Clero bajo ataque
México se ha convertido en el país con más sacerdotes asesinados en América Latina.
J. Jesús Lemus
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Desde lo que parecen accidentes viales, hasta encontrarlos sin vida en los templos, son algunas situaciones de cómo han sido encontrados los curas sin vida
El vocero de la Arquidiócesis de México descartó que los homicidios hayan sido una venganza por la postura de la iglesia en contra de las uniones entre personas del mismo sexo
Sacerdotes católicos piden que los homicidios de tres sacerdotes deben investigarse desde el punto de vista de la denuncia social que realizaron en vida contra el crimen organizado
México se ha convertido en el país con más sacerdotes asesinados en América Latina.
En los últimos años, 15 presbíteros católicos han sido asesinados en México. La violencia contra los párrocos se ha agudizado en los últimos 10 días con la muerte de tres de ellos –dos en Veracruz y uno en Michoacán- que fueron secuestrados y luego encontrados muertos.
¿Está el crimen organizado detrás de estos ataques a los religiosos?
Los representantes de la Iglesia Católica creen que sí, a pesar de que las investigaciones de las autoridades han arrojado que las agresiones han sido manufactura de la delincuencia común.
En la Iglesia Católica existen voces que insisten en señalar que las agresiones a los sacerdotes son un efecto de la presencia sin control de grupos de delincuencia organizada, que de alguna forma fueron señalados por los religiosos abatidos. Se ha criticado que en casi todos los homicidios de curas se descarte la línea de investigación sobre la participación del crimen organizado.
El caso más reciente del asesinato de un clérigo católico ocurrió en Michoacán, luego que el cuerpo de Alfredo López Guillén, párroco de la comunidad de Janamuato, en Puruándrio, apareciera muerto de un balazo en un predio sobre la carretera estatal que conduce a la comunidad de Zináparo.
López Guillén había estado en calidad de desaparecido por cinco días.
Antes que el sacerdote michoacano, también fueron asesinados Alejandro Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, los dos curas de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, del municipio de Poza Rica, quienes habrían sido secuestrados por sus asesinos y cuyos cuerpos aparecieron en las inmediaciones de la comunidad Reforma Escolín, del municipio de Poza Rica.
De acuerdo al Centro Católico Muntimedial, con los recientes asesinatos de los religiosos en Veracruz y Michoacán, ocurridos en menos de una semana, ya son 15 los clérigos que han muerto, y se mantiene la expectativa sobre el paradero de otros dos curas: Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora, Michoacán, y Carlos Ornelas Puga, perteneciente a la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos.
Las entidades que se han vuelto más violentas para el ejercicio sacerdotal, en donde los representantes de la iglesia católica han asumido un papel crítico frente al entorno de violencia, enarbolando las denuncias de malestar social, son Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Culiacán, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Con índice de fuego
“El gobierno nunca va a reconocer que las muertes de los sacerdotes son ejecutadas por el crimen organizado”, dice el padre Gustavo Rodríguez, encargado del área de pastoral social de la Arquidiócesis de Puebla, quien reconoció que ahora la iglesia, ya no sólo los periodistas, se ha convertido también en blanco del crimen organizado, a causa de la denuncia social que realiza.
De acuerdo al padre Alfredo Gallegos Lara, “El Padre Pistolas” de Michoacán, los recientes homicidios de tres sacerdotes, dos en Veracruz y otro en Michoacán, deben investigarse no sólo bajo el móvil del robo o secuestro, sino desde el punto de vista de la denuncia social que realizaron contra el crimen organizado, “porque de todos es sabido que ellos eran voces incómodas para la delincuencia organizada”.
Sobre estos asesinatos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se adelantó a señalar que se trataba de homicidios cometidos por el hampa común, pero la declaración fue confrontada desde la
Arquidiócesis Primada de México, desde donde el vocero oficial, Hugo Valdemar, considera que detrás de los homicidios se encuentra el crimen organizado.
De acuerdo al Padre Gustavo López, de Puebla, ninguna procuraduría local de justicia va a reconocer que detrás de las agresiones a sacerdotes se encuentra el crimen organizado “porque eso le obligaría a presentar un esquema de seguridad especial para todos los religiosos en el país, y claro que eso no puede hacer. Por eso se trata de atribuir estos homicidios a la delincuencia común”.
La palabra de Dios contra el narco
Al padre Víctor Manuel Diosdado Ríos, de 43 años de edad, lo mataron miembros del Cártel de La Familia Michoacana. Él era párroco de la comunidad de la comunidad de San José de Chila, en Aguililla. Michoacán. Su muerte ocurrió el 7 de junio del 2012, cuando fue perseguido por un comando armado sobre un camino rural en la carretera de Acahuato, en Apatzingán.
En la huida, el sacerdote terminó por perder el control de su camioneta y cayó a un barranco. La Procuraduría de Justicia del Estado dijo que se trató de un accidente vial, pero en la comunidad religiosa no pasó desapercibida la denuncia que hizo desde el púlpito contra la invasora presencia del cártel de los Caballeros Templarios, entonces encabezado por Nazario Moreno González “El Chayo”, al que mencionó por su nombre como responsable de la ola de violencia en la zona.
