Desde hace años el Poder Judicial de la Federación está envuelto en críticas y cuestionamientos sobre su actuación.

La corrupción y el nepotismo en diversos tribunales y juzgados del país son factores comunes cuando se habla de jueces o magistrados.

Estos problemas han permeado hasta las cúpulas más altas, tal es el caso de Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien renunció el año pasado tras escándalos y acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Además se suman las polémicas decisiones tomadas por jueces en las que probables responsables de delitos en casos emblemáticos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o de personas cercanas a líderes de organizaciones criminales o funcionarios que cometen ilícitos y quedan libres bajo el amparo del amiguisimo, el influyentismo o la corrupción.


El debate legislativo sobre de la propuesta de reforma a la Corte quedó pendiente por la pandemia, la suspensión de trabajos en el Congreso de la Unión y el término del periodo ordinario de sesiones en abril

A partir de la llegada de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en enero de 2019, el discurso de cero tolerancia a las malas prácticas apareció como un golpe de timón para dirigir el barco del sistema de justicia hacia un rumbo nuevo.

Una de sus primeras promesas fue hacer una limpia al interior de ese Poder de la Unión.

Toda esta narrativa y las intenciones de un cambio quedaron establecidas también en la iniciativa para reformar el Poder Judicial presentada en febrero pasado. El proyecto fue elaborado por la Suprema Corte y respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien firmó el documento y lo envió al Congreso de la Unión para su análisis.

El debate de la propuesta quedó pendiente por la pandemia del COVID-19, la suspensión de trabajos en el Poder Legislativo y el término del periodo ordinario de sesiones en abril.

Aceleran trabajos para la reforma al Poder Judicial

Ayer el ministro Arturo Zaldívar celebró que los trabajos para revisar y dictaminar la iniciativa de reforma se reanudaran, lo anterior ocurrió en el foro virtual “Desafíos de la Justicia Mexicana” organizado por el Senado de la República.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, confirmó que, tras un acuerdo entre los líderes de los grupos parlamentarios, la revisión y elaboración de los dictámenes será una prioridad de cara al inicio del próximo periodo ordinario que inicia en septiembre.

El líder de la bancada morenista informó también que se conformará un grupo de alto nivel para que comience la redacción de los proyectos de la reforma con miras a que durante la primera semana de septiembre estén listos los dictámenes e inicien su ruta legislativa.

Dicho grupo estará integrado por una decena de personas y contará con representantes –uno de cada organismo– del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica Federal.

En el proceso de dictaminación, apuntó Monreal Ávila, también tendrán voz entidades como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), tribunales y fiscalías estatales; academias y colegios.

La iniciativa de reforma impulsada por el ministro Arturo Zaldívar y acompañada por el presidente López Obrador promueve modificar siete artículos constitucionales y cinco ordenamientos: la Ley Federal de Defensoría Pública, Ley de Amparo, Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Además, pretende que se expidan dos nuevas leyes: la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial.

Uno de los objetivos de la reforma es que se conforme un servicio profesional de carrera y que aquellas personas que aspiren a un cargo judicial lo consigan mediante concursos y méritos en su desempeño profesional.

Con estos lineamientos se pretende combatir el nepotismo o el favoritismo en los ascensos laborales.

Otro de los planteamientos del proyecto es que los fallos de la Corte cuenten con un mayor peso jurídico, por ello se propone que las sentencias aprobadas con mayoría calificada constituyan jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país sin necesidad de ser reiteradas.

También se busca fortalecer la capacitación de los defensores públicos, con el objetivo de que las personas más desfavorecidas o aquellas que no puedan contratar asesoría judicial privada puedan contar con abogados que el Estado les provea y que éstos garanticen el acceso a la justicia y a un debido proceso.

Con respecto a la perspectiva de género, la iniciativa sugiere que esta sea un principio transversal en la carrera judicial, en el desempate de concursos y en la política de nombramientos, con el propósito de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres al interior de este Poder de la Unión.

En torno a las investigaciones y sanciones de los casos de corrupción o nepotismo, la reforma propone reforzar el procedimiento de responsabilidades para que estos actos sean penados.

Durante su participación en el foro virtual, Zaldívar Lelo de Larrea pidió a los legisladores considerar todos los puntos del proyecto y analizarlos de forma independiente de otras iniciativas en materia de procuración y justicia local.


Se trata de una propuesta completa e integral de transformación del Poder Judicial de la Federación con una funcionalidad propia que obedece a un diagnóstico interno, con la que además se preservaría la intención original de que la reforma emane del propio Poder Judicial

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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