El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México tiene un historial de obstáculos y retrasos de origen.

La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue publicada en 2015 y, en un máximo de dos años, todos los estados debían tener su propio sistema local.

No obstante, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) creó la ley hasta el año 2017. Posteriormente, el primer Congreso armonizó los marcos legales correspondientes y, hasta el 2019, tomó protesta el Comité de Participación Ciudadana del SLA.

Este órgano era presidido por Karime Athié Ortiz y tenía la característica de tener más integrantes mujeres que hombres.

Para febrero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia constitucional respecto a la Ley del SLA y la declaró inconstitucional.

Según el fallo, el dictamen de ley no fue circulado en tiempo y forma entre todos los integrantes de la VII Legislatura de la ALDF.

En consecuencia, todos los nombramientos hechos con sustento en la Ley del SLA fueron anulados: el CPC quedó sin efectos legales.

De esta manera, la Ciudad de México tuvo un SLA que solo operó cuatro meses y después se desintegró.

En ese mismo mes, se dictaminó y publicó una nueva Ley del SLA y un año más tarde, en marzo de 2021, el nuevo CPC tomó protesta.

Sistema Local Anticorrupción sin recursos

Reporte Índigo revisó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2022, y el SLA no fue mencionado en ninguna partida presupuestal.

Además, en 2021 tampoco contó con una asignación presupuestal ni se le liberaron los recursos, que supuestamente, tenían que dotar las instituciones que lo integran como la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), la Contraloría General, entre otros.

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