Durante sesión ordinaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Guardia Nacional (GN) a entregar la versión pública de los reportes sobre el uso de la fuerza ejercida por parte de sus elementos.

“Una persona requirió los reportes pormenorizados del uso de la fuerza que elaboró la Guardia Nacional del 27 de mayo del 2019 y el 10 de marzo del año 2021.

“Lo anterior, en virtud de que la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza establece que siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberán entregar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato”, señaló el comisionado Adrián Alcalá Méndez al presentar el asunto ante el Pleno.

El Comisionado indicó que “estos reportes deben contener, como mínimo, el nombre, adscripción, datos de identificación del agente, así como el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión del agente de emplear dicho nivel de fuerza, entre otros datos, en caso de haber utilizado armas letales”.

Denunció que, en respuesta a la solicitud, la Guardia Nacional reservó de manera íntegra los informes policiales homologados “al considerar que su publicidad dañaría la seguridad pública y pondría en peligro a servidores públicos operativos y, adicionalmente, a juicio del sujeto obligado, afectaría las funciones en materia de prevención y de persecución de los delitos”.

Por lo anterior, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

De este modo, Adrián Alcalá propuso el acceso a la información solicitada en versión pública, al considerar que ésta “de ninguna manera pone en peligro la seguridad pública, porque las conductas de los agentes que el sujeto obligado pretendió reservar, están estricta y puntualmente reguladas por diversos protocolos y manuales que son específicos del uso de la fuerza, para evitar justamente el uso indebido de la fuerza.

“Es decir, no es posible, jurídicamente, clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma. Al contrario, debemos esforzarnos por su máxima divulgación o máxima publicidad, para que la sociedad pueda conocer si el uso de la fuerza al que hace referencia cada reporte se apegó a los principios de absoluta necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”
Adrián Alcalá MéndezComisionado del INAI

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