Jugarse la vida
Los asesinatos de los alcaldes Ambrosio Soto Duarte, del municipio de Pungarabato, Guerrero, y de Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas, ocurridos en hechos distintos el pasado fin de semana, vienen a engrosar las cifras silenciosas de los presidentes municipales abatidos en México.
En los últimos 10 años ya suman 79 los ediles o exalcaldes asesinados, la mayoría en hechos atribuidos al crimen organizado, según cálculos de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC.
41%
“Es una cifra alarmante, que sin duda tiene que llamar la atención de las autoridades federales para que se establezca un protocolo oficial de seguridad para los ediles”
Los asesinatos de los alcaldes Ambrosio Soto Duarte, del municipio de Pungarabato, Guerrero, y de Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas, ocurridos en hechos distintos el pasado fin de semana, vienen a engrosar las cifras silenciosas de los presidentes municipales abatidos en México.
En los últimos 10 años ya suman 79 los ediles o exalcaldes asesinados, la mayoría en hechos atribuidos al crimen organizado, según cálculos de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC.
Durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón ocurrieron 42 homicidios de ediles o exediles, de los que todos fueron atraídos para sus investigaciones por parte de la PGR.
En lo que va de la actual administración la cifra ya alcanzaría a 37 presidentes municipales asesinados que estaban en funciones o ya habían dejado sus cargos.
De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes, que encabeza el edil de Huixquilucan, estado de México, Enrique Vargas, los estados que más han aportado a las cifras negras de ediles ejecutados son Oaxaca, Michoacán, Durango, Chihuahua y Veracruz, seguidos por el Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, y aunque en menor medida, también se han registrado homicidios de ediles en Coahuila, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.
Por esa razón, la organización que integra a todos los ediles de extracción panista del país, ha demandado públicamente a la Secretaría de Gobernación “el establecimiento de un protocolo de seguridad para Alcaldes y Funcionarios, sobre todo en estados considerados focos rojos para los mismos”.
Y es que sólo en los estados de Oaxaca, Michoacán, Durango, Chihuahua y Veracruz, donde los índices de violencia no han cesado, se han concentrado poco más del 41 por ciento de todos los homicidios de alcaldes registrados en los últimos años.
El estado que repunta en el renglón de homicidios de presidentes municipales es Oaxaca, en donde ya se contabilizan un total de 12 asesinatos de ediles, según cifras de la Procuraduría de Justicia en esa entidad.
Otro de los estados donde las cifras de asesinatos de alcaldes alcanzan niveles alarmantes es Michoacán, en donde se han cuantificado un total de 8 homicidios.
A la lista nacional de alcaldes ejecutados, se suman también los dos casos de presidentes municipales que fueron secuestrados y desaparecidos en el estado de Tamaulipas y Guerrero.
En los últimos 10 años, según los datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se han registrado al menos 40 asesinatos de presidentes municipales en funciones.
Y es que a la fecha, reconoció Leopoldo Domínguez,alcalde de Tepic, miembro del Consejo Directivo Nacional de la ANAC y del Comité Directivo Nacional de ese organismo gremial, no existe un protocolo como tal que garantice la seguridad de los presidentes municipales.
“Nosotros tenemos que ver la forma de garantizar nuestra seguridad personal, y lo hacemos a como consideramos nosotros mismos”.
Por esa razón, estimó que el Gobierno federal debe observar las medidas necesarias para que todos los alcaldes de México cuenten con un protocolo formal, que lleve a bajar los números rojos que se tornan alarmantes, porque dijo que la seguridad de muchos presidentes municipales “ni siquiera alcanza el nivel de protocolo”.
Se sumó al llamado institucional que ha hecho la ANAC para que el secretario de Gobernación se siente a dialogar con las organizaciones que agrupan a los ediles, a fin de establecer protocolos de seguridad más rígidos.
A la fecha, aceptó, no conoce de ningún caso de alcaldes que hayan recibido apoyo de la Secretaría de Gobernación, para crear su aparato de seguridad.
Asesinatos en la impunidad
Del total de asesinatos de alcaldes ocurridos en los últimos 10 años, menos del 2 por ciento ha sido resuelto, según una fuente de la PGR.
La mayoría de los homicidios de los ediles se mantienen en la impunidad, “muchas veces por falta de colaboración o negligencia de las procuradurías de justicia de los estados”.
A la lista de ediles ejecutados se suman también otras cifras: las de los candidatos a ediles que fueron asesinados en plenos procesos de campaña. En ese renglón, hasta el año pasado, se han contabilizado al menos cinco aspirantes asesinados, en donde las cifras se vuelven a centrar en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Michoacán.
Otra cifra alarmante es la de los exalcaldes ejecutados, la que casi es similar a la de los ediles en funciones que han caído abatidos por las balas. El número de presidentes municipales asesinados, luego de dejar el cargo, de acuerdo a fuentes de la PGR, desde el 2006 a la fecha, ya llega a 70.
Los estados que más ex alcaldes asesinados registran en los últimos 10 años son Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, en donde paradójicamente el Gobierno federal, desde la pasada administración, ha concentrado el combate contra el crimen organizado.
En el estado de Oaxaca han asesinado a nueve expresidentes, en Chihuahua y Guerrero a siete, respectivamente; en tanto que en Michoacán, Tamaulipas y Veracruz han matado a otros seis ex servidores municipales en cada una de esas entidades. A todos ellos se les abrió, como principal línea de investigación sus posibles nexos con el crimen organizado.
De acuerdo a las cifras de la PGR, desde el 2006 a la fecha, ya son 20 los estados de todo el país en donde se han registrado al menos un homicidio de un ex alcalde. El primer lugar de esa lista lo ocupa el estado de Jalisco, en donde se han ejecutado a cuatro expresidentes municipales.
Siguen después los estados de San Luis Potosí y Sinaloa, en donde se han registrado tres homicidios de exalcaldes, respectivamente.
Facturas a la familia
De acuerdo a fuentes de la PGR, los atentados contra los familiares de los alcaldes se ha considerado como una forma de presión de parte del crimen organizado para presionar en sus demandas a los ediles en funciones.
Los datos de la PGR, que hablan sobre las agresiones a los familiares de los alcaldes, revelan que desde el 2006 a la fecha han sido asesinados al menos 47 familiares directos de algún presidente municipal, en donde la principal línea de investigación apunta hacia las amenazas que recibieron los propios ediles por parte del crimen organizado.
El estado que encabeza esta lista es Chihuahua, en donde se han registrado al menos seis homicidios de alguien que era familiar en línea directa de algún presidente municipal, después están los estados de Guerrero, Michoacán y Veracruz.
En los estados de Jalisco, Sinaloa y Sonora, se ha conocido de la muerte de tres familiares de igual número de presidentes municipales amenazados.
Otros estados que registran homicidios de la parentela de la clase política municipal, son Coahuila, Hidalgo, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas, Colima y Guanajuato.