La tarde de este miércoles, un Tribunal Colegiado admitió a trámite los recursos de revisión que el gobierno federal interpuso contra la resolución judicial que le ordenó modificar la política nacional de vacunación.
Con esta modificación se pretende inocular a todos los menores de edad del país, de entre 12 y 17 años, contra COVID-19.
De esta manera, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito aceptó conocer las impugnaciones presentadas por la abogada general de la Secretaría de Salud.
Lo anterior en representación del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
De acuerdo a lo que se señaló, los magistrados aceptaron conocer las impugnaciones presentadas por el área jurídica de la Secretaría de Salud (SSa).
También se aceptó el recurso que interpuso el subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la abogada general de la SSa, en representación de Alcocer y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contra la sentencia emitida el pasado 7 de octubre.
Será en los próximos días que se dé a conocer la resolución que emitan los magistrados, especialmente todo lo concerniente con la medida cautelar que ordenó la vacunación contra COVID-19 a todos los menores de edad de 12 a 17 años.
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Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre trascendió que la administración federal impugnó la orden de incluir a los jóvenes sin comorbilidades en la campaña nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2, la cual fue promovida por Claudia Gámez, secretaria en funciones del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México.
Y es que desde el pasado 7 de octubre, Gámez Galindo concedió una suspensión definitiva con la finalidad de vacunar a un menor de edad, con lo cual se abría la puerta a este demográfico para formar parte de uno de los grupos prioritarios para el Estado Mexicano garantice su acceso a las vacunas contra el nuevo coronavirus.
En consecuencia, el 27 de octubre, la secretaria en funciones de juez emplazó al gobierno federal a cumplir con la resolución en un periodo de cinco días; sin embargo, el gobierno federal impugnó, por lo que se pausó la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplimiento de la orden judicial.
