han violado derechos de trabajadores mexicanos en una fábrica ubicada de Matamoros, Tamaulipas, perteneciente a la empresa de autopartes Tridonex.

Asimismo, existe otro procedimiento similar por supuestas violaciones a los derechos laborales de trabajadores de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato.

La Secretaría de Economía ha señalado a este diario que dichos conflictos laborales en empresas altamente relacionadas con el intercambio comercial entre México y Estados Unidos no tendrán un impacto negativo.

EEUU estableció una solicitud de Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado para determinar si se han violado derechos de trabajadores mexicanos en la empresa de autopartes Tridonex y en la planta de GM ubicada en Silao, Guanajuato

Además, integrantes del sector privado están haciendo una labor de información con las autoridades de Estados Unidos, toda vez que los señalamientos hechos son producto del poco entendimiento del proceso de transición que vive el país en materia laboral que arrancó con la reforma, afirma Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“No es que no sean importantes pero hay que ponerlos en perspectiva. En una relación económica que tiene hasta cientos de miles de acuerdos en contratos laborales tenemos solamente dos. Además, no está claro todavía que en estos casos sean culpables y apenas van a usarse los mecanismos que se previeron en la ley”, dijo Salazar Lomelín desde Washington en donde se encuentra con autoridades laborales para atender dichos asuntos.

Pero desde la perspectiva de la abogada y activista laboral, el Gobierno federal ha hecho poco por establecer las bases para que las empresas que se asientan en el país respeten la ley y lo establecido en el T-MEC.

“Hay un maquillaje y desconozco si los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están pensando en cumplir el apartado 23 o no, no solamente podemos hablar de los trabajadores del campo o la ciudad, sino de trabajadores que se encuentran completamente abandonados como los mineros”.

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