El iceberg de las desapariciones

La PGR y la Fiscalía de Jalisco tienen registradas 353 desapariciones sólo en la metrópoli de Guadalajara en circunstancias similares a la de los tres estudiantes de cine “levantados” en Tonalá. De ellos, 19 son adolescentes y 125 jóvenes
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_8znf0epq” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La desaparición de los tres estudiantes de cine en Tonalá el 19 de marzo por un grupo de sujetos armados es apenas la punta del iceberg que oculta la metrópoli de Guadalajara, donde las autoridades están al tanto de cientos de casos ocurridos bajo circunstancias similares.

De acuerdo con la información que comparte la Procuraduría General de la República (PGR) con la Fiscalía local, ambas instancias tienen conocimiento de 353 desapariciones en la metrópoli de Guadalajara “donde se presume la comisión de un ilícito y/o se tienen indicios de la participación de personas armadas”, 19 de estas contra mujeres. Ninguna ha sido resuelta.

El municipio con más desapariciones bajo estas condiciones particulares de violencia es Guadalajara, con 122 hechos; seguido por Zapopan, con 121; Tlaquepaque, cuyo Policía fue recientemente desarmada, con 59; el propio Tonalá, con 35; y Tlajomulco de Zúñiga, con 11.

El resto de las desapariciones en la metrópoli cometidas con ilícitos y/o por sujetos armados se dieron en El Salto, con tres víctimas; e Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, con una víctima cada uno, todo según el informe de Fiscalía en el recurso de revisión 644, del 30 de octubre pasado.

Estos casos de desaparición en la ciudad que tanto la PGR como la Fiscalía General de Jalisco atribuyen a personas armadas son la subcategoría que más puede acercarse a lo que ha solido llamársele como “levantón”, donde la probabilidad de que haya participado el crimen organizado es muy alta.

estas 353 desapariciones violentas y sin resolver en el Área Metropolitana de Guadalajara hay 19 adolescentes de los que se desconoce su suerte, de entre 14 y 17 años de edad –tres son mujeres-, además de otros 125 jóvenes con edades de 18 a 29 años –siete son mujeres-.

Y si bien todas estas desapariciones ocurrieron entre 2008 y 2016, en el sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz se cometieron 270, es decir, tres cuartas partes.

A nivel estatal

En todo el estado de Jalisco la Fiscalía tiene conocimiento de 386 desapariciones en esta subcategoría “donde se presume la comisión de un ilícito y/o se tiene indicios de la participación de personas armadas”, de las cuales 23 fueron contra mujeres.

Esto significa que la mayoría de estas desapariciones bajo circunstancias violentas que no ha resuelto la Fiscalía se cometieron en la metrópoli, con un 91 por ciento, y el 9 por ciento restante en otras regiones del estado, informó la dependencia en 2017 (folio de transparencia 00760917).

“En esta Fiscalía de Jalisco se cuenta con un registro de 386 personas pendientes de localizar donde se presume la comisión de un ilícito y/o se tiene indicios de la participación de personas armadas. Dicha información se encuentra soportada en las bases de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), administrado por PGR, la cual comprende el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016”, se indicó.

Si estos registros de PGR y Fiscalía son certeros, ello implicaría que ambas solo tienen indicios de violencia y criminalidad en poco más de una décima parte de todas las desapariciones que ubica en Jalisco el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas: 3 mil 060.

Entre las desapariciones totales en el estado en estas circunstancias de violencia, hay 19 adolescentes de entre 14 y 17 años –tres son mujeres-, y 133 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad –siete son mujeres-. Todas ocurrieron entre 2008 y 2016, empero, el sexenio de Sandoval Díaz concentra el 78 por ciento -301-.

El caso de Puerto Vallarta

Fuera de la metrópoli de Guadalajara, el municipio con más de estas desapariciones bajo condiciones de criminalidad y violencia es Puerto Vallarta, con ocho casos registrados.

Apenas en marzo la Procuraduría General de la República detuvo a 18 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la conurbación de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, incluidos el subdirector Operativo de la Policía vallartense y otro oficial, por haber “levantado” y asesinado a un par de agentes federales.

El segundo municipio con más de estas desapariciones violentas es Ocotlán, con siete. Ahí fueron reclutados 30 de los 42 presuntos sicarios del CJNG abatidos por la Policía Federal el 22 de mayo de 2015, en Tanhuato.

Semanas antes, el 19 de marzo, cinco agentes de Gendarmería habían sido asesinados en Ocotlán, en una refriega en la que también murieron tres atacantes y tres ciudadanos ajenos al hecho.

Otros municipios con desapariciones que tienen indicios de violencia son Jocotepec, Lagos de Moreno y Zapotlán El Grande, cada uno con dos casos. Y Ayotlán, Cihuatlán, Hostotipaquillo, Tala y Tepatitlán registran uno.

Resalta Tala, pues ahí en julio de 2017 la Fiscalía informó de la detección de al menos cinco campamentos de reclutamiento que atribuyó al CJNG. Se habló entonces de 19 detenidos y de denuncias de que parte de estos habrían sido integrados de manera forzada.

Autoridades involucradas

La Fiscalía advierte la posibilidad de que parte de estas 353 desapariciones con violencia en la metrópoli de Guadalajara –o 386 en todo Jalisco-, puedan haber sido cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad pública, es decir, que son desapariciones forzadas.

Esto no puede descartarse, pues en las denuncias lo que se refiere es que intervinieron personas armadas, por lo que pudo tratarse o bien de miembros criminales, o de agentes de seguridad, señala el informe del recurso 644.

“De las indagatorias iniciadas por desaparición o extravío de personas en general a partir del 16 de octubre de 2013 (…) se pudiese configurar uno o varios (delitos), particularmente la conducta antisocial denominada como desaparición forzada de personas, ya que de acuerdo con la información proporcionada al momento de la presentación de la denuncia, se advierte que se hizo referencia de manera genérica la participación de ‘personas armadas’”.

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