La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 29 votos a favor y siete en contra, del PAN, el nombramiento de Félix Arturo Medina como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, quien de inmediato rindió la protesta de ley.

Su designación generó debate en la sesión, luego de que los panistas cuestionaron su falta de experiencia en la materia. El tema fue refutado por los morenistas y petistas.

Al fundamentar el dictamen para la ratificación del funcionario nombrado por el Ejecutivo federal, la diputada Laura Imelda Pérez, de Morena, destacó el compromiso del funcionario para dar continuidad al combate frontal a todo delito fiscal que dañe el erario.

Reconoció la formación profesional y trayectoria política de Medina Padilla para ocupar la Procuraduría y defender los intereses fiscales del Gobierno federal.

Sin embargo, el panista Héctor Israel Castillo se refirió a la inexperiencia de Arturo Medina en materia fiscal y, aunque le deseó éxito en su nueva responsabilidad, advirtió que los legisladores de Acción Nacional votarían en contra de su designación.

“Para los legisladores de Acción Nacional, resulta alarmante que el exconsejero jurídico de la Secretaría de Hacienda llegue a una institución que ha sido señalada e investigada por la propia Unidad de Inteligencia Financiera desde los primeros meses de 2021, a partir de denuncias, extorsiones, entre otros señalamientos”, remarcó.

La priista Cristina Ruiz, a nombre de los legisladores de su partido, confió en que el funcionario cumplirá su tarea de combatir la evasión de impuestos.

“Creemos que su nombramiento aporta al desarrollo de México y estamos seguros que realizará gran labor, pero su trabajo no estará exento de retos como la evasión fiscal”, puntualizó.

En su comparecencia de ayer, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Félix Arturo Medina advirtió que perseguirá sin tregua a los grandes evasores y delincuentes “de cuello blanco” que en el pasado defraudaron al fisco bajo un manto de impunidad.

Manifestó que las personas físicas y morales responsables de esas conductas delictivas, en perjuicio del erario, deben ser investigadas y sancionadas y, con ello, enviar un mensaje claro de “cero impunidad” y de que nadie está por encima de la ley.

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