Impunidad la regla, en violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas

18 de Ene, 2018

En las dos últimas administraciones federales, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por elementos de las fuerzas armadas han reunido miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Estos abusos van desde tortura hasta ejecuciones en manos de personal de la Marina, el Ejército o la Policía Federal, la impunidad ha sido la regla, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

“Fue una situación donde el grupo delincuencial tomó la decisión de confrontar a la fuerzas del orden, de no someterse a las mismas, salvo el caso de estas tres personas”, fueron las palabras que declaró Monte Alejandro Rubido, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en torno al caso de Tanhuato, Michoacán, ocurrido en mayo de 2015.

Un año y tres meses después, la CNDH concluyó que en el sitio se habían ejecutado de manera arbitraria a 22 de las 42 personas que murieron en el supuesto enfrentamiento; de ellas, 13 fueron asesinadas con disparos en la espalda, otras 2 personas detenidas presentaron signos de tortura, mientras que una más fue quemada viva, lo anterior en manos de policías federales.

Luego de cometer los asesinatos, los elementos manipularon el lugar de los hechos, trasladando cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas, que casi de inmediato, fueron señaladas como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A la fecha, este caso sigue impune, HRW detalla que ninguna persona ha sido imputada por el hecho y que la investigación a nivel federal continúa en curso. Al igual que en otros casos de abuso, la impunidad también se ha convertido en la regla; por ejemplo, el de Tlatlaya, Estado de México, o el de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, Guerrero.

De acuerdo con datos de HRW, entre el 2006 y el 2016, la CNDH recibió 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, más de 2 mil pertenecen al sexenio de Enrique Peña Nieto. De estos archivos, se destaca que 100 denuncias se refirieron a violaciones serias a los derechos humanos.

Esto quiere decir, que la CNDH recibió entre dos y tres denuncias diarias, en promedio, relacionadas con violaciones a los derechos humanos ejercidas por efectivos federales, desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón.

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Además de las ejecuciones acometidas arbitrariamente, la tortura es otra violación severa a los derechos humanos que se practica de manera común en el país. Una encuesta realizada por el Inegi reveló que de las 64 mil personas privadas de su libertad en 370 cárceles alrededor del territorio nacional, el 57.8 por ciento dijo haber sufrido violencia física al ser arrestada. Sí, más de la mitad.

Es decir, que al menos 37 mil personas en privación de su libertad sufrieron algún grado de tortura. En este universo, el método más común fue cometido mediante golpes -puñetazos o patadas-, con el 59 por ciento; le siguió la estrangulación, sumergimiento en agua o asfixia, en un 36 por ciento; amenazas con la posibilidad de dañar a familiares, se encuentra en tercer lugar, con el 28 por ciento; y, por último, las descargas eléctricas ocurrieron en 19 por ciento de los casos.

Estas cifras superan el cien por ciento, debido a que algunas personas fueron víctimas de uno o más modos de tortura.

En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley especial para Investigar, Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyo objetivo es combatir la práctica de obtención de los testimonios obtenidos mediante tortura. No obstante, la implementación de la ley continúa inoperante, pues no han sido implementados los mecanismos propuestos.

En contraste, al 30 de junio de 2017, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR, tenía apiladas 4 mil 390 investigaciones en curso sobre presuntos casos de tortura.

La tortura se ejerce de manera sistemática. En otro caso de violaciones severas a los derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en octubre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó en abril de 2016, que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con este caso, presentaban lesiones físicas, que pudieron haber sido causadas por malos tratos y tortura.