El padre José Flores Preciado, de 83 años de edad, fue asesinado el 5 de febrero del 2013. Su cuerpo fue encontrado dentro del templo de Cristo Rey, en la ciudad de Colima. En la escena del crimen se registraron indicios de robo; el cuerpo del cura registraba golpes en la cabeza que terminaron por arrebatarle la vida.
En la indagatoria, la Procuraduría de Justicia del Estado estableció como única línea de investigación el móvil del robo. Se dejó de lado la labor social que hacía el sacerdote con grupos de adictos, a los que rescataba de las drogas; denunció públicamente la creciente presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación y la proliferación de “tienditas” de droga en la capital del estado.
El 22 de julio del 2013, el Padre Ignacio Cortez Álvarez, oriundo de Michoacán, de 56 años de edad, fue encontrado muerto dentro de la Casa Parroquial del Templo de María Auxiliadora en Ensenada, Baja California. Su cuerpo presentaba al menos dos lesiones de arma punzocortante en el pecho.
Para la Procuraduría General de Justicia del Estado, el móvil del homicidio fue el robo, incluso se presentó a un presunto responsable de la agresión.
Nunca se consideró en la línea de investigación el trabajo de denuncia social que había venido haciendo el Padre “Nachito”, como se le conocía; su principal acusación fue la existencia de bandas de asaltantes en la zona de Ensenada, que trabajaban bajo el cobijo de la Policía estatal, también denunció el tráfico de personas en condiciones inhumanas.
Otro asesinato que fue atribuido a la delincuencia común, fue el del sacerdote Hipólito Villalobos Lima, de 45 años de edad, quien fuera ultimado al lado del vicario Nicolás de la Cruz Martínez, de 31 años de edad. Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre del 2013. Sus cuerpos fueron encontrados en el interior de la Parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz.
Los dos sacerdotes murieron degollados. La Fiscalía General del Estado “esclareció” el crimen bajo la única línea de investigación: el robo. Se presentó a cinco presuntos responsables, dejando de lado los señalamientos que hizo en su momento el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velásquez, sobre el riesgo de los sacerdotes al denunciar al crimen organizado. Los dos religiosos asesinados habían denunciado la infiltración de Los Zetas en la estructura de gobierno de Ixhuatlán, Veracruz.
Señalan al crimen organizado
Para el vocero de las Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, la única relación que podría existir entre los homicidios de los sacerdotes de Veracruz y Michoacán podría ser la presencia del crimen organizado.
De entrada, se ha descartado que en esos hechos se pudiera tratar de actos de venganza contra la Iglesia católica, por su postura frente a algunos temas de coyuntura nacional, entre ellos el rechazo a la unión legal de personas del mismo sexo.
De acuerdo a la versión del vocero oficial de la Iglesia Católica, en el homicidio de los dos curas del municipio de Papantla Veracruz, “todo apunta a que los homicidios de Papantla fueron cometidos por el crimen organizado”.
En el caso del homicidio del presbítero michoacano, tampoco se ha descartado la autoría de una célula criminal, dado que, en esa entidad, los cárteles actuantes ya han dado muestras de falta de respeto no sólo a la Iglesia Católica, sino a algunos de sus representantes, a los que se les ha intentado extorsionar y secuestrar.
De manera oficial, para la Iglesia católica, las recientes muertes de los tres religiosos estarían relacionadas con la presencia del crimen organizado, “cada vez más notable” en las regiones de Veracruz y Michoacán.
En el caso de Veracruz, para la Iglesia Católica, dijo el padre Valdemar, resulta “irresponsable” que se emitan conclusiones, cuando las investigaciones todavía están en curso, por lo que llamó a que el esclarecimiento del crimen “se haga con responsabilidad”.
Bajo esa tesitura, la Iglesia católica ha dicho que será paciente para esperar las respuestas que den las autoridades que llevan a cabo las investigaciones de esos hechos.
En Michoacán, se apunta al robo
Desde la arquidiócesis de Morelia, el Cardenal Alberto Suárez Inda, refirió que el homicidio del Padre Alfredo López Guillen, “hasta lo que sabemos es que fue asesinado pocas horas después de que lo secuestraron”, por lo que apuntó a la posibilidad de que el móvil del homicidio haya sido el robo.
Explicó que el cuerpo sin vida del religioso “fue abandonado a unos cuantos kilómetros” de donde
fue despojado “de un auto y una camioneta, así como objetos de valor”, por lo que desde su óptica se alejó de la posibilidad de participación del crimen organizado.
En su mensaje, el Cardenal Suárez Inda dio un voto de confianza a la Procuraduría de Justicia del Estado, de la que reconoció que estaba actuando de manera profesional en la investigación del homicidio, al tiempo que hizo un llamado para que se dé con los responsables del asesinato.
