Más que un mantenimiento en el Casino Miravalle, trabajadores adherentes a la CROC remodelan el inmueble.

Sembrando pequeños pinos en la jardinera, reparando el cableado del clima, labores de limpieza y hasta pintando el interior del edificio, el grupo de presuntos croquistas prácticamente prepara el lugar para su reapertura.

Este centro de apuestas se encuentra clausurado por el Ayuntamiento regio desde febrero del año pasado.

Sin embargo, Reporte Indigo acudió ayer al casino y constató que trabajadores salen y entran del inmueble para realizar trabajos de remodelación.

Una patrulla de Seguridad Pública de Monterrey resguarda la entrada, pero sólo un uniformado está a cargo de la custodia.

“Aquí estás perdiendo el tiempo… No vas a sacar información”, dijo molesto un jardinero.

El trabajador, al ver presencia de reporteros dejo de hacer la jardinera  y se metió al inmueble.

“Sí somos de la CROC…”, confesó el jardinero.

Del interior del casino salió un pintor con una brocha y comenzó a quitar con agua la pintura blanca.

“Y como para que son las fotos”, dijo nervioso el pintor.

También se observó a un grupo de personas hablando por celular, pero al ver la presencia de reporteros se escondieron entre los muros del casino.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado ordenó al Municipio de Monterrey levantar los sellos de clausura en el Casino Miravalle, con el pretexto de que se realizaría un peritaje.

Acción que fue aprovechada por los croquistas, quienes ingresaron al inmueble y se quedaron en el interior hasta la fecha.

Reporte Indigo publicó que propietarios legales del Casino Miravalle, operado por Urban Publicity, buscan que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado les conceda un autoembargo.

Esto, para llevarse las máquinas tragamonedas, muebles y aparatos de computación, supuestamente para venderlos y pagar deudas que la empresa tiene con los exempleados adheridos a la CROC.

Los propietarios legales de Urban Publicity, en contubernio con operadores de la central obrera, fabricaron el emplazamiento a huelga.

Petición que fue aprobada por la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, que extendió el oficio E09130321-53132123, para que fuera entregado al director Jurídico del Municipio de Monterrey.

La relación estrecha entre la central obrera y la Junta de Conciliación quedó evidenciada, cuando Gerardo Israel Gómez, operador de la CROC, y Álvaro Vázquez Ruan, abogado de Urban Publicity, acudieron juntos a entregar la notificación del emplazamiento.

Ambos sabían que el juez Iván Escalera Millán, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, otorgaría un amparo a Urban Publicity, empresa vinculada al priista Sergio Gil.